Toda elección es válida hasta que se pruebe lo contrario. De esta presunción legal partieron los magistrados mexicanos para calificar los comicios del 2 de julio y dar la Presidencia a Felipe Calderón.
Tal principio, que obliga a probar las irregularidades denunciadas, estuvo vigente 10 años sin que nadie lo objetara, pero ahora es uno de los combustibles de una revuelta política.
Los magistrados reconocieron que hubo ilegalidades en la contienda electoral, como la intervención del presidente Vicente Fox y de los empresarios a favor de Calderón y en contra del postulante izquierdista Andrés López Obrador. También aceptaron que se violó la ley cuando los candidatos emitieron publicidad negativa contra sus contrincantes.
Pero nada de eso fue definitivo para invalidar los comicios.
El inapelable fallo, adoptado de forma unánime por los siete jueces del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en sus 10 años de funciones nunca fueron acusados de parcialidad, enumera y pondera cada una de las irregularidades denunciadas.
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Además, desecha la queja de que hubo dolo en el cómputo de los votos.
Lejos de poner fin la controversia, la resolución indignó a una parte de la población que está convencida de que hubo fraude.
En el fallo quedaron exhibidas las irregularidades, pero los jueces las minimizaron dejando así en claro que "la ilegalidad es un buen negocio", señaló el columnista del diario Reforma, Miguel Granados.
En el dictamen, que fue leído y aprobado el martes, hay varios apartados en los que los jueces reconocen la existencia de irregularidades, pero señalan que no fueron de gran peso pues no hubo evidencias o forma de probarlas y de medirlas o porque sus consecuencias no se consideraron definitivas.
El medio punto porcentual de votos con que Calderón, del gobernante y conservador Partido Acción Nacional (PAN), superó en el escrutinio oficial a López Obrador, del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD), pudo haberse revertido si el Tribunal hubiese actuado con menos rijosidad, sostiene la izquierda.
Más allá de la queja política, "entendible en los perdedores, la conclusión de los jueces me parece la correcta", dijo a IPS el abogado Jorge Bernal, profesor de derecho constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México y consejero ciudadano ante el Instituto Federal Electoral (IFE).
No se comprobó jurídicamente el fraude y, "con los instrumentos legales disponibles", tampoco se demostró que la intervención del presidente o de los empresarios fuera determinante, señaló este experto.
Pero, según la izquierda, el Tribunal avaló un fraude. Ricardo Monreal, diputado del PRD, afirmó inclusive que tal hecho se habría consumado con un soborno entregado a los magistrados, sobre lo cual no presentó pruebas.
Según el historiador Lorenzo Meyer, reputado académico del Colegio de México, la polémica decisión de los jueces "intentó apegarse a la letra de la ley", pero finalmente terminó yendo en contra de su espíritu que habla de garantizar elecciones imparciales y equitativas.
La estructura institucional "resultó incapaz de avalar lo que requiere cualquier democracia que funcione bien: garantizar una lucha en buena lid", opinó Meyer.
Sin otro camino legal para impugnar las elecciones, los seguidores de López Obrador se aprestan a designar un gobierno alterno a través de una asamblea, que celebrarían el 16 de este mes, y tratar de impedir que Calderón tome posesión del cargo el 1 de diciembre.
Es perceptible la sensación de que se avecinan momentos de mucha tensión que pueden desembocar en violencia.
"Como en la mayoría de fallos judiciales, el perdedor no quedó satisfecho, y eso es lógico, pero hay pocas dudas de que el Tribunal emitió una resolución apegada a la técnica jurídica, la jurisprudencia y las leyes", señaló a IPS Jorge Gaxiola, jurista experto en derecho electoral y catedrático de la materia en varias universidades de este país.
Según la normativa vigente, una elección puede anularse sólo cuando se comprueba de manera objetiva que hubo hechos graves y generalizados contra los principios de certeza y legalidad. Eso implica que las fallas denunciadas deben tener carácter de "determinantes, constantes y generales".
En los últimos 10 años, el Tribunal anuló en 33 ocasiones elecciones distritales, dos de ellas de gobernador y la mayoría de ayuntamientos. En esas ocasiones, el acarreo y la coacción de votantes, el engaño a los ciudadanos así como otros elementos fueron plenamente acreditados.
