Miles de ciudadanos, maestros y activistas de organizaciones sociales que protagonizan un histórico movimiento contra el gobierno del meridional estado mexicano de Oaxaca, se alistan para resistir un operativo policial que parece inminente.
"Hay mucha tensión entre los compañeros. Exigimos que no se use la fuerza, nadie quiere que corra sangre", dijo a IPS desde la capital del estado, Florentino López, portavoz de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), un movimiento que aglutina a fuerzas sindicales, sociales y políticas de izquierda, radicales y reformistas.
Según dijeron a IPS fuentes del gobierno de Vicente Fox, está listo el plan policial para poner fin al conflicto de 129 días, luego que fracasaron intentos de negociación entre representantes del cuestionado gobernador Ulises Ruiz y la APPO.
Una acción represiva en Oaxaca "no se prevé, pero tampoco se descarta", declaró el secretario (ministro) de Gobernación (Interior), Carlos Abascal, quien en los últimos días se reunió con empresarios, líderes de opinión y representantes de la Iglesia Católica para hablar sobre el conflicto.
López confirmó que las barricadas que mantiene el movimiento de "resistencia y pacífico" en el centro de Oaxaca se reforzaron y ampliaron desde el lunes y que "muchos compañeros" se apertrecharon con bombas incendiarias, palos y piedras.
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En las afueras de la ciudad, en tanto, se reforzó la presencia militar y policial, según diferentes reportes.
"En este momento la situación es explosiva", dijo a IPS el sacerdote católico Wilfrido Mayrén, coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de Oaxaca y quien fue parte de un ámbito civil que intentó sin éxito una mediación.
El 22 de mayo, el magisterio oaxaqueño, aglutinado en la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, inició una campaña en demanda de mejoras salariales.
Pero la protesta, ignorada por la administración de Ruiz, cuajó otras inquietudes sociales y democratizadoras de diversos sectores, que acabaron en la constitución de la APPO y en el reclamo de renuncia del gobernador, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Al movimiento también se han sumado grupos leninistas y revolucionarios.
La situación imperante es el "resultado de un cóctel que reúne décadas de gobiernos represivos y corruptos, mucha pobreza y la irrupción de organizaciones sociales auténticas, pero también varias radicales y también corruptas, que han hecho del trabajo social un negocio", dijo Mayrén.
A inicios de este mes, unas 15 personas encapuchadas y armadas, que dijeron pertenecer a seis diferentes grupos insurgentes, bloquearon una carretera en el norte de Oaxaca y repartieron panfletos en los que saludaban a la APPO y advertían que podrían entrar en acción si las autoridades reprimían la movilización social.
Pero la APPO rechazó públicamente esas acciones. "Todo el pueblo debe estar en la lucha, pero rechazamos el activismo armado, pues da a los poderes (públicos) la justificación de una ola represiva", dijo entonces a IPS el mismo López.
"Nosotros tenemos diferencias con ellos (los presuntos guerrilleros) y creemos que su presencia no nos beneficia, es mejor que no intervengan", añadió.
Ruiz fue elegido en 2004 para un período de seis años en unos comicios cuestionados por la oposición. Además, se lo acusa de actuar de manera déspota y represiva contra opositores y minorías.
Pero el gobernador cuenta con un respaldo crucial en el Senado, órgano facultado para tramitar su destitución: los legisladores del PRI y del gobernante y conservador Partido Acción Nacional (PAN).
En el marco de las protestas ya han muerto media docena de personas, y muchas más han sido detenidas, en hechos de violencia no aclarados en los que actuaron grupos armados irregulares vinculados al gobierno de Ruiz y policías, según denuncias de organizaciones de derechos humanos.
En agosto, tres indígenas fueron asesinados. El miércoles otros cuatro resultaron heridos en una emboscada perpetrada por desconocidos contra miembros del no gubernamental Movimiento de Unificación y Lucha Trique, cuando se dirigían a la capital estadual para sumarse al movimiento de la APPO.
"Aquí, quienes estamos poniendo las víctimas somos nosotros en la APPO, que sólo deseamos que termine la represión, haya justicia y se vaya el gobierno de Ruiz", señaló el portavoz del movimiento.
