El juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, estableció este viernes la falsedad de un informe técnico que vinculaba al grupo terrorista ETA con el ataque explosivo que el 11 de marzo de 2004 causó 191 muertos y un millar y medio de heridos en Madrid.
Así se disipa un prolongado intento de vincular al grupo separatista vasco con los militantes islámicos radicales procesados por aquellos ataques terroristas, los peores de la historia de España.
El resultado de investigaciones judiciales y policiales indica que las explosiones en los trenes madrileños fueron planificadas y ejecutadas por miembros de una célula vinculada a la red extremista internacional Al Qaeda, contradiciendo la tesis que sigue sosteniendo la principal fuerza de oposición, el derechista Partido Popular (PP), para el cual ETA fue autora o al menos cómplice del crimen.
Fuentes del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, a cargo de Garzón, dijeron este viernes a IPS que el hallazgo de ácido bórico en el domicilio de Hassan el Haski, uno de los 29 procesados por el 11 de marzo, no constituye ninguna prueba, "ni indicios de la misma" de que se tratara de un explosivo usado tanto en los trenes como en acciones de la ETA.
Garzón terminó en la madrugada de este viernes el interrogatorio iniciado el jueves a cuatro miembros de la Policía Científica acerca de la relevancia del hallazgo de ácido bórico.
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Tres de esos peritos habían firmado un documento —que el gobierno calificó de borrador, y el PP de primer informe— en el que decían que el ácido bórico encontrado constituía un vínculo con ETA, pues también se había hallado esa sustancia en un allanamiento realizado en Madrid en 1999 a un apartamento ocupado por el grupo español.
Interrogados por Garzón, los tres peritos, de formación química, admitieron que el documento que habían firmado no era válido, que el ácido bórico no se utiliza como componente de explosivos y que, en su experiencia profesional, nunca vieron o comprobaron que se lo hubiera aplicado como estabilizante de bombas.
El juez imputó además a los tres peritos haber incurrido en falsificación, pues alteraron la fecha original del documento sin advertir a sus superiores.
Ese "borrador" fue corregido por orden del jefe de los tres agentes, el comisario general de Policía Científica, Miguel Ángel Santano, quien lo encontró inconsistente y dispuso eliminar la referencia al ácido bórico y a la ETA, dando lugar a uno nuevo enviado formalmente a la justicia.
Poco después, el diario El Mundo publicó el primer texto, asegurando que su contenido original había sido alterado, y la organización no gubernamental Manos Limpias presentó a la justicia ambos documentos con una denuncia de falsificación, ante la cual actuó Garzón.
Interrogado por Garzón, Santano dijo que había eliminado las referencias al ácido bórico porque eran "meras elucubraciones", lo que fue corroborado por sus tres subalternos.
El magistrado dispuso que la presunta falsificación de documento fuera tratada por otro juzgado competente de Madrid.
El PP y las organizaciones y medios de comunicación que lo apoyan, afirman que el ahora gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) quiso sacar provecho electoral de los ataques impulsando la tesis de que fueron cometidos por radicales islámicos como castigo al gobierno conservador de los populares, que había apoyado moral y militarmente a Estados Unidos en su invasión a Iraq en 2003.
Encuestas de la época mostraban el abrumador rechazo de la ciudadanía española a la guerra en Iraq y a la participación de Madrid. Producidos los ataques tres días antes de los comicios, el gobierno del PP empleó ese plazo para difundir su convicción de la autoría de ETA, pese a las pruebas en contrario que aparecieron casi de inmediato. El 14 de marzo, la ciudadanía lo castigó, dando el triunfo al PSOE.
Otro dato que corrobora que el grupo vasco no tuvo parte en el ataque del 11 de marzo es el informe policial elevado el 3 de julio al juez que efectuó la instrucción del caso, Juan del Olmo, cuyo contenido trascendió en medios judiciales el jueves.
La Comisaría General de Información afirma en ese informe que la autoría intelectual y/o estratégica del ataque, "de carácter global e internacional", surgida en 2003 "es atribuible a los estrategas que lideran la insurgencia iraquí y a los líderes de Al Qaeda".
El reporte cita una serie de hechos que forman parte de esa estrategia, por ejemplo la amenaza de Al Qaeda contra los países que enviaron tropas a Iraq, como España y Gran Bretaña.
El informe añade que una célula local comenzó a organizarse en España en 2003 para cumplir con lo establecido en la estrategia global, y "así lo acreditan las reivindicaciones realizadas tras los atentados, tanto las emitidas por la propia célula local autora de los atentados, como las emitidas por las organizaciones del ámbito internacional".
Los investigadores de la policía apoyan esta afirmación en "evidencias encontradas en los distintos escenarios, especialmente los borradores manuscritos de las reivindicaciones y los registros informáticos intervenidos en el piso de Leganés (Madrid) donde se suicidaron siete terroristas", poco después de cometido el ataque.
El informe lista varios hechos ajenos al modus operandi de ETA: los terroristas no cambiaron las matrículas de los vehículos robados, emplearon explosivos ajenos a la práctica etarra y se vincularon a delincuentes comunes para conseguir ciertos elementos. La organización vasca "nunca ha colaborado en sus acciones con grupos delincuenciales ni ha utilizado canales de abastecimiento procedentes de la delincuencia común", dice.
Ese informe y los testimonios conseguidos por Garzón son particularmente importantes en esta coyuntura.
Antes de que finalice el mes próximo, el gobierno y la ETA han de iniciar conversaciones formales de paz y para la reinserción social de los etarras presos, cumpliendo el anuncio del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el 29 de junio.
Si esas negociaciones llevaran efectivamente al abandono definitivo de la violencia por parte de ETA, serán un logro que podrá acreditarse el gobierno socialista con miras a la reelección de Zapatero en 2007, ya que todas las encuestas de opinión pública ubican al terrorismo etarra como principal problema para los ciudadanos.
La organización, muy debilitada, lleva tres años sin matar y varios meses sin colocar explosivos ni bombas incendiarias, pese a presiones y advertencias que ha lanzado al gobierno.
