La Asamblea Constituyente de Bolivia cayó en coma junto al operador político del oficialismo, el líder indígena Román Loayza, conectado a un respirador artificial, inconsciente y grave tras sufrir una caída en la sesión del viernes cuando se aprobó un reglamento que está a punto de dividir al país.
Los representantes de los derechistas y opositores Poder Democrático y Social (Podemos) y Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y de la centroizquierdista Unidad Nacional (UN) abandonaron la Asamblea y dejaron sólo al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y a ocho agrupaciones ciudadanas afines, creando incertidumbre sobre el reinicio de las sesiones, previsto para este lunes a la hora local 16.00 (20.00 GMT).
Podemos envió cartas a la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea solicitando la presencia de observadores para monitorear el proceso de la Constituyente.
Las organizaciones cívicas de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija (este y sur del país) y los partidos políticos de derecha celebran una reunión de emergencia este lunes para organizar movilizaciones y actos de protesta orientados a impedir el avance de las posturas indígenas en la Constituyente, creando el clima de mayor conflicto nacional desde el inicio de las deliberaciones, el 6 de agosto.
[related_articles]
Por su parte, el presidente Evo Morales convocó a las organizaciones sociales a defender la asamblea originaria y la nacionalización de los hidrocarburos, y también declaró el estado de emergencia y movilización. El mandatario acusó a los partidos opositores de ser responsables de una confabulación contra el proceso de la Constituyente y la política petrolera, dos estandartes de su gestión.
Dos horas antes de la aprobación del reglamento en su fase inicial, a las 4.30 de la madrugada del viernes, Román Loayza, dirigente campesino y jefe del bloque constituyente del MAS, sufría un accidente en medio de un enfrentamiento entre representantes del partido gobernante y opositores, entre empujones, latigazos e insultos.
El lugar donde se ubica la mesa directiva de la asamblea, el escenario del teatro Gran Mariscal de Sucre, capital y sede la Constituyente, había sido invadido por representantes del partido Podemos exigiendo que la asamblea respetara los acuerdos previos que incorporaban los dos tercios de votos para la aprobación y revisión del reglamento, la redacción del texto constitucional y el desafuero de asambleístas.
Pero la presencia del vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, en la sede de la Asamblea hizo cambiar la posición del MAS para retomar su postura inicial a favor de la mayoría absoluta para la totalidad de decisiones de la Constituyente, con un mandato de un año.
Loayza, de 57 años, se aproximó a la directiva instalada en el escenario y, al intentar su retorno a la platea, cayó en la fosa de músicos de manera accidental, y se halla en una sala de terapia intensiva de un hospital de la central ciudad de Santa Cruz.
El jefe de los médicos que lo asisten, Fernando Antelo, afirmó que su estado de coma se hallaba en el nivel siete sobre una escala de 15, como efecto del golpe sufrido en el parietal derecho donde fue localizado un peligroso edema cerebral.
"A pesar de la mejoría, su estado es crítico, pero se espera que salga del coma profundo", dijo el médico Erwin Quintanilla.
Loayza es un combativo dirigente sindical de la zona rural del altiplano boliviano, que en los últimos años tuvo actuaciones decisivas al conducir bloqueos de carreteras que desestabilizaron a los ex presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y Carlos Mesa (2003-2005).
Su posición es radical en cuanto al cambio del nombre de la República de Bolivia por el de Tahuantinsuyo, como en la era precolombina, y al reemplazo de la actual enseña nacional por una bandera multicolor de la etnia aymara (whipala).
Esta nación andina, la más empobrecida de América del Sur, atravesó desde inicios de este siglo la etapa más turbulenta de los últimos 24 años de democracia, debido a la insatisfacción de los sectores populares por los escasos resultados en materia de empleo pese al crecimiento económico, y como efecto de una nueva corriente de defensa de los recursos naturales como el agua y el gas natural.
La Asamblea Constituyente surgió de una demanda popular nacida al calor de la "guerra del gas" contra la exportación a América del Norte de ese hidrocarburo, en octubre de 2003, tras la renuncia de Sánchez de Lozada. El propósito era establecer condiciones de equidad para los sectores rurales muy pobres, la recuperación del gas, explotado por compañías extranjeras, y otros recursos naturales abundantes en el país.
La demanda fue enarbolada como bandera política por el actual presidente indígena Morales, que asumió en enero. Pero los sectores de oposición advierten que la mayoría de los constituyentes que apoyan esta tendencia, 142 incluyendo a pequeños partidos y agrupaciones ciudadanas, terminarán marginando la opinión de las minorías integradas por empresarios, clases medias y partidos de derecha.
"La Asamblea está herida de muerte", dijo a IPS el asambleísta y jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina.
En opinión del político y empresario del cemento, la "injerencia del Poder Ejecutivo en la Constituyente provocó una crisis. En estos momentos, lo más importante es salvar la Asamblea porque existe el riesgo de que no se avance en el proceso de reformas".
El investigador y profesor de historia de la estatal Universidad Mayor de San Andrés, Alexis Pérez, advirtió en declaraciones a IPS de una conspiración internacional contra la unidad nacional, pero lamentó que desde el gobierno se impulse una "andinomanía" —en referencia la región central y occidental de los Andes en la que habitan las dos etnias mayoritarias, quechuas y aymaras— enfrentada a los intereses de sectores oligárquicos que podrían conducir a una guerra civil.
Cuando los intereses entre la oligarquía y el pueblo son contrapuestos se genera una polarización que además está alimentada por programas parcializados y excluyentes, opinó.
"El problema no es antropológico, es económico y tiene relación con los 3,2 millones de habitantes pobres de las zonas rurales", explicó. Bolivia tiene una población de 9,6 millones, de los cuales 67,3 por ciento son pobres, según el Instituto Nacional de Estadística, y 34,5 por ciento indigentes, de acuerdo a cifras difundidas por el gobierno en junio.
El ex presidente y jefe de Podemos, Jorge Quiroga (2001-2002), recordó a Morales que su labor era unir a los bolivianos y armonizar los intereses de las regiones, así como evitar las agresiones e insultos.
Doria Medina advirtió que los departamentos de las regiones oriental y sur, a los que se denomina la "media luna", darán una respuesta muy contundente al gobierno y sus asambleístas en resistencia al reglamento de debates, y llamó al oficialismo a recapacitar.
