El máximo tribunal electoral de México declaró este martes presidente electo al conservador Felipe Calderón y consideró válidas las elecciones del 2 de julio y la campaña previa, pese a las irregularidades detectadas, que fueron menores o subsanadas a tiempo, según sentenció.
Con este fallo unánime de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las denuncias de la izquierda sobre fraude en su contra no tienen ya otra instancia institucional para ser procesadas.
La izquierdista y opositora coalición por el Bien de Todos reiteró sin embargo que tenía suficientes argumentos para desconocer el fallo y al mandatario electo, así como para sostener su lucha en las calles y designar en asamblea popular un gobierno alternativo que encabezaría su ex candidato Andrés López Obrador.
Calderón, postulado por el gobernante Partido Acción Nacional (PAN), ganó los comicios con 14,9 millones de votos, solamente 233.831 más que López Obrador, de la coalición integrada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y los pequeños del Trabajo y Convergencia, según los datos validados por los magistrados.
En su fallo, el Tribunal reconoció que existieron varias irregularidades en el proceso electoral, como "la indebida intervención" del presidente Vicente Fox y del Consejo Coordinador Empresarial con apoyos velados a Calderón, aunque consideró que ninguna fue determinante para alterar el resultado electoral.
[related_articles]
El diputado del PRD, Raymundo Cárdenas, calificó de "patético" ese punto de vista.
"Es patético que en la resolución del Tribunal se establezca que el presidente Vicente Fox violó la ley electoral, al igual que la iniciativa privada con sus declaraciones a favor del candidato del PAN y, sin embargo, se decrete como presidente electo a Felipe Calderón", indicó.
En las calles aledañas al Tribunal, unas 200 personas afines a López Obrador rechazaron con gritos la sentencia porque la consideraron "un robo".
"Se ha consumado el fraude, el golpe de Estado, pues ante el mundo quedó evidenciado que el gobierno de Fox y las instituciones trabajaron juntas para que nuestro candidato perdiera. Esto es una afrenta que no aceptaremos nunca", señaló Alfonso Palacios, un militante del PRD.
Los asesores de López Obrador indicaron que el dirigente se pronunciaría más tarde sobre "el fraude" y sobre las estrategias a seguir.
Para el politólogo Jorge Chabat, "el fallo del Tribunal coloca a la izquierda en la disyuntiva de seguir por las vías institucionales o las callejeras, y a la derecha ante el reto de armar un gobierno incluyente que atraiga a la oposición". Si López Obrador insiste en jugar fuera de los canales institucionales, su partido, el PRD, sufrirá un futuro castigo en las urnas, hecho que varias encuestas ya han empezado a detectar, opinó Chabat, miembro del Centro de Investigación y Docencia Económicas y columnista de varios medios escritos locales.
Chabat estima que, tarde o temprano, López Obrador asumirá el talante de un líder más parecido al jefe de la atípica guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (el subcomandante Marcos), que al de un dirigente del PRD, fuerza con una importante representación parlamentaria, varias gobernaciones y alcaldías y que recibe financiamiento público.
La coalición Por el Bien de Todos presentó al Tribunal Electoral múltiples argumentos para anular los comicios, que consideró no equitativos. También impugnó numerosas casillas argumentado que hubo dolo en el escrutinio.
Sus demandas fueron acompañadas de masivas movilizaciones en las calles, la toma de una avenida y una plaza céntricas de la capital, y acusaciones contra la integridad moral de los magistrados. Además, el PRD indicó que intentaría evitar la asunción de Calderón, el 1 de diciembre.
En el texto del dictamen, el Tribunal aceptó que existieron irregularidades, pero no las consideró determinantes para inclinar la balanza o deslegitimar el proceso que, según su punto de vista, fue conducido con legalidad y certeza por el Instituto Federal Electoral (IFE), al que la izquierda acusó de actuar de manera parcial.
Sobre las discrepancias detectadas en el escrutinio, los magistrados no encontraron evidencias del fraude denunciado, sino "errores humanos".
El Tribunal tampoco halló pruebas sobre el presunto uso de programas sociales del gobierno y sobre la intervención de la dirigente Elba Esther Gordillo, del poderoso sindicato de maestros, para favorecer la candidatura del PAN.
Respecto de la guerra sucia en los medios de comunicación por parte de adversarios de López Obrador, los magistrados recordaron que la misma fue frenada por el IFE semanas antes de los comicios. Además, indicó que ese mismo tipo de propaganda fue usada por la izquierda.
Su resolución señaló que no contaba con los medios para determinar si la publicidad "negra" o negativa, exhibida en "campañas tan dinámicas", haya alterado el resultado final o alterado la percepción de los votantes.
"Respetamos la resolución del Tribunal, pero la lamentamos, pues sí creemos que hubo un juego sucio contra la izquierda que con razón se siente agraviada", dijo a IPS Patricia Berumen, portavoz de la no gubernamental Fundación Nuevo Milenio, que desplegó el 2 de julio a 718 observadores electorales.
"Nosotros aún le damos el beneficio de la duda a las denuncias de la izquierda, pero debo reconocer también que nuestros observadores, en lo limitado que pudo ser su trabajo, no encontraron evidencias de fraude masivo", añadió.
Guadalupe Arellano, líder de la Asociación Nacional Cívica Femenina, dijo que la resolución del Tribunal "nos satisface porque está bien sustentada y fortalece las instituciones".
"Lo lamentable es que la izquierda no la reconoce, por lo que apelamos a que entre en razón y recuerde que este Tribunal y todas las instituciones electorales fueron diseñadas y avaladas con su ayuda y hasta liderazgo", dijo a IPS.
La Asociación Nacional Cívica Femenina, que realiza observación electoral en México desde fines de los años 80, contó con la capacitación y asesoramiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para desplegar a 886 de sus observadores en julio.
Este grupo informó que no detectó problemas de gran envergadura que pudieran haber modificado el resultado de los comicios presidenciales.
La organización estadounidense Global Exchange, en cambio, aseguró que sus observadores encontraron en una cantidad limitada de casillas "evidencias de fraude o irregularidades", con más votos que votantes registrados, intimidación, compra de sufragios, intervención no autorizada de líderes políticos y falta de conocimiento de los delegados voluntarios.
Los observadores de la Unión Europea, en contraste, avalaron la limpieza de las elecciones, pero se pronunciaron por un recuento completo de votos, lo que había pedido también la coalición izquierdista, aunque sólo en declaraciones, pues no presentó un recuro semejante ante los magistrados.
Andrew Selee, director del Instituto México del Programa Latinoamericano del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, indicó que la observación electoral de julio descuidó varios distritos "porque nunca se contempló el escenario de un fraude masivo".
Según López Obrador, los observadores "observaron, pero no vieron nada". A su entender, algo similar sucedió con los delegados de la coalición enviados a controlar las casillas, pues firmaron actas de escrutinio que habrían sido manipuladas.
Berumen, de la Fundación Nuevo Milenio, y Arellano, de la Asociación Nacional Cívica Femenina, coincidieron en señalar que luego de la resolución del Tribunal Electoral, los actores políticos deberían actuar "con generosidad" para evitar que el conflicto escale.
En ese talante, pidieron a Calderón asumir como propias las ofertas de justicia social de López Obrador, y a éste actuar sin violencia y encauzar sus demandas por las vías legales.
