La represión ilegal y el secuestro, que marcaron la vida cotidiana de Argentina entre 1976 y 1983, regresan en forma de angustia con la misteriosa desaparición de un testigo crucial para la primera condena por genocidio contra un ex agente de la última dictadura.
Jorge Julio López, de 77 años, fue visto por última vez el domingo 17. Su testimonio había sido clave para condenar el martes 19 a Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la Policía de la oriental Provincia de Buenos Aires, por secuestros, torturas y homicidios durante el último régimen militar (1976-1983).
López había prometido asistir al juicio el lunes 18 para que sus abogados alegaran contra el acusado en vísperas de la sentencia. Pero no se presentó. Desde entonces, la policía bonaerense lo busca por todo el distrito, y su rostro se multiplica en avisos de televisión y afiches callejeros.
Este martes, el Tribunal Oral Federal de La Plata, capital de la provincia, sostuvo en los fundamentos de su fallo que quedó acreditado en el proceso que durante el régimen los cuadros inferiores de las Fuerzas Armadas y policías tenían dominio sobre centros clandestinos de detención.
Los crímenes de Etchecolatz son "de lesa humanidad", "comandó varios centros clandestinos de detención", y cometió "delitos gravísimos" en el marco de un genocidio, sostuvo el tribunal. El ex jerarca policial fue condenado a reclusión perpetua.
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En los años 70, López era albañil y militaba en el Partido Justicialista. Fue secuestrado por la policía provincial en octubre de 1976 y liberado tres años después, tras haber sido torturado por Etchecolatz y otros uniformados en diversos campos de concentración.
Su declaración permitió probar que la pareja de prisioneros Patricia Dell'Orto y Ambrosio de Marco fueron asesinados por el entonces jerarca policial mediante sendos balazos en la cabeza. También prestó testimonio del asesinato del paraguayo Norberto Rodas y de otros detenidos a los que no pudo identificar.
La desaparición de López ha provocado reacciones dispares. Su familia cree que puede estar oculto y atemorizado, por haber caído en un estado de conmoción. Las organizaciones de derechos humanos están convencidas de que fue secuestrado por agentes activos o retirados de la policía, mientras las autoridades sostienen posiciones entre cautas y temerarias.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, manifestó este martes que "no se descarta ninguna hipótesis" sobre la desaparición. "Podría estar secuestrado, pero también cabe la posibilidad de que haya decidido preservarse escondiéndose, pero no hay ninguna evidencia de estas alternativas", admitió.
El presidente Néstor Kirchner habló por primera vez este martes sobre el asunto. "Ponemos nuestra voluntad, nuestra decisión, para que esto termine rápidamente y podamos encontrar a este compañero", dijo. "Vamos a proteger el camino de la lucha contra la impunidad, no tengan miedo", agregó.
En cambio, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, se refirió de modo directo a una desaparición forzada como las que se perpetraban cotidianamente en la dictadura y no descartó que hubiera "policías de la provincia involucrados".
"Esta no es una desaparición cualquiera", sostuvo Solá en una rueda de prensa junto al ministro de Seguridad provincial, León Arslanián. López fue un "testigo fundamental" y podría convertirse en "el primer desaparecido de Argentina desde los años del terrorismo de Estado", dijo el gobernador, aunque luego aclaró que se refería a la primera víctima de aquel régimen que desaparecía en democracia. Unas 30.000 personas "desaparecieron" durante la dictadura, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales.
Según Solá, la desaparición podría ser un mensaje hacia otros testigos de un millar de juicios iniciados tras la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, adoptadas a fines de los años 80 para asegurar la impunidad de crímenes de la dictadura.
De hecho, Etchecolatz había sido condenado a 23 años de prisión por secuestros y tormentos en 1986, pero la Ley de Obediencia Debida, promulgada en 1987, le permitió quedar libre.
El testimonio de López fue prestado en el primer juicio oral contra un ex represor desde la anulación de esas normas.
Las entidades humanitarias coinciden en que López pudo haber sido secuestrado por agentes activos o retirados de la policía, y convocaron a varios actos públicos en reclamo de su aparición con vida y la protección de quienes deberán prestar testimonio en futuros juicios contra uniformados.
"Ese domingo hablé con Jorge y estaba bien. Es un hombre lúcido que, pese a la edad, se movilizaba en bicicleta y que estaba muy satisfecho de haber declarado", dijo a IPS Nilda Eloy, la otra testigo clave para la condena de Etchecolatz.
Eloy admitió que no había indicios sobre un secuestro, pero lo consideró "lógico". "Sólo cinco por ciento de los represores está en cárceles, el resto está libre o detenido en su casa", comentó la mujer, quien fue secuestrada y torturada por Etchecolatz y estuvo casi un año en cautiverio en 1976.
Según reveló en el juicio, una veintena de hombres vestidos de civil irrumpieron en su casa una noche de 1976, encabezados por Etchecolatz, y la llevaron a un centro de detención ilegal. Sus padres y hermanos fueron golpeados y su vivienda saqueada en dos ocasiones.
Las amenazas a familiares, testigos y sobrevivientes fueron corrientes durante el proceso a Etchecolatz, pero no pasaban de llamadas telefónicas con mensajes intimidatorios. El hecho más grave fue una golpiza y el secuestro por algunas horas del fiscal Carlos Dulau Dumm.
Pero ese secuestro fue cometido hace dos años en el marco de otro proceso contra Etchecolatz. Con la desaparición de López, algunos sobrevivientes creen que se busca amedrentar. "Hay una incertidumbre mayúscula sobre lo que ocurrió", reconoció este martes el fiscal Dulau.
"En este juicio conseguimos un fallo histórico que apela a la figura de genocidio, y eso va a permitir un trabajo fundamental en las causas que vienen", remarcó. "Ahora hay testigos que comienzan a tener miedo de presentarse", añadió.
La aplicación de esa figura penal constituye toda una novedad. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948, define al crimen (muerte, lesión, exterminio, traslado forzoso, etcétera) cometido con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
La definición internacional excluye otros motivos, como los políticos, que estaban detrás de la represión dictatorial argentina a opositores.
La abogada Guadalupe Godoy, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, dijo a IPS no tener "ninguna duda" del secuestro de López y acusó a miembros de la policía bonaerense. "Lo podemos inferir por el momento en que ocurre y por el impacto que tendrá en otros testigos", precisó.
"La familia de López está destrozada por tener que revivir esta situación, y por eso prefieren pensar que sólo está perdido u oculto, es un mecanismo natural de defensa. Nosotros también creíamos lo mismo al principio, pero no ahora que pasaron nueve días de su desaparición", remarcó Godoy, querellante en la causa de Etchecolatz.
La abogada sostuvo que el gobierno bonaerense admitió que 60 miembros de la policía provincial en actividad actuaron en los años de la represión ilegal. De hecho, este martes el gobernador jubiló de manera anticipada a esos agentes.
Para Godoy, López era un hombre fuerte, no un anciano enfermo. "No sólo iba siempre al juicio en las etapas clave y para su testimonio, sino que hizo tres reconocimientos en lugares de detención", aseguró.
Las organizaciones de derechos humanos convocaron para este miércoles a una manifestación a la central Plaza de Mayo de Buenos Aires, frente a la sede del gobierno nacional, para reclamar la búsqueda activa de López. "Dolorosamente, otra vez, después de 30 años, vamos a pedir la aparición con vida de un desaparecido", sostuvieron.