El resto de las víctimas eran personas afines al movimiento social, que recibieron golpes o disparos de policías o de francotiradores no identificados.
La no gubernamental Red Oaxaqueña de Derechos Humanos denunció que el gobierno de Ruiz estaba movilizando a grupos de corte parapolicial para reprimir.
La pobreza afecta a más de la mitad de los 3,2 millones de habitantes de Oaxaca, gran parte de los cuales son indígenas. El analfabetismo de personas mayores de 15 años llega a 21,5 por ciento, y la escolaridad de sus habitantes es de 5,6 años, casi dos menos que el promedio nacional.
Además, 12,7 por ciento de los oaxaqueños no disponen de energía eléctrica y 34,5 por ciento no tienen acceso a agua potable por cañería.
Grupos humanitarios denuncian violaciones sistemáticas de derechos humanos y de la libertad de expresión, y el atropello de los poderes Legislativo y Judicial por parte del Ejecutivo estadual.
Unas 50 organizaciones de carácter humanitario y social vienen pidiendo la intervención de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y reclaman al gobierno de Fox acciones contundentes para evitar la violencia en Oaxaca.
En la campaña electoral presidencial de este año, que culminó en los comicios del 2 de julio, el gobernador oaxaqueño se volcó a apoyar al candidato del PRI, Roberto Madrazo, abandonando sus deberes en el estado para concentrarse en el trabajo proselitista.
El candidato presidencial del PRI rompió antes de la campaña electoral con su correligionaria y líder del sindicato de maestros a nivel nacional, Elba Gordillo, acusada de operar a favor del PAN.
Ese hecho abrió un frente de conflicto que se mantiene entre el PRI y los maestros y en el que algunos observadores ubican uno de los motores de los problemas de Oaxaca.
Para el sacerdote Mayrén, en el movimiento social se impuso el mando de grupos más radicales. "No dudo de que en la APPO hay organizaciones sociales con buenas intenciones, pero tienen menos peso", opinó.
En varias ocasiones, miembros de la APPO actuaron de forma violenta, deteniendo a personas que consideran delincuentes para exhibirlas luego maniatadas en una plaza.
También han ingresado a edificios privados y públicos, donde atacaron a los ocupantes.
Esta semana, el periodista Ricardo Rocha recibió varios golpes de manifestantes que ingresaron a un hotel de Oaxaca en búsqueda del gobernador Ruiz.
La APPO pidió disculpas luego a Rocha. Según la organización y la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, policías uniformados y personas de civil atacaron a los manifestantes que se mantenían en la calle con disparos y golpes de tubos, con el resultado de un herido de bala y varios lesionados.
La APPO mantiene bloqueadas oficinas públicas y edificios de la Cámara de Diputados, el Tribunal de Justicia y la Casa de Gobierno. También ocupa cinco estaciones de radio privadas y una estatal.
"La APPO aglutina a muchas organizaciones y grupos, pero le aseguro que no somos violentos. Ya hemos pedido disculpas por algunos actos que son aislados, pero debe entender que la gente está muy irritada y por eso actúa de manera agresiva", dijo López.
Alcaldes y legisladores de Oaxaca, la mayoría del PRI, se presentaron el martes en la capital del país para exigir al gobierno el uso de la fuerza para terminar con el conflicto, que además mantiene cerradas las escuelas y 1,3 millones de escolares sin clases, así como pérdidas económicas.
Cientos de oaxaqueños iniciaron el día 21 una marcha a pie y en vehículos hacia la capital, a la que llegarán este viernes o el sábado a pedir soluciones.
Fox aspira a terminar con el problema antes de diciembre, cuando debe entregar el poder a su correligionario, el electo presidente Felipe Calderón.
En opinión del coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, el estado requiere "profundas reformas estructurales" para superar problemas de décadas "que hoy hicieron crisis".
"Urge que aparezca un tercer actor no violento, que no sea ni el gobierno ni la APPO, sólo así se podrán encauzar los cambios", sostuvo.
"La gran mayoría no está ni con la APPO ni con el gobierno", opinó. Lo "que tenemos es una población que espera una salida pronta y no violenta", añadió.
