Los inmigrantes que entren a España sin documentos deben saber que serán repatriados «más tarde o más temprano», advirtió este martes la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aunque defendió el proceso de regularización de 2005.
Estas declaraciones se producen en medio de una gran polémica entre quienes defienden la política oficial al respecto, los duros críticos del centroderechista y opositor Partido Popular (PP) y las organizaciones no gubernamentales (ONG) que apoyan la inserción social de los inmigrantes y rechazan medidas represivas.
El secretario general del PP, Mariano Rajoy, anticipó que este miércoles, al reanudarse la actividad parlamentaria tras las vacaciones del verano boreal, interpelará al jefe del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, si sigue considerando acertada su decisión que permitió legalizar la residencia de 600.000 inmigrantes a fines de 2005.
Esa medida del gobierno de Zapatero fue severamente cuestionada por el PP.
De alguna manera, Fernández de la Vega adelantó la respuesta al proponer a Rajoy que el PP suscriba "un gran pacto nacional por la inmigración" con el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pero sin incluir la prohibición de regulaciones masivas como pretende la centroderecha.
A pesar de la dureza de la advertencia en su intervención ante diputados, senadores y representantes en el Parlamento Europeo del PSOE, Fernández de la Vega los convocó a defender públicamente la regularización documental de inmigrantes, lo cual calificó de "ejemplar", puntualizando que forma parte de una política "responsable, sensata y firme".
Tras reconocer que el problema migratorio es difícil, "sin soluciones fáciles", abogó por reforzar las fronteras de Europa, pero también por encarar el problema en los países de origen, con planes de ayuda al desarrollo, el comercio justo y el apoyo al buen gobierno.
Mientras la vicepresidenta del gobierno hacía estas declaraciones, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, firmaba con su homólogo de Mauritania, Mahfoudh Ould Bettah, cuatro convenios de cooperación judicial en la lucha contra la criminalidad transnacional organizada y contra las redes dedicadas al tráfico de seres humanos.
Eso incluye el traslado de personas condenadas por esos delitos, extradición de acusados y asistencia judicial civil y penal entre los dos estados.
Frente a quienes dicen que peligran los puestos de trabajo de los españoles por la llegada de inmigrantes, Valeriano Gómez, secretario general de Empleo en el Ministerio de Trabajo, declaró que el mercado de trabajo en el país "seguirá necesitando el concurso de la población inmigrante durante muchos años".
Además, según un nuevo estudio de la Universidad Autónoma de Madrid, los inmigrantes aportan 12 euros (15 dólares) a la región madrileña por cada uno que se gasta en ellos y contribuyen en 9,7 por ciento del producto interno bruto regional.
Cándido Méndez, secretario general de la socialista Unión General de Trabajadores (UGT, una de las dos centrales mayoritarias), al conocer esas palabras expresó que ningún mercado de trabajo se puede dar por cerrado, aunque sea difícil asimilar las nuevas ofertas.
Esa posición es compartida también por la otra central mayoritaria, la Confederación General de Comisiones Obreras, cercana al Partido Comunista.
Al margen de esas opiniones mayoritarias y documentadas, el PP presentó en el Senado una propuesta para que se aumente el despliegue de un Sistema Integral de Vigilancia Electrónica en las Islas Canarias antes de 2008 y que se aumenten las fuerzas de seguridad para la protección de fronteras, con especial atención a las vías marítimas.
La iniciativa, que no cuenta por ahora con votos suficientes para ser aprobada, incluye la suscripción de más convenios para la repatriación de inmigrantes, una política española orientada a comprometer a toda la Unión Europea en la vigilancia de las fronteras y que se aprueben normas mínimas también europeas— para la acogida de los solicitantes de asilo.
Al respecto, el presidente de la no gubernamental Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Ignacio Díaz de Aguilar, señaló a IPS que se está exagerando.
Díaz de Aguilar entiende que tanto el gobierno como el PP tienen un planteo "radical" sobre la inmigración irregular, y que son injustificados los gritos de alarma despertados por la llegada a las Islas Canarias de inmigrantes en grandes cayucos, las frágiles embarcaciones que muchas veces naufragan al cruzar desde África con trágicos resultados.
Fuentes del gobierno de Islas Canarias, una de las 17 Comunidades que integran España, aseguraron que a este archipiélago, ubicado frente a la costa noroccidental de África, arribaron en lo que va del año 22.500 inmigrantes sin papeles, mientras que otros 5.000 murieron al naufragar los cayucos en que llegaban o de hambre y sed tras agobiantes días de navegación.
El viceconsejero (viceministro) de Asuntos Sociales e Inmigración de esa comunidad, Froilán Rodríguez, advirtió el lunes que está prevista una mayor avalancha de inmigrantes, pues tienen información de que en Guinea están en venta cientos de cayucos, cauda uno de los cuales puede transportar más de 200 inmigrantes hacinados.
Los transportes de subsaharianos se hacían desde hace dos décadas en pateras, como se les llama a las embarcaciones también frágiles y de fondo plano pero más pequeñas que los cayucos, que partían desde las costas de Marruecos para cruzar el mar Mediterráneo hasta España.
Empero, en los últimos años se inició y se fue incrementando el traslado desde otros países africanos, como Mauritania, Senegal, Guinea Bissau y Guinea Conakry, a través del océano Atlántico.
Rodríguez, en la línea del PP, exige que se cierren las fronteras y se reclame a la Unión Europea (UE) que actúe desplegando fuerzas de seguridad en las costas africanas. Es que los inmigrantes que llegan a las Islas Canarias son trasladados al continente por orden del gobierno español y de allí la mayoría se traslada a los demás países de la UE. Eso, según él, convencería a los demás gobiernos del boque de la necesidad de actuar coordinadamente.
El arribo de extranjeros al archipiélago de las Canarias ocupa la primera plana de los periódicos y de los espacios que los medios dedican al tema migratorio, debido a que las tragedias marítimas permiten mostrar diariamente imágenes de personas muertas, moribundas o físicamente deterioradas.
Sin embargo, la mayoría de los inmigrantes que llegan a España lo hacen desde la Comunidad de Estados Independientes, constituida en 1991 y que hoy la integran 12 de los países que conformaron la Unión Soviética, así como de los estados del también desaparecido bloque comunista europeo.
Las últimas cifras oficiales indican que en 2004 ingresaron a territorio español 498.642 inmigrantes, 225.393 desde la CEI. Sobre la inmigración irregular no existen estadísticas, aunque distintas fuentes señalan que superan a los regulares.
Díaz de Aguilar sostiene que la alarma social que despiertan las declaraciones del gobierno y las exigencias del PP están fuera de la realidad, ya que los inmigrantes que llegan a Canarias y que luego son trasladados a la península Ibérica, en 80 por ciento de los casos son acogidos en Madrid por organizaciones no gubernamentales, que los alojan y ayudan a insertarse en la sociedad.
