El debate sobre la extensión de la presencia observadora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia se instaló este lunes en la sesión del Consejo de Derechos Humanos del foro mundial bajo los auspicios de la Unión Europea (UE).
Vesa Himanen, representante de Finlandia que habló en nombre de los 25 Estados miembros del bloque europeo, opinó que la facultad otorgada a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de supervisar la vigencia de esas garantías en Colombia, debe ser prolongada por varios años.
La extensión del mandato de una vez y por varios años sería importante para asegurar el funcionamiento continuado y previsible de la representación de la ONU, dijo Himanen al Consejo, durante la sesión inaugural del período que concluirá el 7 de octubre.
Blaise Godet, representante de Suiza ante el Consejo, compartió la idea de prolongar el mandato de la Oficina en Colombia y consideró "importante mantener una fuerte presencia allí". El gobierno colombiano debe seguir haciendo uso de los servicios de la Oficina, recomendó.
La Oficina en Colombia fue creada por un acuerdo de la ONU con el gobierno colombiano firmado el 29 de noviembre de 1996, pero sólo comenzó sus funciones en abril de 1997. En la actualidad, dirigida por el funcionario uruguayo Juan Carlos Corlazzoli, mantiene una sede central en Bogotá y suboficinas en Bucaramanga, Cali y Medellín.
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El mandato de la Oficina expiraba el próximo 30 de octubre. Sin embargo, el presidente colombiano Álvaro Uribe anunció la semana pasada a Corlazzoli que lo extendería por un año, hasta el 30 de octubre de 2007.
Colombia lleva casi medio siglo de guerra interna, con guerrillas izquierdistas rurales surgidas en los años 60, grupos paramilitares de ultraderecha articulados con fuerza desde los años 80 y que están en proceso de desmovilización parcial, y un poderoso narcotráfico proveedor del mercado estadounidense, que ha servido como combustible del conflicto.
La situación de los derechos humanos en ese país sudamericano preocupa también a las organizaciones no gubernamentales especializadas, como la estadounidense Human Rights Watch (HRW), que en su último informe la describió como "la más grave" de toda la región americana.
Colombia tiene una de las mayores poblaciones desplazadas internas de todo el mundo, mencionó HRW.
En otro ángulo, Amnistía Internacional sostuvo hace dos semanas que las fuerzas de seguridad del gobierno y los grupos paramilitares siguen trabajando en forma conjunta para hostigar a los defensores de derechos humanos por medio de intimidaciones y agresiones.
"El gobierno del presidente Uribe dice que está trabajando por la paz, pero tiene sangre en las manos", sostuvo en esa fecha Larry Cox, director ejecutivo de Amnistía en Estados Unidos.
Ante ese cuadro, el representante de la no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas, Andrés Sánchez, coincidió en que la función de la Oficina de la ONU en Colombia "se necesita hoy más que nunca".
El letrado aseveró que su país asiste al agravamiento de la situación de los derechos humanos "como consecuencia de la promoción que hace el gobierno de la más gigantesca operación de impunidad en la historia".
Los casos de impunidad se relacionan con crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de derechos humanos cometidas por unos 40.000 paramilitares que están siendo exonerados de responsabilidad penal, como parte del proceso promovido por el gobierno para desmovilizar a esas milicias, explicó Sánchez a IPS.
En otro plano, las ejecuciones extrajudiciales cometidas directamente por agentes estatales se han incrementado en 60 por ciento durante los cuatro años de gobierno de Uribe, agregó Sánchez. El presidente, que cumplió su primer período entre 2002 y 2006, inició el 7 de agosto su segundo mandato, que concluirá en 2010.
Durante las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la representación de la UE preguntó a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, cuáles eran sus planes para la prolongación del mandato de la Oficina en Colombia.
Arbour respondió que la situación colombiana se sigue discutiendo con el gobierno, aunque precisó que la presencia de la Oficina en ese país "debería estar garantizada".
Carlos Franco, director del Programa Presidencial de Derechos Humanos de Colombia, dijo a IPS que la cuestión será examinada por Arbour y la ministra de Relaciones Exteriores de su país, María Consuelo Araújo, durante un encuentro que sostendrán en Ginebra antes de la conclusión de las presentes sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el 7 de octubre.
El funcionario expuso las aspiraciones de Bogotá. El gobierno ha planteado que considera importante la presencia de la ONU en Colombia, que es pertinente. Pero también quisiera, de manera conjunta con la representación del foro mundial, evaluar qué ha pasado en los años que lleva en Colombia. Qué cambios ha habido en el país, qué lecciones hemos aprendido de las relaciones entre el gobierno y la Oficina, dijo Franco.
"Lo único que quiere el gobierno es evaluar conjuntamente. Por esa razón hemos propuesto a la Oficina que usemos este año en hacer esa reflexión, más que una evaluación. Y que a partir de eso miremos si es conveniente hacer ajustes o no al acuerdo", dijo.
A la pregunta de si el gobierno colombiano cree que ha desaparecido alguna de las razones que dieron origen al establecimiento de la Oficina, Franco respondió: "El gobierno no cree nada, no tiene ninguna idea preconcebida. El gobierno considera que hay que hacer una reflexión", insistió.
El delegado colombiano expuso que "nosotros no consideramos que la Oficina deba abandonar Colombia en este instante, por ejemplo. Pero queremos saber, reflexionar, identificar los aspectos que debamos fortalecer. Esa es la reflexión del gobierno respecto de la Oficina. Es que si ha permanecido 10 años en un país, tiene que haber producido un impacto", indicó.
Franco observó que "cualquier intervención de las Naciones Unidas es temporal, no eterna. Entonces la pregunta es, ¿necesitamos 20 años, 15, 30? Esa es sencillamente la discusión. Y, segundo, ¿para qué?".
El funcionario arguyó que "se ha querido deslegitimar al gobierno planteando que cualquier discusión es de mala fe. Nos parece preocupante que el país esté recibiendo presiones que no corresponden a la actitud que tiene Colombia".
El jurista Sánchez puntualizó que una evaluación de la presencia de la ONU en Colombia debía realizarse con el objetivo de perfeccionar su desempeño, por lo que "debería conducir no al debilitamiento de la Oficina, sino a fortalecer su capacidad de acción", opinó.
El representante de la Comisión Colombiana de Juristas estimó igualmente que esa evaluación de la Oficina debe garantizar que el gobierno colombiano dé un pronto cumplimiento a sus recomendaciones.
