«Detengan el muro», reza un cartel sobre los paneles de metal de tres metros de altura que aíslan un complejo de viviendas habitado por inmigrantes sobre la calle Anelli de la ciudad de Padua, en el rico norte italiano.
Los carteles, al parecer, funcionaron. A fines de este mes, el muro instalado en esta ciudad industrial de Italia habrá alcanzado una longitud de 80 metros. Pero no avanzará más.
No es muy grande, pero es suficiente para separar este complejo de viviendas del resto de los barrios residenciales, los centros comerciales y los edificios de oficinas de Padua. A un costado del barrio cerrado se ubica el muro, y en los otros tres apenas una cerca.
Los edificios verdes de cuatro pisos son el hogar de unos 700 inmigrantes, la mayoría procedentes de Marruecos y de Nigeria. La entrada al complejo cuenta con un puesto de control con presencia policial constante.
"Nadie quiere alquilar un apartamento a una familia negra", dijo a IPS el nigeriano Alphonsus Iroh, quien vive allí. "Es difícil conseguir casa fuera de Anelli."
Iroh vive con su esposa y sus dos hijos en un apartamento de 28 metros cuadrados. El precio del alquiler en el complejo oscila entre 640 y 1.280 dólares al mes, mucho más que el precio de mercado.
La semana pasada, 80 personas se reunieron de tarde en un espacio abierto del complejo para cocinar carne asada, mientras escuchaban música a alto volumen. A la distancia, unos 10 policías observaban.
El complejo no es lindo ni confortable. La mayoría de los apartamentos carecen de calefacción. Hay escombros en todos los rincones. Hay grafitos en las paredes rojo oscuro.
La calle Anelli es conocida como "el Bronx de Padua", en alusión al barrio neoyorquino de predominio negro. "Este nombre simboliza la segregación de los inmigrantes, la droga y la prostitución", dijo Daniela Ruffini, responsable de políticas migratorias del gobierno local centroizquierdista.
En el complejo también se sufre una violencia como la que suele atribuirse al Bronx. A fines de julio, una pelea entre pandillas enfureció a los vecinos, que reclamaron la construcción del muro.
"Lo que hicimos fue reemplazar una cerca que había sido arrancada por vendedores de drogas. El pedido fue de vecinos y policías, pues la mayoría de los pequeños narcotraficantes evitan los controles perdiéndose en el vecindario", dijo Ruffini a IPS.
La vieja cerca era una malla de alambre. La nueva, más alta y gruesa, ha sido comparada con el muro que rodea Cisjordania, e incluso con los que separan la base naval estadounidense de Guantánamo del resto del territorio cubano. El diario alemán Süddeutsche Zeitung la consideró un recordatorio del muro de Berlín.
Tal vez la nueva barrera permanezca, pero la separación que le dio origen está predestinada a terminar.
Organizaciones de la sociedad civil han protestado en las afueras del complejo y exigieron a las autoridades el derribo del muro. "No se toma en cuenta la dignidad de quienes viven allí", dijo la organización izquierdista Proyecto Global.
El muro es "un modelo peligroso para otras ciudades", advirtió la organización en una declaración. "Sólo puede reforzar el racismo ya presente en el área."
La asociación Razzismo Stop, que brinda asistencia material y legal a inmigrantes, amenazó con "remover el muro con una serie de acciones desde las bases".
Pero algunos de los residentes del complejo aplauden la construcción.
"Esto es maravilloso. Ahora los vendedores de drogas no podrán ir y venir todo el tiempo. Habrá más control", dijo Iroh, quien, sin embargo, acusó a la policía de "no hacer lo suficiente para proteger a quienes nos mantenemos fuera del tráfico de drogas".
El complejo será clausurado el año próximo. Tres de los seis edificios fueron evacuados en 2005, y las autoridades de Padua asignaron nuevas viviendas a 327 personas. Otro edificio será desalojado en octubre, y los restantes dos, a fines de 2007.
"El objetivo es terminar con este gueto que nos avergüenza", dijo Ruffini. "Padua cuenta con más de 19.000 inmigrantes legales, bien integrados en la sociedad. Hay otros que no encontraron alternativas, y trabajamos para dárselas."
Padua tiene una población de 205.000 habitantes. Uno de cada tres recién nacidos en los hospitales locales tiene origen extranjero, según estadísticas oficiales. La provincia tiene una población inmigrante de 70.000, la mayoría de los cuales trabajan en fábricas.
"Los inmigrantes en la calle Anelli y sus vecinos sufren las amenazas de pandillas de delincuentes que pueden ocultarse con facilidad en una zona tan degradada", dijo Ruffini. "La municipalidad trabaja sin descanso para encontrar nuevas viviendas, pero la legislación no ayuda."
La ley migratoria vigente lleva el nombre de los ex ministros derechistas que promovieron su aprobación en 2004, Umberto Bossi y Gianfranco Fini. Esa norma admite la residencia de inmigrantes sólo si cuentan con contrato de trabajo, la restringe a dos años y tipifica la permanencia más allá de ese plazo como delito.
"Esta ley tiene el objeto de controlar y explotar a la fuerza de trabajo, no el de la integración de quienes vienen aquí a trabajar", enfatizó Ruffini. "Es una ofensa a la dignidad humana."
Los inmigrantes constituyen 4,8 por ciento de los 56 millones de habitantes de Italia, según la organización humanitaria Caritas. Cincuenta y nueve por ciento de ellos están radicados en el norte, el área más industrializada del país. (FIN/IPS/traen-mj/sm/ss/eu pr hd cv dv md/06)
