Barrington Fox lleva consigo la foto de su hijo de 18 años, Joel, en la que el joven presume con sus anteojos oscuros y fumando. Es todo lo que le queda del más joven de sus cuatro vástagos, asesinado por un policía de Jamaica seis años atrás.
Joel fue arrestado y esposado por la policía una mañana de principios de septiembre. El joven había dejado la casa de sus padres cerca de Bull Bay, y se dirigía a la multitudinaria capital, Kingston, de la que sólo conoció la comisaría.
Joel fue baleado cuando estaba en la carretera. Un tribunal calificó el hecho de homicidio, pero Fox, quien sostiene que su hijo fue esposado y que las quemaduras de pólvora encontradas en su cuerpo evidencian que le dispararon desde muy cerca, considera que el caso es mucho más grave.
"Fue acusado de un delito", dijo Fox, pues la policía alegó que fue encontrado en posesión de un arma ilegal. "No tengo problema si la policía lo aprehende, lo lleva a juicio y lo hace pagar por el delito. Pero la manera en que se procedió… Se supone que debía llegar a la comisaría y terminó muerto".
La muerte llevó al padre —un plomero de 54 años, de voz baja y sin experiencia en la actividad política— a fundar con otros Familias contra el Terrorismo de Estado (FAST, por su sigla en inglés), una organización no gubernamental que aboga por una mayor supervisión y rendición de cuentas de la policía, y por una reforma judicial en esta isla de apenas tres millones de personas.
El de Fox no es el único caso preocupante. El número de muertes cometidas por la Fuerza Policial de Jamaica (JCF, por su sigla en inglés) está entre los más altos por persona del mundo, con 168 muertes por disparos de sus miembros en 2005.
Desde octubre de 1999, cuando tres oficiales fueron condenados por golpear a un prisionero hasta quitarle la vida, el país ha sido testigo de más de 800 muertes a manos de policías, muchas de los cuales fueron caracterizadas por Amnistía Internacional como "descaradamente fuera de la ley", en su informe de febrero de 2006.
En ese mismo mes, el primer oficial jamaiquino en casi siete años fue condenado por asesinato mientras prestaba servicio, por dar muerte a un hombre en 2000.
Uno de los incidentes más notorios es el de los seis oficiales absueltos en diciembre de 2005 del cargo de asesinato de dos mujeres y dos hombres en la aldea rural de Kraal, en mayo de 2003, a pesar de que defensores de los derechos humanos presentaron contundente evidencia de que las víctimas estaban desarmadas y que la policía intentó manipular la escena del crimen.
El oficial que dirigió la redada, Reneto Adams, en ese momento comandante de la Unidad de Administración de Crímenes de la JCF, celebró más tarde su liberación en un rap, y sigue trabajando para la policía, aunque en un cargo de escritorio.
"El problema de derechos humanos más urgente en Jamaica es la muerte causada por las fuerzas policiales", dijo Carolyn Gomes, directora ejecutiva de Jamaiquinos por la Justicia, una organización formada luego del alza en los precios de la gasolina en abril de 1999, que provocó tres días de manifestaciones en la isla, con un resultado de nueve muertos, unos 150 personas arrestadas y millones de dólares en pérdidas para la economía.
"Estamos convencidos de que una parte de esas muertes se cometieron fuera de la ley, y nadie ha sido llamado a responder por esto", dijo Gomes a IPS.
Entre las actividades del grupo se encuentran la creación de una biblioteca y un centro de documentación sobre derechos humanos y cuestiones legales, así como la publicación anual de un informe anual.
Jamaiquinos por la Justicia también realiza campañas con volantes para que la ciudadanía conozca sus derechos al enfrentar a la policía y al sistema judicial.
Es difícil de exagerar la dificultad del ambiente en que la policía jamaiquina trabaja. En 2005, unas 1.650 personas fueron asesinadas. Unos 12 policías mueren anualmente por armas de fuego.
La mayor parte de la violencia rodea los círculos de notables. Las bandas de traficantes de droga tienen oscuros vínculos con el sistema político jamaiquino, cuyos dirigentes aparecen como líderes comunitarios cuando se trata de ganar votos en tiempos electorales.
"Ser policía en Jamaica es una tarea muy peligrosa", dijo Mark Shields, un veterano con 30 de años en las fuerzas de Gran Bretaña y ex subcomisionado para delitos de la JCF desde 2005. "Los criminales aquí tienen armas rápidas y no temen usarlas, mientras que el cuerpo policial tiene recursos limitados".
"Nos cuesta conseguir fondos para comprar chalecos blindados para cada uno de los policías que están en la calle, y no todos ellos tienen armas permanentemente. Este es el telón de fondo de los altos grados de delincuencia armada que nuestros oficiales enfrentan a diario", dijo en una entrevista.
Shields también señaló la ausencia de procedimientos administrativos dentro de la policía para separar de su cargo a un agente cuya integridad es cuestionada, mientras se investiga la situación y se aclaran las acusaciones.
"Hay un serio problema, ya que las manos del comisionado están atadas cuando sospecha de actitudes delictivas, corrupción o simple conducta no profesional y mal desempeño" de funciones, agregó Shields.
Las estadísticas del JCF sugieren que nuevas prácticas policiales han empezado a dar sus frutos. El número de homicidios en la violenta zona occidental de Kingston bajó de 78 casos en 2005 a 55 este año, y en la totalidad de la isla, se registraron 895 asesinatos en lo que va de 2006, mientras el año pasado fueron 1.196. En la vecina ciudad de Spanish Town, la policía logró quebrar a las temibles bandas de drogas Clansmen y One Order.
"La policía puede matar a unos pocos inocentes y no digo nada sobre eso, pero no puede permitir que los delincuentes aterroricen a la gente", dijo Marvin Hawthorne, un conductor de taxi de 29 años de Kingston.
Fox no está convencido de que los cambios sean suficientes. Jamaiquinos por la Justicia, FAST, el Consejo Independiente para los Derechos Humanos, y el capítulo local de Amnistía Internacional se reunieron con la primera ministra, Portia Simpson Miller, para expresarle la necesidad de crear una entidad independiente encargada de examinar las acusaciones de corrupción, abusos y asesinatos en el cuerpo policial.
Según dijeron los asistentes, no lograron despertar el entusiasmo de la primera ministra por la creación un tal ente.
"Mientras viva seguiré hablando contra esto", dijo Fox blandiendo la foto de su hijo. "No voy a parar. No es sólo sobre Joel, sino sobre todo el sistema que no funciona y que necesitamos que cambie".
