El presidente electo de México, Felipe Calderón, propuso este jueves a legisladores discutir una agenda de reformas al Estado y los procesos electorales, pero dejó de lado la cirugía mayor que actores políticos recomiendan aplicar al viejo modelo institucional construido por el PRI.
Las principales propuestas del oficialista y conservador Calderón incluyen mantener el petróleo y la electricidad en manos del Estado, unificar, acortar y hacer menos onerosos los procesos electorales, depurar la policía, endurecer penas contra los delincuentes y combatir la pobreza a través del impulso productivo y acciones gubernamentales en salud y educación.
Según indica en el documento "Temas legislativos para la agenda nacional", del que la prensa mexicana conoció este jueves apenas algunos pasajes, es el momento de emprender cambios profundos y no superficiales "que evadan la complejidad de los problemas del país".
Los legisladores del gobernante Partido Acción Nacional (PAN), se adhirieron a las propuestas, mientras los del PRI (Partido Revolucionario Institucional) indicaron que las estudiarían. Pero la oposición de izquierda, que sostiene que Calderón ganó las elecciones del 2 de julio mediante fraude, adelantó su rechazo.
"Si no le reconocemos legitimidad (a Calderón), ¿cómo vamos a recibirle una propuesta legislativa? Nosotros no tenemos relación con él ni la tendremos", dijo Carlos Navarrete, jefe del bloque parlamentario del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado.
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El presidente electo dijo que estaría pendiente de la valoración de los legisladores sobre su documento "y también a la espera de recibir las propuestas y las opiniones de todos los que quieran hacerlo".
Para Héctor de la Cueva, coordinador del no gubernamental Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, las sugerencias presentadas por Calderón, quien asumirá la Presidencia el 1 de diciembre, "son cosméticas, pero no podíamos esperar otra cosa".
Aunque el PRI dejó el poder en 2000, "en México sigue pendiente el rompimiento con el pasado y el inicio de una transición democrática verdadera", opinó el analista.
"El neoliberalismo seguirá. Aunque digan lo contrario, con el nuevo gobierno avanzará la privatización del petróleo y la electricidad, que son los anhelos del viejo PRI", vaticinó De La Cueva, quien además integra la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio.
Calderón será desde diciembre el segundo mandatario ajeno al PRI, que gobernó desde 1929 hasta 2000.
Si bien con el triunfo del presidente Vicente Fox en 2000, también del PAN, se puso fin a la era de los poderosos gobiernos del PRI, permanecen las raíces del viejo modelo presidencialista y su forma corporativista de relacionarse con los otros poderes del Estado y con las fuerzas sociales, sindicales y productivas.
Además, persiste parte de la cultura política sembrada por ese partido, y muchos de quienes fueron sus miembros se mudaron en los últimos años al PAN, pero especialmente al izquierdista PRD.
México cambió su rostro político desde la segunda mitad de los años 90, gran parte del andamiaje institucional nunca fue reformado, con excepción de los procedimientos electorales. Allí se ubica parte del origen de la inestabilidad, las tensiones y los problemas actuales, en opinión del ex canciller de Fox, Jorge Castañeda, intelectual y experto en ciencia política.
Diego Valadés, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, piensa de modo similar. El antiguo régimen "pervive, pero en un estado de decrepitud que ya estamos padeciendo todos", dijo a IPS.
Lo que requiere este país es una cirugía mayor de sus instituciones políticas y del Estado, meta que sólo se alcanzará con un gran acuerdo nacional, advirtió Valadés.
Entre las propuestas que circulan figuran la adopción de un sistema de gobierno parlamentarista o semi-parlamentarista, el acotamiento de los poderes del Ejecutivo, la creación de la figura de jefe de gabinete, la reducción del número de legisladores, la ampliación de facultades de los gobiernos estaduales y la reforma de los esquemas fiscales.
Cuando Fox llegó al gobierno, pasando a la historia como el primero que derrotó al PRI, prometió abrir espacios de diálogo para definir rutas de desarrollo a largo plazo y enterrar las herencias del pasado.
Así, propuso reformas a leyes de los ámbitos laboral, de energía, tributario, justicia penal y electoral. Se realizaron foros y reuniones con partidos políticos, académicos y miembros de la sociedad civil. Pero nada prosperó.
También se lanzaron, sin éxito, iniciativas de gobernadores y de la sociedad civil que apuntaban a definir cambios en las estructuras institucionales.
En las propuestas de Calderón a los legisladores no se mencionan las llamadas reformas estructurales de la economía, que según sectores empresariales deberían apuntar a flexibilizar las normas laborales, reafirmar la liberalización y achicar el Estado.
El PRD advierte que tales propuestas jamás serían de su aceptación.
En el documento "Temas legislativos para la agenda nacional", el presidente electo asegura que no pretende privatizar la empresa estatal y monopólica Petróleos Mexicanos ni la Comisión Federal de Electricidad, aunque sí transparentar y mejorar su funcionamiento. Tal postura está en plena consonancia con el discurso de la izquierda.
En materia de seguridad —el terreno que más preocupa a la población, según diversas encuestas— Calderón sugiere establecer penas más severas para varios delitos, incluida la reclusión perpetua para los secuestradores, y agilizar la administración de justicia.
En el rubro económico, el presidente electo propone alentar el funcionamiento de medianas y pequeñas empresas, hacer menos complicadas las licitaciones públicas y combatir la evasión fiscal. Además, plantea reformar los mecanismos de financiamiento a los estados.
En salud y educación, el documento insta a crear mecanismos que permitan el pleno acceso a toda la población, así como formas para combatir la pobreza con eficacia.
Para afianzar los procesos electorales y la competencia política, aspecto duramente cuestionado por la izquierda en las últimas elecciones, se sugiere acortar las campañas, que ahora duran seis meses, unificarlas en una sola fecha, y reducir los aportes del erario público. También se propone revisar la cantidad y la integración de representantes del Poder Legislativo.
"Las propuestas son muy generales, habrá que ir viendo con detalle cada una, pero me parece que tratan de esconder los verdaderos intereses del PAN y el PRI, partidos que trabajan juntos a favor del neoliberalismo", dijo el coordinador del no gubernamental Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical.
En el Poder Legislativo, el PAN, con el bloque más numeroso, y el PRI, la tercera fuerza después del PRD, hicieron alianza luego de las elecciones presidenciales.
Junto a los pequeños partidos Verde, Alternativa y Nueva Alianza, esas dos fuerzas estarían en condiciones de aprobar muchas propuestas de Calderón, anulando así el peso del bloque opositor de izquierda.
Calderón asumirá el gobierno luego de un proceso electoral ríspido en el que la izquierda denunció fraude. Este sector desconoce la legitimidad del próximo presidente y anunció que lo combatiría desde un frente político institucional y una Convención Nacional Democrática que actuará en el plano social.
El líder y ex candidato presidencial del PRD, Andrés López Obrador, fue designado el 16 de septiembre "presidente legítimo" por la Convención, en una cita que congregó a sus seguidores en la plaza céntrica capitalina Zócalo.
Desde ese cargo simbólico, López Obrador y sus seguidores señalan que intentarán que la "derecha" imponga su programa de gobierno.
