Carismático y hábil, el ex presidente hondureño Rafael Callejas (1990-1994) había logrado salir airoso de acusaciones de corrupción en su país, pero no pudo evadir la sanción moral de Estados Unidos, que le revocó la visa cuando hacía fila ante la ventanilla de migraciones en el aeropuerto de Miami.
Callejas viajaba con su esposa Norma Regina el 18 de este mes y, según un comunicado de la embajada de Estados Unidos en Honduras, la decisión de revocarle la visa se tomó mientras "él volaba" rumbo a Miami.
Pero el ex mandatario desmintió en rueda de prensa esa información al asegurar que la decisión fue tomada el día 15 "y no se me comunicó antes, fue injusto".
En su comunicado, la embajada dijo que al ex gobernante se le aplicó la sección 212 F de la ley migratoria estadounidense, que establece la facultad de negar el ingreso a personas "por corrupción oficial pública", reveló Ian Brownlee, cónsul general de la sede diplomática en Tegucigalpa. La revocación fue por cinco años.
Con la noticia estalló un polvorín político y mediático. Callejas es considerado el político más hábil de Honduras de las últimas dos décadas, y el poder tras el trono del opositor Partido Nacional, la segunda fuerza política. A él acuden los dirigentes de su colectividad en busca de bendición antes de optar a un cargo electivo.
De 62 años, Callejas es considerado el impulsor del neoliberalismo en Honduras a inicios de los años 90. Con los ex presidentes Alfredo Cristiani, de El Salvador (1989-1994) y Elías Serrano, de Guatemala (1991-1993, otro sin permiso de ingreso a Estados Unidos) fueron los máximos impulsores de la integración de los países que conforman el llamado "triángulo norte" de América Central.
Al término de su gestión, Callejas fue denunciado por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, lo que obligó al Ministerio Público (fiscalía del Estado) a efectuarle acusaciones en siete casos de presunta corrupción, entre mediados de 1994 y 1995.
Esos casos están relacionados con el desvío de fondos de una cuenta especial destinada a financiar la importación de petróleo. De acuerdo a la fiscalía, Callejas desvió esos recursos para gastos superfluos y personales.
Otros cargos se refieren a la complicidad en la venta ilegal de la nacionalidad hondureña a ciudadanos chinos que viajaban a Estados Unidos y de un millonario fraude de un proyecto habitacional, conocido como Ciudad Mateo, a mediados de los 90.
El tratamiento de las denuncias había demorado entre ocho y nueve años en los juzgados, cuando Callejas se presentó a los tribunales en 2002. Su presencia coincidió con la cercanía de la prescripción de muchos procesos, pues según la legislación hondureña si un caso está más de una década sin avanzar, caduca.
La ley prevé inclusive que si no hay avances en la investigación durante cinco años, se configura "retardo judicial" y falta de agilidad fiscal, por lo que la prescripción puede adelantarse.
Las juezas Normandina Ortiz y Mildra Castillo apelaron a ese argumento y absolvieron en 2002 a Callejas de todo cargo, al extenderle en forma simultánea siete cartas de libertad, ratificadas hace menos de un año por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, la cual se encuentra bajo el control de su Partido Nacional.
De los 15 magistrados del máximo tribunal, ocho pertenecen al Partido Nacional y siete al gobernante Partido Liberal.
De las siete de cartas de libertad, la fiscalía ha apelado cinco casos ante la Sala Constitucional.
Una investigación sobre procesos de corrupción, que será presentada a fines de este mes en Honduras y a la cual tuvo acceso IPS, revela detalles sobre la absolución de Callejas.
"El trabajo se efectuó en base a entrevistas de funcionarios públicos, jueces, magistrados, fiscales y ex funcionarios públicos, a quienes se les ha protegido el nombre, pero es demoledor en el sentido que desnuda los hilos de impunidad que operan en este país", dijo a IPS su autora, la socióloga y analista política Julieta Castellanos.
Se expone así "el sometimiento de los jueces a la presidencia de la Corte, los arreglos políticos entre partidos y las arbitrariedades para que dos juezas, rompiendo la norma interna del Poder Judicial, hayan sido las designadas para atender los casos del ex presidente y de otros presuntos corruptos de cuello blanco en este país", dijo Castellanos.
El ex mandatario, que pasó 20 horas en el aeropuerto de Miami y llegó a Honduras el día 20 procedente de El Salvador, dijo en rueda de prensa que "no soy ningún corrupto, ya la justicia hondureña me absolvió".
