Las elecciones presidenciales y estaduales de Brasil recuperaron el interés popular en las dos últimas semanas de campaña, convertidas en una suerte de telenovela policial, con el lento despliegue de las investigaciones sobre el nuevo escándalo que puede cambiar la historia del país.
Las últimas encuestas, conocidas la noche del miércoles, confirman que la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta de este domingo es probable, pero no segura. Cuando se realizaron las entrevistas, entre el domingo pasado y el martes, recibía cerca de 53 por ciento de las intenciones de voto, pero en descenso.
Lula ganará este domingo, según los sondeos, pero para resultar reelecto en primera vuelta necesita obtener 50 por ciento más uno de los votos.
El noticiero electoral atrapa la atención por dos factores de suspenso: las preguntas aún no respondidas por la policía en el caso de la compra de un dossier por miembros del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), que buscaban denunciar a opositores por corrupción, y la duda sobre si habrá o no segunda vuelta en los comicios presidenciales.
La popularidad de Lula sufre una lenta erosión desde que estalló el "escándalo del dossier" el 15 de este mes, según numerosas encuestas.
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Cinco días parecen insuficientes para destruir su ventaja, pero cualquier hecho podría echar todo a perder, como su prevista ausencia en el debate televisivo de la noche de este jueves, o su presencia con un desempeño desastroso ante las inevitables preguntas y ataques sobre los casos de corrupción del PT.
La incertidumbre, que introdujo emoción en la disputa, está acentuada por las encuestas. Éstas en general subestiman las intenciones de voto a los candidatos preferidos por los pobres, como Lula, admitió a IPS el alcalde de Río de Janeiro, Cesar Maia, considerado un experto en evaluación de tendencias electorales.
Pero esta vez la gran diferencia entre los dos principales postulantes no se manifiesta entre las clases sociales, sino entre las regiones de Brasil, con el Sur otorgando una ventaja de más de 10 puntos porcentuales a Geraldo Alckmin, del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), y Lula obteniendo más de 60 por ciento de preferencias en el Nordeste, observó.
El avance del candidato del PSDB en los tres estados del Sur y en Sao Paulo, que tiene casi un cuarto del electorado brasileño, permite adelantar que habrá segunda vuelta el 29 de octubre, afirmó Maia, importante aliado de Alckmin como dirigente del Partido del Frente Liberal (PFL), coligado en estos comicios a la socialdemocracia.
Pero en un cuadro cercano al empate, la abstención y los votos nulos podrían determinar el resultado, matizó. Si hubiera lluvias fuertes el domingo en el Nordeste, Lula perdería más votos, por ejemplo.
La oposición cree que más decisivas pueden ser las investigaciones sobre el origen de los 1,7 millones de reales (790.000 dólares) que la Policía Federal confiscó el 15 de septiembre de manos de dos hombres vinculados al PT y que iban a ser entregados, presuntamente, a la familia de los empresarios mafiosos Vedoin, protagonistas del escándalo de las sanguijuelas, que ocupa la información política hace cuatro meses.
Los Vedoin negociaban ambulancias destinadas a centenares de municipios del país. La sobrefacturación de los vehículos permitía desviar dinero en beneficio de la empresa familiar, de los parlamentarios que obtenían los recursos del presupuesto oficial y de las alcaldías. Detenidos, los Vedoin denunciaron a más de 100 diputados y senadores, en el marco de un acuerdo judicial de "delación premiada".
Al parecer, los Vedoin convencieron a miembros de la campaña electoral del PT de que podrían venderles documentos e informaciones para incriminar principalmente al candidato del PSDB a gobernador del estado de Sao Paulo, José Serra, ex ministro de Salud y amplio favorito para ganar en ese distrito.
El espectáculo tiene aspectos de comedia de equivocaciones. El trámite ilegal del dossier, que ya involucró a ocho miembros de las campañas electorales del PT, puso en riesgo la reelección de Lula, antes considerada segura, y golpea al partido de gobierno, debilitado por sucesivos escándalos de corrupción, que han estallado desde el año pasado.
El martes, la justicia decretó la prisión preventiva de seis acusados de la compra del dossier. Pero es una decisión "inocua", criticó el presidente del Colegio de Abogados de Brasil, Roberto Busato, porque ningún elector puede ser detenido entre cinco días antes y hasta dos días después de las elecciones, excepto que sea atrapado en delito flagrante.
El presidente Lula acusó al fiscal Mário Lúcio Avelar de una "jugada política" con el pedido de arresto, a sabiendas de su inutilidad práctica. Se trataría sólo de producir noticias sobre una acción judicial contra miembros del PT en vísperas de las elecciones.
Las sospechas envenenan el ambiente. La oposición acusa a la Policía Federal de dilatar las investigaciones y postergar revelaciones para después de la jornada comicial. El objetivo sería favorecer a Lula, pues la institución está subordinada al Ministerio de Justicia y sus jefes fueron nombrados por los actuales gobernantes.
La cuestión ética es ahora la principal bandera de la oposición, después de haber constituido un factor del crecimiento del PT desde su fundación, en 1980, hasta 2004.
Probablemente, el suspenso y la incertidumbre se mantengan hasta el domingo, cuando deberán a concurrir a votar los 125,9 millones de electores brasileños para escoger presidente, gobernadores y un senador por cada uno de los 27 estados del país, además de diputados nacionales y estaduales.
Ese clima debería reducir las abstenciones, que tendían a ser numerosas antes del dossier, debido a lo que parecía una ya definida reelección presidencial y al descrédito de los políticos, acentuado por los casos de corrupción.
