Tras el fracaso del segundo intento de Bolivia para persuadir a Estados Unidos de prorrogar el acuerdo de preferencias arancelarias, el gobierno prepara un paquete de créditos prometidos por el presidente Evo Morales para salvar a las empresas exportadoras de la bancarrota.
Este jueves regresó con esperanzas, pero con las manos vacías el vicepresidente boliviano Álvaro García de su segunda misión a Estados Unidos para conseguir la renovación de la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (Atpdea, por su sigla en inglés), que expirará en diciembre.
El vicepresidente afirmó que el gobierno boliviano espera que el Congreso legislativo estadounidense considere la renovación de la Atpdea en noviembre próximo, pero si ello no ocurre, la ley sería considerada el próximo año.
"A diferencia de lo que sucedía hace dos meses, cuando fue por primera vez a Washington, ahora el gobierno boliviano llevó un conjunto de resultados y de propuestas", declaró García en rueda de prensa.
El vicepresidente explicó que durante su segunda visita a Washington expuso la propuesta de profundizar las relaciones de cooperación mutua, complementación en diferentes áreas, apoyo a la democracia, lucha contra el narcotráfico, combate contra la pobreza y fortalecimiento de las relaciones comerciales de ambos países.
Fuentes diplomáticas de Estados Unidos insinuaron la falta de éxito de la visita al indicar que la gestión de García se realizó fuera del calendario del Congreso de ese país.
Bolivia, el país andino más empobrecido de América del Sur, podría perder unos 80.000 empleos directos y beneficios indirectos para otras 250.000 personas, así como 384,5 millones de dólares en divisas por exportaciones, de no prorrogarse la ley.
El antecedente de la Atpdea, la Ley de Preferencias Andinas Arancelarias, fue aprobado por Estados Unidos en 1991 como componente comercial de la lucha antidrogas en la región, con una vigencia de 10 años para Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Al cesar su vigencia en 2001, los cuatro países andinos presionaron por su renovación, que consiguieron en 2002 mediante la Atpdea, ampliando y prolongando los beneficios hasta fines de 2006. Como opción para sostener más allá de esa fecha las reducciones arancelarias, Washington planteó la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC). Bolivia fue beneficiada con las medidas comerciales por la reducción de producción de cocaína y como compensación al esfuerzo de erradicar las plantaciones ilícitas de coca en la zona del Chapare tropical, en el central departamento de Cochabamba, durante el gobierno del presidente Banzer (1997-2001).
Sin embargo, el gobierno estadounidense expresó su insatisfacción con los resultados de la lucha contra las drogas, según su propio monitoreo, en el primer quinquenio del milenio.
Según el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de marzo de este año, "del año 2000 al 2005 ha habido un incremento en el cultivo de coca de 19.600 a 26.500 hectáreas, debido en parte a la incapacidad del gobierno de Bolivia de llevar adelante una erradicación forzosa en los Yungas, zona a la cual muchos cocaleros del Chapare han migrado, y en parte debido a las concesiones que alentaron a los productores a plantar más. En total hubo un incremento de ocho por ciento entre 2004 y 2005, alcanzando 26.500 hectáreas".
La legislación boliviana reconoce el cultivo legal de coca en 12.000 hectáreas, para fines de consumo tradicional, es decir mediante infusiones, masticación de hojas y para usos rituales.
El independiente Centro Latinoamericano de Investigaciones (Celin) coincide con el informe estadounidense en la dimensión de los cultivos y en una de las causas de su incremento.
Según el Celin, existen alrededor de 15.000 hectáreas con plantaciones ilícitas, las cuales sumadas a las legales da 27.000. Además, opina que la tendencia creciente de las mismas es consecuencia de la presión de las organizaciones afines al gobierno en demanda de autorización para sembrar más coca.
