Quienes luchan por la despenalización del aborto terapéutico en Chile intentan no decaer ante el escenario actual: nula voluntad política, rechazo de la Iglesia Católica y limitado apoyo social. El único aliento es la señal del gobierno de Michelle Bachelet en materia de anticoncepción.
Se espera que el 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, un centenar de mujeres de diversas organizaciones feministas marchen por las calles de la costera ciudad de Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago.
Las mujeres acudirán a la sede del Congreso legislativo, ubicado en esa ciudad, para entregar una solicitud con firmas a los parlamentarios, para que se legisle a favor de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Luego se dirigirán a la catedral, donde recordarán a las fallecidas por complicaciones derivadas de abortos clandestinos.
Ese mismo día, en Santiago, está programada una vigilia en la céntrica plaza de la Constitución. Desde las cinco de la tarde hasta la medianoche, una decena de instituciones de la sociedad civil realizarán actividades recreativas y exhibirán cortometrajes alusivos al asunto.
"Nuestro principal objetivo es sensibilizar a la comunidad, ya que todavía se mira a las mujeres que abortan como asesinas y criminales", comentó a IPS Rosa Yáñez, coordinadora regional del Foro Red de Salud de Derechos Sexuales y Reproductivos de Chile, que agrupa a más de 30 entidades del país.
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Las activistas piden principalmente que se reponga el aborto terapéutico (que se practica cuando la vida de la madre está en peligro), vigente entre 1931 y 1989, cuando fue prohibido por la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990). Las mujeres que se realizan abortos arriesgan a recibir penas de entre tres y cinco años de cárcel.
También exigen que los servicios de salud públicos a los que llegan las mujeres que se practican abortos inseguros, proporcionen un trato humanizado a las pacientes y no notifiquen los casos a la justicia. En este país se realizan cerca de 160.000 abortos al año, según estimaciones no oficiales, y éstos son una de las principales causas de muerte materna, con una incidencia anual de 10 por ciento.
"Estamos conscientes de la oposición de la derecha conservadora y de la Iglesia Católica. El tema tampoco está en la agenda de la presidenta Bachelet y no hay una movilización masiva de la ciudadanía. Pero eso no significa que no podamos levantar nuestras demandas", afirmó Yáñez.
La cuestión resurgió con motivo de la sesión número 36 del comité de expertos de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), a mediados de agosto en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.
La Cedaw es un instrumento internacional aprobado en 1979 por la Asamblea General de la ONU y suscrito hasta ahora por 183 países del mundo. Chile lo ratificó en 1989.
El comité de Cedaw está formado por expertas y expertos elegidos por los países miembros de las Naciones Unidas, los cuales analizan los informes de los Estados partes y hacen recomendaciones para avanzar en la eliminación de las discriminaciones contra las mujeres. La delegación chilena presente en la última reunión estuvo liderada por la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Laura Albornoz, quien presentó el cuarto informe sobre los avances de Chile en materia de equidad de género.
En esa oportunidad, la funcionaria fue consultada respecto de la despenalización del aborto, ante lo cual respondió no estaba en el programa de gobierno de Bachelet, quien asumió su cargo el 11 de marzo de este año.
Asimismo, el comité manifestó su preocupación por el atraso en la ratificación del protocolo facultativo de la Cedaw, entrampado en el Congreso legislativo desde 2002, y que sí es parte de la agenda de trabajo de la mandataria.
Al ratificar el protocolo facultativo, el país reconoce la competencia del comité de expertos de la Cedaw —que supervisa el cumplimiento de la Convención por parte de los gobiernos— para recibir y estudiar denuncias de personas o individuos dentro de su jurisdicción.
"El protocolo facultativo de la Cedaw es muy importante para las mujeres chilenas dado que contiene mecanismos que permiten a las víctimas de discriminación denunciar los hechos directamente a un tribunal internacional", explicó a IPS la abogada de la no gubernamental Corporación Humanas, Camila Maturana.
La jurista aclaró que las personas sólo pueden recurrir a esta instancia en casos extremos, cuando se hayan agotado todos los recursos jurídicos dentro del país, y que las sentencias del tribunal no tienen efectos vinculantes (obligatorios).
No obstante, algunos parlamentarios de la oposición derechista han manifestado públicamente su rechazo a la ratificación de este instrumento, criticando las orientaciones del comité de expertos, que ya ha recomendado a Chile revisar su legislación en materia de aborto.
"Las propuestas (del comité de la Cedaw) no tienen orientaciones valóricas, al revés, desapegan a la familia, alejan a las mujeres, dan muchos derechos y pocos deberes", declaró en agosto al diario El Mercurio, María Angélica Cristi, diputada del partido de ultraderecha Unión Demócrata Independiente (UDI).
De igual forma, el senador Juan Antonio Coloma, también de la UDI, indicó que "suscribir el protocolo es abrirle las puertas al aborto en Chile y eso sería un grave error". En tanto que el senador del partido de derecha liberal Renovación Nacional (RN), Sergio Romero, aseguró que significará restarle jurisdicción a los tribunales y a las leyes chilenas.
La ministra Albornoz está esperando las nuevas recomendaciones que vendrán desde Nueva York, las cuales, adelantó, se centrarán en "la escasa participación de las mujeres en cargos de representación, la alta cifra de femicidios en lo que va corrido del año, la violencia contra las mujeres en el espacio familiar y la baja tasa de mujeres en el mercado laboral".
"Lamentablemente, la derecha política desde hace muchos años viene rechazando diversos mecanismos internacionales de justicia, como por ejemplo el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional", aseguró Maturana, quien cree que la despenalización del aborto volverá a ser sugerida por el comité de expertos.
La abogada cree que detrás de esa postura hay una concepción conservadora de la sociedad, que no reconoce la igualdad de géneros, por lo que tiende a realizar campañas de desinformación a la ciudadanía. "Siempre están poniendo la unidad de la familia por sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", apuntó.
En cuanto a la prohibición del aborto terapéutico, Maturana asegura que Chile está en una "situación retrógrada" con respecto al resto del mundo, y que es una "deuda permanente del país hacia las mujeres", dado que no se privilegia el derecho a la conservación de la vida de la madre.
La profesional cree muy difícil conseguir la reposición del aborto terapéutico en el corto plazo, pero afirma que "progresivamente se van abriendo espacios de debate en el país".
"Hace 10 años nadie habría pensado que tendríamos ley de divorcio, y hoy la tenemos. Hace cinco, nadie habría pensado que discutiríamos tan abiertamente la sexualidad de las niñas de 14 años, y hoy es una realidad", dice Maturana, en referencia a la polémica desatada por las nuevas Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad del Ministerio de Salud, anunciadas a comienzos de este mes.
El gobierno de Bachelet autorizó la prescripción y entrega gratuita en los servicios públicos de salud de anticonceptivos tradicionales y de emergencia a mujeres mayores de 14 años que los soliciten, sin necesidad del consentimiento de sus progenitores.
La medida fue paralizada por la Corte de Apelaciones de Santiago el día 13, luego de acoger dos recursos de protección presentados por un alcalde y dos ciudadanos particulares, quienes sostienen que la disposición gubernamental vulnera el derecho de los padres a elegir cómo educar a sus hijos en materia afectiva y sexual.
El viernes 22, la misma Corte de Apelaciones revocó su primer dictamen, permitiendo la distribución de los anticonceptivos hasta que no se analice el "fondo" de los recursos presentados. En tanto, el jueves el Ministerio de Educación anunció la puesta en marcha de un programa de educación sexual en los establecimientos educativos del país.
Para Maturana, la entrega de la píldora del día después es "una señal de que el debate va avanzando".
