Ciento treinta y un días después de que el presidente boliviano Evo Morales tomó posesión de los campos petroleros escoltado por tropas de elite, libra ahora la segunda y definitiva batalla para obligar a las compañías transnacionales a firmar nuevos contratos de exploración y explotación antes del 1 de noviembre.
Con las dificultades propias de la primera incursión del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) en la administración del Estado, algunas caídas y algunas victorias —como la obtenida ante el gobierno argentino con el aumento del precio de venta del gas natural de tres a cinco dólares por millar de unidades térmicas británicas (BTU)—, la nacionalización petrolera boliviana se juega su carta definitiva en la mesa de negociaciones.
Esta semana ha comenzado una ronda de aproximaciones, previa a la negociación final, y la primera en sentarse a la mesa fue la compañía Total E&P Bolivia, filial del grupo francés TotalFinaElf y la primera de 11 empresas que operan en exploración y explotación de los yacimientos bolivianos, cuya principal riqueza es el gas natural, con 48 trillones de pies cúbicos de reservas, las segundas de América del Sur detrás de las venezolanas.
"Estamos satisfechos por el hecho de que el diálogo (con las petroleras) se instala en base a la nacionalización de los hidrocarburos", dijo a IPS el ministro del Hidrocarburos y Emergía, Andrés Soliz Rada, un periodista y abogado que dedicó gran parte de su vida a la defensa del petróleo y se convirtió en acérrimo crítico del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), promotor de la privatización y exportación gasífera, al que acusó de enriquecimiento ilícito.
Según fuentes del gobierno, Soliz Rada y sus asesores señalan a puertas cerradas dos caminos posibles para las compañías: elegir entre un contrato de asociación con YPFB para explotar campos de reciente descubrimiento o invertir sin participación estatal y bajo su propio riesgo.
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El 1 de mayo, Morales protagonizó una espectacular nacionalización de los hidrocarburos en manos de empresas extranjeras, mediante un decreto que, entre otras medidas, establecía un plazo de 180 días para negociar nuevos contratos con las compañías privadas que quisieran mantenerse en el país bajo las nuevas reglas de juego.
Sin expropiar los bienes de las transnacionales y recuperando sólo la propiedad de los hidrocarburos, el gobierno se propone fortalecer la casi extinta empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Pero antes debe lograr que las empresas extranjeras acepten convertirse sólo en operadoras y renuncien a la propiedad del gas que extraían y por el cual pagaban en impuestos al Estado sólo 50 por ciento de participación.
La aplicación del decreto de nacionalización de hidrocarburos determina que los grandes campos que el pasado año registraron una producción de 100 millones de pies cúbicos por día o más, pagarán al Estado 82 por ciento del valor de la producción. Los campos de menor capacidad continúan pagando 50 por ciento de ese valor.
El gobierno ya comienza a sonreír tras el primer pago de 32,3 millones de dólares que realizaron la semana pasada las empresas Petrobras, de Brasil, Repsol YPF, hispano-argentina, y Total por concepto del impuesto adicional al 50 por ciento (32 por ciento), pero fue necesaria un ultimátum del ministro Soliz Rada para obligarlas a acogerse al decreto.
Estas compañías explotan los ricos yacimientos de San Alberto y San Antonio, en el sureño departamento de Tarija, y generan 70 por ciento de los 26,5 millones de metros cúbicos que se exportan a diario al meridional estado brasileño de Sao Paulo.
Precisamente ese es el terreno donde juega la influyente compañía estatal Petrobras, que la próxima semana debería ocupar el segundo lugar en la lista de las empresas que resolvieron negociar con el gobierno de Morales.
Mientras Argentina compra a diario 7,7 millones de metros cúbicos de gas natural a un precio de cinco dólares por millar de BTU, tras una negociación entre Morales y su par Néstor Kirchner, Brasil se resiste a pagar más de los cuatro dólares vigentes.
Y la cadena de negativas de Petrobras vino acompañada, esta semana, de una intensa campaña en los medios de comunicación, dedicada a subrayar su papel "revolucionario en la industria de los hidrocarburos" de Bolivia, en abierta defensa de los 1.500 millones de dólares invertidos por la firma brasileña en los últimos años.
En una entrevista concedida a un periódico local, el presidente de Petrobras Bolivia, José Fernando de Freitas, expresó su firme intención de mantener el contrato de venta de gas natural y de aplicar mecanismos de modificación en función de las condiciones del mercado internacional y de otras referencias, en una posición muy alejada de las exigencias del gobierno de Morales.
Respecto de las refinerías que posee en territorio boliviano, De Freitas fue contundente al afirmar que el Estado boliviano tendrá que pagar si desea obtener su control y, en el caso de una asociación en la que Petrobras obtuviera el paquete accionario minoritario, exigirá el mando operativo.
La nacionalización de los hidrocarburos bolivianos responde a una corriente de recuperación de los recursos naturales acuñada en las empobrecidas zonas rurales y la ciudad de El Alto, contigua a La Paz, cuna de una rebelde movilización que libró la "guerra del gas", en octubre de 2003, provocando la renuncia del entonces presidente Sánchez de Lozada.
La crisis social y política alimentada por el deseo de nacionalizar el petróleo y otros recursos naturales provocó luego la renuncia de Carlos Mesa (2003-2005) y una transición presidencial a cargo de Eduardo Rodríguez hasta el triunfo de Morales con el 53,7 por ciento de votos, en los comicios de diciembre del pasado año.
La llegada del gobierno de Morales a la fase de negociación con las empresas no ha sido fácil ni exenta de errores. En el camino tuvo que batirse también por la opinión pública ante las observaciones de partidos políticos de oposición que cuestionaron una operación de compra-venta de petróleo, al margen del decreto de nacionalización, y de la cual se acusó al influyente militante del MAS, Jorge Alvarado, que presidía la empresa YPFB.
Las denuncias de corrupción y tráfico de influencias fueron refrendadas por informes de auditoría del Ministerio de Hidrocarburos y de la Contraloría General de la República.
El político fue reemplazado en el cargo por Juan Carlos Ortiz Banzer, en una crisis que hizo tambalear el proceso de recuperación de los hidrocarburos.
Así, la naciente YPFB —base del proceso de nacionalización— llega debilitada a las negociaciones con el sector privado.
La conducta de Alvarado fue repudiada por el Senado que, con una ajustada mayoría reunida por la oposición derechista, terminó censurando al ministro Soliz Rada, muy popular según encuestas de opinión pública, quien luego fue ratificado en el cargo por el presidente. Morales atribuyó la censura a un plan de las compañías petroleras para interrumpir la nacionalización.