En tanto, el Informe Mundial sobre Drogas de de la Organización de las Naciones Unidas, de junio pasado, indica que en 2005 había 25.400 hectáreas cultivadas con coca, mientras que en el año 2004 ascendían a 27.700, indicando una reducción, al contrario de lo asegurado por el gobierno estadounidense.
Morales, él mismo un dirigente de los campesinos cocaleros, afirmó que durante su primer año de gobierno serían erradicadas unas 5.000 hectáreas, sin hacer uso de la violencia.
Aunque a principios de este año, Morales rechazó la posibilidad de negociar un TLC con Estados Unidos, como han hecho Colombia y Perú, la segunda gestión del vicepresidente en Washington parece mostrar un rumbo diferente. La propuesta que llevó García incluyó un plan integral antidrogas y un Acuerdo de Comercio Justo y Cooperación Productiva.
En una postura contraria a las políticas de Washington, Morales profundizó sus relaciones con Cuba y Venezuela, países con los que suscribió el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) en abril pasado, el cual tendrá un volumen de intercambio inferior al que mantiene con Estados Unidos.
La inquietud empresarial del oriental departamento de Santa Cruz, uno de los bastiones de las exportaciones bolivianas, encabezada por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), generó una corriente favorable a un mayor acercamiento con el gobierno estadounidense, ante el temor de provocar más desocupación en un país que soporta un desempleo abierto de 9,17 por ciento, según el estatal Instituto Nacional de Estadística.
La no renovación del acuerdo con Estados Unidos provocaría el cierre de empresas pequeñas e incapaces de entrar en el mercado estadounidense sin los beneficios arancelarios actuales.
"Esperamos que esa pérdida de mercado no ocurra, en beneficio de la propia paz social del país", expresó a IPS el gerente general del IBCE, Gary Antonio Rodríguez.
De un total de 2.752 millones de dólares en productos exportados durante 2005, unos 385 millones fueron comercializados en el mercado estadounidense y de ellos alrededor de 250 millones se lograron gracias a la liberación de aranceles, dijo Rodríguez.
El lunes y mientras García se encontraba en Washington, el gobierno anunció la creación de un fondo de 12 millones de dólares que será entregado en calidad de crédito a 530 empresas que exportan manufacturas, para cubrir el arancel de ingreso de productos al mercado estadounidense.
Ese respaldo permitiría a los comerciantes continuar sus actividades y evitar el despido de sus empleados, pero "esta medida es perentoria, y no se podría depender de este esquema porque al final los propios exportadores terminarán asumiendo el costo adicional de aranceles", afirmó el ejecutivo.
Durante las últimas semanas, el IBCE recogió ideas y propuestas de empresarios, sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales en cuatro ciudades bolivianas, que sugieren avanzar hacia un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos, que, independientemente del nombre, debe ayudar a salvar a las empresas y al empleo de miles de bolivianos.
Según el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, Javier Gómez Aguilar, la proximidad de la finalización del Atpdea está forzando al gobierno a abandonar la ambigüedad de sus posiciones iniciales.
"El Movimiento al Socialismo (al que pertenece el presidente) debe aclarar las relaciones con Estados Unidos en varios campos", dijo el economista a IPS.
Frente a una presión real de Estados Unidos, Bolivia no podría seguir el camino de Venezuela, que mantiene una postura política divergente con la administración del presidente George W. Bush, pero conserva una buena relación en materia comercial, en virtud de sus vitales ventas petroleras, agregó.
Aunque aún faltan más de tres meses para el fin de la liberación de aranceles para los productos bolivianos, Gómez advirtió que algunas empresas están usando el argumento de la terminación de la Atpdea para despedir trabajadores y suspender subcontratos con pequeñas empresas artesanales de la ciudad de El Alto, un gran suburbio pobre de La Paz.
Entretanto, otras manufactureras resolvieron salir del país e instalarse en la población peruana de Yunguyo, en la frontera con Bolivia, para aprovechar las ventajas del TLC suscrito por Perú y Estados Unidos, concluyó el analista.
