A 52 días de instalada la Asamblea Constituyente, convocada con la premisa de cambiar el curso de 181 años de historia republicana de Bolivia, su estado de salud política aún está en punto crítico por la radical pugna entre líderes de las dispares regiones de oriente y occidente del país.
La decisión del presidente de Bolivia, Evo Morales, de impulsar la aprobación de la nueva Constitución con la mayoría simple de los 142 representantes que lo apoyan, entre los 255 asambleístas, desató el enojo de los prefectos (gobernadores) de los cuatro departamentos, de los nueve en que se divide el país, que reclaman su autonomía administrativa.
A las autoridades de los rebeldes Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija se les suman organizaciones ciudadanas de clase media de esa región del este y sur del país agrupadas en comités cívicos, empresarios y partidos de la oposición de derecha.
Confiado en el respaldo obtenido en las elecciones del 18 de diciembre de 53,7 por ciento de los votos y que lo constituyeron en el primer presidente de origen indígenas del país en su historia, Morales propuso en la noche de la víspera un referéndum para que la ciudadanía elija la modalidad de voto en la Asamblea Constituyente, aunque no señaló la fecha de su convocatoria.
La legislación especial de llamado de la Asamblea indica que se necesita el respaldo de dos tercios de los miembros del cuerpo para aprobar el texto de la nueva ley fundamental, para recién luego someterla a referéndum ciudadano. Ese mismo porcentaje de votos está establecido en la Constitución vigente para habilitar cualquier reforma de su contenido por el Congreso Nacional.
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Empero, Morales y su partido, el izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), consideran que el respaldo popular a sus asambleístas otorga el mandato suficiente para crear una nueva Constitución bajo los principios de "descolonización" y nacionalización de los recursos naturales, con una amplia participación de las organizaciones indígenas en el diseño de políticas nacionales.
La oposición fortalecida en los cuatro departamentos orientales exige una mayor participación de las capas medias de la sociedad, del mundo empresarial y de agrupaciones regionales, ante lo cual exige que la reforma constitucional sea aprobada con los dos tercios de la Asamblea.
"Estamos tratando de encontrar una solución al conflicto que ha creado el MAS y buscamos salvar la Constituyente con una modalidad de voto mixta", expresó a IPS el asambleísta y jefe de la centroizquierdista Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, que enarbola la bandera de una Asamblea concertada y de diálogo permanente.
Una cumbre social convocada el sábado por el MAS respaldó la aplicación de la fórmula de mayoría absoluta (50 por ciento de los votos más uno) para modificar la Constitución, en consonancia con el reglamento interno impuesto a mediados de este mes por asambleístas afines al gobierno.
Mientras, el vicepresidente Álvaro García Linera expuso una posición más flexible, para combinar los dos modos de votación de acuerdo a la importancia de los temas.
Según Doria Medina y otros representantes de partidos y agrupaciones ciudadanas menores, los dos tercios podrían aplicarse a los temas de mayor importancia, mientras el resto de artículos se someterían a la mayoría absoluta.
Este debate, donde las posiciones parecen irreconciliables, se libra mientras los medios de comunicación locales se hacen eco de un informe periodístico que es atribuido a la cancillería argentina, en el cual se hace un alarmante pronóstico sobre una probable guerra civil en Bolivia y anticipa el ingreso de un millón de refugiados en el vecino país del sur.
Cuando la oposición sienta un tácito desconocimiento, es probable que no siga el camino de la resignación y ello puede conducir a un enfrentamiento y desobediencia civil, alertó ante IPS Franklin Pareja, coordinador de posgrado en Ciencias Políticas de la estatal Universidad Mayor de San Andrés.
Como refuerzo de esa hipótesis, el legislador Walter Guiteras, del derechista Poder Democrático y Social (Podemos), advirtió que el gobierno puede continuar tomando decisiones unilaterales, que luego los sectores de oposición también asumirán una conducta parecida.
Además de una pérdida de autonomía de los asambleístas, que obedecen a consignas políticas del gobierno, las autoridades departamentales y de la oposición, el espíritu democrático de debate se polariza creando un clima de confrontación, expresó Pareja.
"El gobierno tiene un modelo que no es liberal y los grupos de poder económico (afines a este modelo) no ceden porque están afectados en sus intereses", comentó el analista, en su intento por explicar las encendidas discusiones desatadas tras las decisiones de Morales de nacionalizar los recursos naturales, distribuir tierras a campesinos y dar una mayor participación indígena en sus políticas.
Las autoridades de Santa Cruz, uno de los departamentos más desarrollados del país y que encabeza la oposición a Morales, cuestionan al gobierno por su política de resaltar los valores andinos y occidentales e impulsar las organizaciones sindicales y campesinas.
También se quejan expresamente de lo que consideran falta de apoyo oficial a la economía de producción de esa jurisdicción, que aportó 800 millones de los 2.700 millones de dólares de exportaciones registradas en 2005.
La convocatoria de una Asamblea Constituyente nació, precisamente, al calor de las multitudinarias movilizaciones de 2003 contra la exportación de gas natural a América del Norte, que culminaron con el derrocamiento del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003). La fuerza motora de esas protestas fue la población campesina del occidente y pobre boliviano.
La intención invocada es, entre otras, establecer condiciones de igualdad para los 3,2 millones de campesinos pobres, recuperar los hidrocarburos explotados por firmas transnacionales y dar cabida en las políticas nacionales a las agrupaciones de indígenas, que constituyen la mayoría de los 9,6 millones de habitantes de Bolivia, donde 67,3 por ciento de su población vive en la pobreza.
El ambiente político registró un importante aumento de temperatura cuando el vicepresidente García Linera hizo un llamado a los campesinos de la región de Omasuyos, a 120 kilómetros de La Paz, a convertirse en "guerreros de la liberación indígena" para la defensa de la nacionalización de los hidrocarburos y los recursos naturales, decretada el 1 de mayo.
García Linera, un intelectual de izquierda, reivindicó en un discurso público su adhesión a la lucha armada, de la cual fue protagonista como integrante del insurgente Ejército Guerrillero Tupak Katari en la década del 90, y luego encarcelado, además de recordar que en esas tierras andinas aprendió a "amar y matar".
Tras la reacción de políticos opositores en contra de esas expresiones, García Linera ofreció disculpas.
A todo esto, Doria Medina, un influyente empresario del cemento, pinta cuatro escenarios posibles para el futuro de la Asamblea Constituyente cuando se acercan los dos meses de debate.
Puede ocurrir un colapso por las posiciones radicales y también es posible que el MAS apruebe una nueva Constitución por mayoría absoluta.
Una tercera probabilidad, como consecuencia de la anterior, es una derrota frente al electorado que debe volver a votar la nueva ley fundamental y, por último, el mejor escenario sería la redacción de una Constitución "apropiada y en un ambiente de concertación", apuntó.
"Tengo esperanzas de que podamos resolver el desencuentro y apliquemos una fórmula mixta", expresó Doria Medina.