En los 21.703 juicios desarrollados por los magistrados electorales desde 1996 todos los partidos políticos fueron beneficiados y perjudicados de forma más o menos similar, y éstos nunca llegaron a desconocer los dictámenes. Antes de los comicios, López Obrador señaló en varias ocasiones que tenía plena confianza en los jueces.
La jurisprudencia del Tribunal Electoral indica que ninguna elección es completamente limpia o está exenta de intervenciones indeseables.
La izquierda insiste en que la injerencia de Fox y de los empresarios en la campaña es prueba suficiente de que no hubo equidad. Además, sostiene que esa tesis se apuntó con los errores detectados en los cómputos de votos y en el uso de programas sociales estatales a favor del candidato del oficialismo.
Gaxiola considera que aunque existieron varios de esos hechos no se pudo acreditar que fueran generales y determinantes.
Sobre la intervención del presidente y los empresarios, el experto, que integra una prestigiosa firma de abogados, precisó que fueron atenuadas por el principio de "definitividad".
Ese principio indica que los actos sancionados en el pasado por una autoridad competente en materia electoral no pueden volver a juzgarse.
Gaxiola recordó que el IFE y la Corte Suprema de Justicia ordenaron a Fox, semanas antes de las elecciones, frenar la propaganda oficial en los medios de comunicación y evitar los discursos que veladamente se referían al candidato de la izquierda. Algo similar se ordenó a los empresarios.
"Los magistrados no pueden ignorar los principios rectores y están obligados a desechar cualquier prueba mal integrada o que ofrezca dudas, a valorar sólo datos ciertos y a ponderar cada elemento con la mayor objetividad posible", sostuvo Gaxiola.
Bernal, el consejero ciudadano ante el IFE, recordó que muchas de las impugnaciones presentadas por la izquierda estuvieron integradas de forma deficiente o no tuvieron asidero.
La izquierda reconoce que tuvo problemas para presentar las pruebas, pero afirma que en sus alegatos generales ante el Tribunal quedaron muy claras las irregularidades. Lo que debieron hacer los magistrados fue anular los comicios, reclaman sus portavoces.
En el expediente jurídico, los magistrados desecharon las denuncias del presunto trato no equitativo que recibió López Obrador en los medios de comunicación, así como el que indicó que el gobierno de Fox manipuló programas sociales oficiales para favorecer a Calderón.
Los magistrados usaron los monitoreos del IFE a los medios de comunicación, tarea avalada por todos los partidos políticos, para responder a las denuncias de inequidad.
Según esos monitoreos, el candidato de la izquierda fue el que mayor cobertura recibió de los medios (24,2 por ciento del total) durante la campaña, y en 96 por ciento de las informaciones en las que fue mencionado recibió un trato "neutral".
El PRD difundió también el mayor número de cuñas publicitarias partidarias en radio y televisión.
Sobre el uso de programas sociales, el Tribunal indicó que en más de la mitad de los municipios beneficiados por esos planes, López Obrador se impuso, y que en los 15 más pobres del país, el ganador fue el candidato del ex gobernante Partido Revolucionario Institucional, Roberto Madrazo.
En cuanto a la publicidad negativa contra la izquierda, los magistrados argumentaron que el quejoso no dio pruebas de cómo aquella afectó el resultado y recordó que la izquierda uso también ese tipo de publicidad. Además, señaló que el IFE estudió y prohibió varias piezas publicitarias.
Muchas impugnaciones que el PRD hizo a las casillas (centros de votación) también fueron rechazadas.
Numerosas quejas puntuales presentadas al Tribunal no tenían siquiera la firma de un responsable e incluso mencionaban casillas inexistentes.
También quedó evidenciado que los abogados del PRD pidieron la anulación de votos a través de documentos iguales y repetitivos en los que sólo se cambió el número de la casilla.
Es razonable que el fallo haya dejado heridas en el perdedor, pero estas son las reglas del juego y deben acatarse, expresó Bernal. Para el futuro convendría hacer reformas que eviten una situación similar a la actual, derivada de la contienda presidencial más reñida de la historia, añadió.