"He sido presidente de Honduras a mucha honra, y la población puede seguir confiando en mí. Estados Unidos tiene derecho a revocarme la visa, pero no a meterse en asuntos internos del país. ¿Qué ha cambiado que se ha modificado la actitud de Estados Unidos hacia mi persona?", se cuestionó.
Y prosiguió: "Fui, siendo presidente, un aliado incondicional de Estados Unidos, incluso apoyé la declaración de guerra contra Iraq (en la primera Guerra del Golfo) y hasta refugiados haitianos recibimos aquí, y ahora me hacen esto. Es injusto, ellos me han juzgado y condenado por hechos de hace 12 años de los que fui absuelto, y no son la Suprema Corte de mi país".
Acostumbrado a alabar las políticas estadounidenses para Honduras y América Central, Callejas comenzó a sentir la frialdad de Washington el 4 de julio, aniversario de la independencia de Estados Unidos, a cuya fiesta en la embajada esta vez no fue invitado.
Fuentes de la embajada dijeron a IPS que la política vigente era no "tolerar" corrupción, y "este año, a diferencia de otros, Callejas fue sacado de la lista de invitados. Antes se invitaba a 2.000 personas a la fiesta. Este año apenas fueron 500", agregaron las fuentes.
Los políticos, especialmente los del Partido Nacional, están preocupados y molestos. "Creo que la decisión estadounidense, si bien es soberana, fue grosera e injusta", dijo a IPS el presidente de esa fuerza, Porfirio Lobo, amigo de Callejas y aspirante a la Presidencia de Honduras en los comicios de noviembre de 2005.
En tanto, la presidenta del gobernante Partido Liberal, Patricia Rodas, dijo que lo sucedido a Callejas "solo llena de vergüenza a Honduras, pero al menos se ha sentado una sanción moral". Mientras, el primer mandatario de Honduras, Manuel Zelaya, fue más cauteloso, al evitar pronunciarse alegando "desconocer razones de fondo".
Callejas es ahora presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, en la que hubo en 2005 denuncias de corrupción. Su relación con un amplio sector de la prensa es excelente, al grado de que el miércoles, al término de la rueda de prensa, muchos periodistas lo vitorearon y aplaudieron, ante el asombro de otros colegas.
El ex gobernante, que aspiró a mediados de los años 90 a ocupar la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, debió declinar por los juicios en su contra.
Pero, dos meses atrás, en diálogo con IPS, se manifestó listo para promover reformas políticas en su país que permitieran la reelección presidencial y , por tanto, su nueva postulación a la primera magistratura.
Para el analista político Juan Ramón Martínez, ex ministro de Tierras de Callejas, "la revocación (de la visa) es un golpe moral para él, pero también para el país".
En iguales términos se expresó el ex fiscal general del Estado, Edmundo Orellana, quien entabló los juicios contra Callejas.
"Mientras la justicia, acomodada a intereses políticos sectarios, absuelve a ex gobernantes como Callejas, Estados Unidos y el mundo entero nos han puesto nuevamente en vitrina, esta vez otorgando una sanción moral", dijo a IPS.
En los últimos dos años, Washington prohibió el ingreso de al menos cinco influyentes personajes del ámbito empresarial, político y judicial, entre ellos el ex fiscal general adjunto Yuri Melara, también por corrupción.
Melara, del Partido Liberal, fue forzado a dimitir a fines de 2005. Con anterioridad había renunciado también el fiscal general Ovidio Navarro, empujado por presiones de Estados Unidos.
Navarro fue en los años 90 abogado defensor de Callejas, posteriormente fue magistrado de la Suprema Corte por el Partido Nacional y, tras arreglos políticos entre éste y el Partido Liberal, pasó a la Fiscalía General del Estado.
Allí, los fiscales denunciaron que Navarro los había obligado a "abandonar" los procesos contra Callejas para que prescribieran.
De momento, el mensaje de Washington también debe de inquietar a funcionarios del actual gobierno, que no han podido aclarar en seis meses el origen de un misterioso jet de lujo, valorado en 22 millones de dólares, que ingresó al país y fue abandonado, a vista y paciencia de las autoridades, en el hangar del aeropuerto capitalino.
El fiscal general Leonidas Rosa, de filiación nacionalista, dijo un mes atrás que el avión debía ser puesto a "disposición" del presidente de la República, pero la Procuraduría objetó esa decisión al indicar que se violaba la Constitución y que tanto la fiscalía como la Presidencia incurrirían en delito si procedían a esa dudosa operación.