La complicidad entre pederastas y el poder empresarial y político en México «rebasan nuestra imaginación», afirmó la activista y periodista Lydia Cacho, quien fue detenida unas horas a fines de 2005 y vive amenazada por descubrir esos vínculos.
"Lo que acabamos de ver es una de las puntas de la madeja", dijo Cacho a IPS, luego que medios de comunicación locales difundieron una nueva conversación telefónica comprometedora, esta vez entre un acaudalado empresario y un presunto abusador de menores y otra con dos políticos connotados.
La cantidad de políticos y empresarios mexicanos que estarían involucrados en las redes de pornografía infantil y de pederastas es algo que "nos sorprendería si lo supiéramos con certeza", señaló Cacho.
En una de las conversaciones conocida en la víspera, que al parecer datan de 2004, el gobernador del estado de Veracruz, Fidel Herrera, y su correligionario, el líder de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Gamboa, hablan con un lenguaje soez y se muestran extremadamente amigables con Kamel Nacif, un empresario textil de origen libanés.
Nacif, quien en la conversación pide a Gamboa frenar una ley de juegos que se discutiría entre legisladores, mantiene una demanda contra Cacho por difamación, luego de que ella lo relacionó con Jean Succar, el supuesto líder de una red de pederastas que operaba en el sudoriental balneario de Cancún.
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Este empresario habla precisamente con Succar en uno de los intercambios telefónicos filtrados en los últimos días a la prensa.
Succar, que está detenido en México desde julio, luego de haber sido extraditado de Estados Unidos, le pide a Nacif un préstamo de siete millones de dólares para comprar un hotel en Cancún, a lo que éste accede.
Luego, ambos intercambian información sobre la "niña de Miami", a la que califican de "putita" y a la que dicen pagar 2.000 dólares. Succar le pregunta a su interlocutor cuándo convendría llevar a Cancún a esa "niña" y Nacif responde que la "semana entrante, hijo de la chingada, pero la traes a fornicar".
Surcar es identificado en el libro de Cacho titulado "Los demonios del Edén" como el líder de una red de adultos que sometía a niñas a abusos sexuales en Cancún, en la que también habría participado Nacif.
Fue detenido en febrero de 2004 en Estados Unidos por cargos de abusos contra menores y en julio fue extraditado a México, donde enfrenta también acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Unos 17.000 mexicanos menores de 18 años son víctimas del comercio sexual, sostiene un estudio de la investigadora Elena Azaola, publicado en 2004 y que incluyó visitas a los lugares en los que son sometidos a prostitución y entrevistas con sobrevivientes.
Los políticos del PRI, Herrera y Gamboa, rechazaron tener cualquier relación ilegal con Nacif y dijeron no conocer a Succar. Desde su punto de vista, la difusión de las conversaciones telefónicas fue un golpe político bajo contra su partido.
Gamboa es uno de los legisladores que mantuvo los últimos días acercamientos con el presidente electo, Felipe Calderón, del conservador y gobernante Partido Acción Nacional, quien sucederá desde el 1 de diciembre a su correligionario Vicente Fox.
Las conversaciones entre Nacif y los políticos del PRI demuestran que el sistema político "está podrido", declaró Javier González, coordinador parlamentario del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, que afirma que Calderón ganó las elecciones presidenciales del 2 de julio gracias a un fraude.
Cacho, quien es cofundadora del Centro Integral de Apoyo a la Mujer en Cancún, donde reside, opinó algo similar. "Muchos empresarios como Nacif han amasado sus fortunas a cambio de favores oscuros hechos a los políticos".
Hasta la fecha no se ha podido probar que exista una relación directa entre algún dirigente político o empresario connotado con la pornografía infantil y el abuso de menores. Pero hay sospechas y Nacif y sus relaciones las alimentan.
Cacho cuenta con protección policial desde el año pasado, cuando empezó a recibir amenazas de muerte. Fue relacionada de modo involuntario en febrero con un escándalo por la difusión de una serie de grabaciones de conversaciones telefónicas entre Nacif y Mario Marín, gobernador del estado de Puebla, vecino a la capital.
"Ya acabé de darle un 'pinche' (coscorrón) a esta vieja cabrona (Cacho)", le señala Marín, miembro del histórico PRI, al empresario en una de esas conversaciones.
El diálogo, grabado de forma ilegal y enviado a la prensa anónimamente, tal como sucedió nuevamente esta semana, se produjo al parecer en diciembre de 2005 luego que la activista y periodista fuera encarcelada unas 30 horas, precisamente en Puebla. Tal detención fue consecuencia de la demanda que por difamación y calumnias presentó contra ella Nacif, quien es dueño de empresas del ramo textil en Puebla y otros estados.
Tras el encarcelamiento de Cacho y la difusión de las conversaciones telefónicas en las que el gobernador de Puebla y Nacif parecen ponerse de acuerdo para escarmentar a la activista, la Corte Suprema de Justicia inició una investigación que tiene como fin definir si el gobernador cometió delito.
