En una carrera contra el tiempo, el gobierno de Argentina impulsa inversiones en el sector energético a fin de responder a la creciente demanda y evitar un colapso que ponga freno a la actividad económica.
El fantasma de los cortes de luz y de la racionalización del consumo de grandes usuarios ya rondó al gobierno en mayo de 2004. Aquella vez la causa principal de la crisis fue la escasez de gas natural, que obligó a suspender exportaciones del fluido a Chile.
Tanto en 2004 como ahora, la razón es la incapacidad del sistema eléctrico para hacer frente a una demanda en aumento.
El gas aporta 53 por ciento de la generación eléctrica a través centrales térmicas. Otro 43 por ciento lo proveen usinas hidroeléctricas y cuatro por ciento las nucleares.
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El Ministerio de Planificación Federal anunció inversiones por cerca de 6.500 millones de dólares para centrales térmicas, hidroeléctricas y atómicas, pero se teme que los resultados de esos desembolsos no lleguen a tiempo.
De acuerdo con su titular, Julio De Vido, en las últimas semanas la demanda de electricidad llegó cinco veces a 17.300 megavatios, una cantidad cercana a la capacidad instalada de 23.000 megavatios, de los cuales 18.000 son considerados "confiables" por los técnicos, dijo.
A raíz de ese nivel de consumo, el gobierno anunció que a partir de noviembre los grandes usuarios —unas 5.000 empresas que constituyen 40 por ciento de la demanda— deberán autoabastecerse de la energía que necesiten, cuando ésta supere su consumo de 2005.
La oferta eléctrica se destinará así en forma prioritaria a garantizar el suministro de consumidores residenciales, empresas pequeñas y medianas, entidades estatales y alumbrado público, y luego a los grandes usuarios.
Esta decisión, que despertó malestar en algunas empresas, obligará a las industrias a adquirir o poner en marcha generadores propios, o a contratar los servicios de nuevos generadores que aporten lo correspondiente a ese consumo diferencial.
Con estas medidas y el lanzamiento próximo de un plan de educación para el consumo racional de energía, el gobierno de Néstor Kirchner procura ganar tiempo hasta que rindan los primeros frutos las inversiones en marcha. El Ministerio sabe que para responder a la realidad productiva se debe incorporar al sistema 1.000 megavatios de capacidad instalada por año.
La escasez de gas en relación a la demanda está elevando el consumo de gasóleo (diésel) y fuel-oil para alimentar las centrales térmicas. Esos combustibles se sustraen al mercado de la producción rural, que los utiliza para la maquinaria agrícola.
De Vido ya anunció que se trabaja para subir la cota de la represa argentino-paraguaya de Yacyretá, en el norte del país, y se comenzó a invertir en la finalización de Atucha II, una central nuclear cuya construcción está en marcha hace muchos años.
También hay inversiones en Corpus, otra represa argentino-paraguaya, y en Garabí, una central hidroeléctrica binacional con Brasil. Pero en todos los casos se trata de proyectos que podrían comenzar a rendir frutos en los próximos seis a 10 años.
De más corto plazo será la cosecha de los desembolsos para la construcción de dos centrales térmicas de ciclo combinado, una en la localidad de Campana, en la central provincia de Buenos Aires, y otra en Rosario, provincia de Santa Fe, noreste del país.
Esas centrales deberían empezar a funcionar en 2008, pero hubo demoras en los trámites de la licitación. Y el tiempo corre.
En diálogo con IPS, el economista Alberto Muller, experto en cuestiones energéticas, explicó que la escasez de energía tiene múltiples causas, y que el Estado falla sobre todo en la "falta de información confiable" sobre reservas hidrocarburíferas.
Muller pertenece al Grupo Fénix, un ámbito de coordinación de profesores de la Universidad de Buenos Aires que elaboran propuestas de política económica para contrarrestar los efectos del modelo neoliberal que se aplicó en este país en los años 90.
La Secretaría de Energía informó este mes que las reservas de gas —que permitían asegurar un horizonte de consumo de 35 años antes de la privatización del sector en la década de 1990— bajaron de 10 a 8,6 años entre 2004 y 2005.
Las reservas de petróleo, aseguradas para los siguientes 13 años al momento de la privatización de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, bajaron de 9,1 a 8,4 años en esos mismos años.
Ese cambio decidió al gobierno a apurar un proyecto de ley de fomento a las inversiones en exploración de hidrocarburos, una iniciativa criticada por la oposición porque exime a las empresas de pagar impuestos.
El diputado opositor Claudio Lozano, de Fuerza Porteña, consideró mejor derogar los decretos que permitieron en los 90 la libre disponibilidad de gas y petróleo para la exportación, y propuso crear una base de datos sobre las reservas.
Lozano, economista de la Central de Trabajadores Argentinos, cuestionó la falta de control público sobre las reservas de hidrocarburos. El gobierno confía en lo que declaran las empresas que explotan los recursos, indicó.
Para Muller hay que mejorar el control de las reservas, invertir en exploración y aumentar la capacidad instalada del sistema eléctrico. En ese sentido, el gobierno está bien orientado, opinó. "Si se llega a tiempo con las centrales térmicas en marcha tendríamos un horizonte razonable para los próximos cuatro años", dijo.
Más difícil es, a su juicio, acelerar las inversiones en Atucha, Yacyetá y otras usinas. En esos casos, habrá que esperar entre seis y 10 años para tener resultados, dijo.
Por otro lado, coincidió con Lozano en la necesidad de contener las exportaciones de hidrocarburos. "Los chilenos se van a enojar, pero en la medida en que sigan bajando las reservas, no se puede pensar en seguir exportando", afirmó.
