El gobierno de Estados Unidos ordenó este miércoles a las fuerzas armadas tratar a todos sus detenidos, incluidos los sospechosos de terrorismo, de acuerdo con las Convenciones de Ginebra, un giro radical en la política de Washington en la materia.
Funcionarios políticos del Departamento de Defensa con oficinas en el Pentágono, del Departamento de Justicia (fiscalía general) y colaboradores del vicepresidente Dick Cheney se habían opuesto con fuerza a estas iniciativas.
Las Convenciones de Ginebra son la base del derecho internacional humanitario, que rige el trato a los prisioneros de guerra y la situación de la población civil en situaciones de conflicto armado.
Al mismo tiempo, el presidente George W. Bush anunció que los 14 detenidos considerados de "alto valor", en poder de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en instalaciones secretas de varios países, serán transferidos a la prisión en la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba, con miras a su procesamiento.
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Organizaciones de derechos humanos habían advertido que esos detenidos eran sometidos a tortura en sus interrogatorios.
Entre ellos figura Khalid Sheik Mohammed, considerado el miembro de la red terrorista Al Qaeda de mayor rango capturado por Estados Unidos y cerebro detrás de los atentados terroristas que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001.
También integran el grupo varios miembros de la dirección de Al Qaeda, informó Bush.
Todos ellos, así como el resto de los acusados de terrorismo, gozarán de todos los beneficios del debido proceso cuando sean conducidos al banquillo, aseguró el presidente estadounidense.
Sin embargo, según proyectos de ley propuestos por el gobierno, los testimonios y pruebas obtenidas por medios coercitivos serán admitidos por los tribunales, y los abogados defensores no tendrían acceso a evidencias que, en opinión del Poder Ejecutivo, pongan en riesgo la seguridad nacional.
En sus declaraciones, Bush justificó el uso de técnicas de interrogatorio "duras" pero "seguras", como las aplicadas por la CIA en los denominados "sitios negros". En ese sentido, reiteró su pedido al Congreso legislativo de aprobar explícitamente esos métodos.
"A medida que son capturados más terroristas de alto rango, la necesidad de obtener de ellos información de inteligencia seguirá siendo crítica. El mantenimiento de un programa de la CIA para interrogar a los terroristas será crucial para obtener información que salve vidas", afirmó.
Bush exigió al Congreso enmiendas a la Ley de Crímenes de Guerra, que tipifica como delito las violaciones de las Convenciones de Ginebra, para asegurarse que ningún funcionario estadounidense "involucrado en la captura e interrogatorio de terroristas esté en peligro de ser acusado".
El nuevo manual del Pentágono y el discurso de Bush, la tercera en una serie de declaraciones emitidas con el objetivo de ganar apoyo para su "guerra contra el terror" en las vísperas del quinto aniversario de los atentados del 11 de septiembre, fueron recibidos con reacciones disímiles por organizaciones de derechos humanos.
"Al anunciar la aplicación del artículo común 3 de las Convenciones de Ginebra para todos los detenidos, el Pentágono reafirmó la protección del derecho internacional", dijo a IPS Larry Cox, director ejecutivo de la filial en Estados Unidos de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
Pero Cox lamentó que, al mismo tiempo, los proyectos de ley sobre el funcionamiento de los tribunales militares impliquen el desconocimiento de las garantías fundamentales para lograr un juicio justo.
También reclamó a Bush "eliminar cualquier directiva que dé a la CIA 'facultades extraordinarias' para continuar deteniendo gente en secreto al margen de la ley".
"El presidente envió un mensaje mezclado", dijo Elisa Massimino, directora en Washington de la asociación de abogados por derechos humanos Human Rights First. "Por un lado, las técnicas del nuevo manual del ejército, con pocas excepciones, cumplen con la ley estadounidense y con las Convenciones de Ginebra."
"Por otro lado, al tiempo que declara un compromiso con un enfoque basado sobre la ley, el presidente defiende el sistema de detenciones de la CIA y un 'conjunto alternativo de procedimientos'" de interrogatorio "que invitan al trato cruel, inhumano y degradante de sospechosos, que constituye una clara violación del derecho estadounidense e internacional", agregó Massimino.
Las declaraciones de Bush y la publicación del nuevo manual del ejército ocurrieron dos meses después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara una directiva gubernamental de 2002, preparada por funcionarios políticos del Departamento (ministerio) de Justicia y el Pentágono, que negaba la protección de las Convenciones de Ginebra a los sospechosos de terrorismo.
El artículo común 3 de las convenciones establece que todos los detenidos tienen derecho a un tratamiento humano "en toda circunstancia", y que no pueden ser sometidos a "trato cruel y tortura" o "atrocidades a la dignidad de las personas, en particular tratamientos humillantes o degradantes".
Dos semanas después del fallo de la Corte Suprema, el subsecretario de Defensa, Gordon England, emitió un memorándum al personal según el cual todo el personal de la cartera debía cumplir con el artículo 3.
De hecho, el gobierno ha insistido que todos los detenidos han sido tratados humanamente, a pesar de informes de organizaciones de derechos humanos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, cuerpo federal de policía), ex prisioneros y sus abogados.
Entre esos tratamientos se incluían humillaciones de carácter sexual, exposición a temperaturas extremas, ataques físicos y "submarinos", todas estas prácticas que configuran tortura, según la mayoría de los expertos de derechos humanos.
El memorándum de England fue aplaudido por organizaciones de derechos humanos como un paso importante hacia el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema, pero, al mismo tiempo, fue recibido con escepticismo, dado que la tradicional definición de "tratamiento humano" del gobierno ha incluido las prácticas cuestionadas.
De hecho, Bush ha insistido en reiteradas ocasiones que su gobierno "no tortura", pero también ha demandado al Congreso que reclame enmiendas a la Ley sobre Crímenes de Guerra.
Eso también originó escepticismo, pero la explícita prohibición de determinados métodos en el manual del ejército, al menos por parte de los militares, dio cierto alivio.
Funcionarios civiles del Pentágono, del Departamento de Justicia y de la oficina del vicepresidente Dick Cheney se habían opuesto con fuerza a esas prohibiciones. Por lo tanto, su consagración constituyó una victoria para el Departamento de Estado, militares de carrera y abogados castrenses.
El conflicto había retrasado un año la publicación del nuevo manual.
En la misma sentencia, la Corte Suprema advirtió que el funcionamiento de tribunales militares del Pentágono en la base naval de Guantánamo violaba la constitución porque su establecimiento no había sido aprobado por el Congreso.
La respuesta de Bush, reiterada este miércoles, fue urgir al Congreso a aprobar leyes que consagraran estos tribunales. Pero la iniciativa choca con la oposición de numerosos senadores del gobernante Partido Republicano, que la consideran violatoria del derecho al debido proceso.
Con los anuncios de este miércoles, "el gobierno renunció a algunos de sus objetivos más controvertidos en su programa de tratamiento a los detenidos, como el uso de tácticas de interrogatorio coercitivas", dijo el profesor de derecho internacional de la neoyorquina Universidad de Columbia Scott Horton. (FIN/IPS/traen-mj/jl/na mm ip hd ik sp/06)
