El departamento guatemalteco de San Marcos, limítrofe con México, es el epicentro del narcotráfico y las plantaciones ilegales en este país. El primer balance del estado de emergencia impuesto allí por el gobierno indica la erradicación de más de 17 millones de plantas de adormidera (amapola).
El "estado de prevención" impuesto el 29 de agosto en cinco municipios de San Marcos —Concepción Tutuapa, Ixchiguán, San Miguel Ixtahuacán, Tajumulco y Tejuela— implica la suspensión de los derechos de reunión, manifestación, libre expresión y circulación. También se prohíbe el porte de armas de fuego. No hay plazo para su levantamiento.
Se trata del más leve de los estados de excepción previstos por la Constitución Política de Guatemala, al que siguen el estado de alarma, de calamidad pública, de sitio y de guerra.
Las limitaciones a la libertad de expresión obedecen, según las autoridades, a la necesidad de evitar publicaciones que contribuyan o inciten a la alteración del orden público. Hasta el momento no se han denunciado repercusiones sobre la actividad de la prensa.
El presidente Óscar Berger dijo a IPS que la decisión se adoptó para combatir el crimen organizado, buscar armamento, capturar a personas vinculadas al narcotráfico y erradicar las plantaciones de adormidera, de la que se obtiene el opio, la morfina y la heroína.
Sin embargo, no es un secreto que el gobierno guatemalteco busca mejorar su imagen internacional en materia de combate al narcotráfico y la delincuencia en momentos en que compite —apadrinado por Washington— por un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que también codicia Venezuela.
"Obviamente, el éxito del operativo de San Marcos es una ayuda para entrar en el Consejo de Seguridad", admitió Berger.
En cambio, el vicepresidente Eduardo Stein dijo a IPS que "aunque no estuviéramos compitiendo, el operativo se habría hecho igual".
El 3 de septiembre, el ministro de Gobernación (Interior), Carlos Vielmann, anunció los primeros datos oficiales del operativo, que calificó de "históricos": 17.544.882 plantas de adormidera y 84.188 de marihuana erradicadas.
Además, fueron detenidas 20 personas acusadas de diferentes delitos, 10 de ellos relacionados con el cultivo de marihuana, tres por portar ilegalmente arma de fuego, dos por tenencia de drogas, dos por ocultamiento de identidad, una por encubrimiento, una por órdenes de captura vigentes, y una por "cohecho pasivo".
Fueron decomisadas 12 armas de fuego, 12 vehículos robados, seis libras (2,7 kilogramos) de marihuana procesada para el consumo y tres libras (1,4 kilos) de semilla de marihuana seleccionada.
San Marcos es un puente natural para el narcotráfico. Parte de la región sudoccidental del país, tiene una extensión de 221 kilómetros cuadrados. Limita al norte con Huehuetenango y al sur con el océano Pacífico. Siguiendo desde allí la línea de la costa se llega a Colombia. Al este se encuentra el segundo departamento más importante del país, Quetzaltenango, y al oeste, México.
Pero allí no terminan sus bondades para el negocio de drogas. Su topografía, su clima generalmente templado y sus suelos fértiles para todo tipo de cultivos hacen parte del atractivo. Sin embargo, la ventaja comparativa más importante de San Marcos es la pobreza en la que viven 87 por ciento de sus 794.951 habitantes, la mayoría agricultores cuyos ingresos no superan los dos dólares por día.
Las primeras reacciones de la población ante el operativo fueron de calma. El obispo católico de San Marcos, Álvaro Ramazzini, quien lleva 17 años en el departamento, confirmó esa percepción. "La tranquilidad del pueblo marquense se dejó ver desde el principio. El estado de prevención va dirigido a los que esconden armas, los que siembran amapola, los que crean violencia", dijo a IPS.
El operativo comandado por Vielmann y el director de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperissen, incluyó a 600 policías y 300 militares destinados a eliminar cultivos y arrestar intermediaros, conocidos en Guatemala como "coyotes".
En la venta de materia prima para drogas ilícitas, los coyotes se llevan la mejor parte. Esta actividad ha convertido en millonarios a algunos. Pero la inmensa mayoría de la población sigue pobre.
Con una cuerda de terreno (casi 437 metros cuadrados) donde cultivar maíz o fríjol, un agricultor gana anualmente 4.000 quetzales, equivalentes a unos 500 dólares. Es difícil entonces resistir la tentación de multiplicar por 12 esos ingresos plantando adormidera (Papaver somniferum, de la misma familia y género que la amapola), de la que se extraen los alcaloides opiáceos.
Para amortiguar el efecto económico y social de eliminar los cultivos, el gobierno acompañó los operativos con la entrega a familias campesinas de 1.000 bolsas con 23 kilogramos de maíz, siete de fríjol, 2,3 de arroz, 2,2 litros de aceite, 2,3 kilogramos de bebida fortificada (a base de cereales) y 2,3 de harina nutricional.
El contenido de cada bolsa alcanza para alimentar a una familia de modo muy básico y por 15 días. El intento, según el comunicado de prensa del Ministerio de Gobernación, es apoyar a los agricultores para que modifiquen sus hábitos de cultivo.
El presidente aseguró a IPS que se pondrían en práctica mejores programas de desarrollo en la región, mientras, en conferencia de prensa, el ministro de Gobernación dijo que los operativos continuarían sin un límite de tiempo establecido.
En estas condiciones, no hay garantías de que no vuelvan a plantarse las especies de adormidera y marihuana que produce San Marcos. Todavía no se conoce el impacto de las medidas en la producción y en el mercado de drogas.
El éxito del que habla Berger fue cuestionado por la activista Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, dedicada a promover los derechos humanos. "Lo de San Marcos hay que verlo con delicadeza. Tampoco tuvieron grandes resultados. Reconocemos que no violaron los derechos humanos, pero fueron medidas coyunturales de efecto publicitario que responden a la agenda de seguridad estadounidense", opinó.
Mientras en San Marcos se actuaba contra el narcotráfico, el 7 de este mes, un camión de caudales con ocho millones de dólares fue asaltado cuando el Banco de Guatemala estaba por trasladar esa suma a la Reserva Federal (Banco Central) y a otras entidades financieras de Estados Unidos.
Para el presidente Berger fue un grave incidente, que puede ocurrir en cualquier lugar. "Obviamente, nos deja mal frente a la comunidad internacional, pero hay que recordar que hace cinco años a ellos (Estados Unidos) les estrellaron dos aviones en el centro neoyorquino", acotó.
