La empresa Metroagua, de la ciudad colombiana de Santa Marta, construye un colector pluvial que beneficiará a los habitantes del empobrecido sector nororiental de esa urbe caribeña. Pero ante la ausencia de servicios sanitarios, el canal podría arrastrar mucho más que lluvia hasta el mar Caribe.
Santa Marta, capital del departamento septentrional de Magdalena, no cuenta con un apropiado sistema de drenaje pluvial, y en época de lluvias se producen inundaciones, que en los barrios marginales cobran características de emergencia sanitaria debido a la ausencia de recolección de basura y de redes de saneamiento.
En los barrios marginales, el "acueducto" consiste en carros tirados por mulas, que venden de manera ambulante agua potable a cuatro centavos de dólar por galón. Mientras en los tugurios, cuyas viviendas se aferran desordenadamente al cerro, tampoco hay alcantarillado y a veces ni letrinas.
El sistema de drenaje recogerá las aguas llovidas de 31 barrios marginales, beneficiando a 8.508 viviendas, según Metroagua, empresa de capital mixto encargada del acueducto y el alcantarillado de esa ciudad de 1,7 millones de habitantes, y propiedad mayoritaria de las españolas Técnicas Valencianas del Agua y Canal Isabel II, de la Comunidad de Madrid.
La estatal Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), a cargo de la protección ambiental, aprobó la "viabilidad" del proyecto y aseguró que mejoraría la calidad de vida de los habitantes, solucionaría las inundaciones y crearía empleos durante su construcción.
El colector pluvial comprende la construcción de un canal de unos cinco kilómetros de longitud, que recogerá las lluvias a su paso hasta entregarlas al mar Caribe mediante un túnel de 258 metros a través de la montaña. El proyecto tiene un costo de unos 1.865 millones de dólares, aportados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
La desembocadura del subterráneo, cuya construcción se inició en mayo, coincide con un extremo de la bella bahía de Taganga, de poco más de 1,5 kilómetros y ubicada a 10 minutos en automóvil de Santa Marta, según aseguran numerosos documentos obtenidos por la comunidad de esa localidad.
El proyecto afectará la salud de los 4.600 habitantes de Taganga, así como a sus principales actividades: la pesca y el turismo, afirma la comunidad. También teme que se dañe la fauna y la flora marinas, los corales, el fondo del mar y el paisaje acuático, que es fuente de ingresos por el buceo recreativo.
Aunque se trata de un sistema de drenaje de aguas lluvias, los lugareños dicen que las lluvias arrastrarán desechos orgánicos, debido a la ausencia de alcantarillado y recolección de residuos en algunos barrios de Santa Marta. "Si no tienen agua para beber, mucho menos para el aseo", dijo a IPS una fuente de Taganga que rehusó ser identificada.
Además, en algunos trayectos superficiales, el colector correrá paralelo a una vía, también en construcción, por donde circularán camiones de carga de carbón y de químicos.
Aunque Metroagua tiene previsto instalar una rejilla para evitar la caída de basura en el caudal del canal, los habitantes de Taganga temen que el colector también reciba desechos de carbón y químicos, y que los talleres de reparación de camiones que se instalen al borde de la vía, arrojen en él restos de baterías de vehículos, aceite automotriz, combustible y pintura, llevando metales pesados y sustancias cancerígenas y venenosas a la bahía.
A la obra se oponen también los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que aducen que la bahía de Taganga está dentro de la "Línea Negra", un trazo imaginario reconocido por el Estado colombiano desde 1973, que demarca territorios ancestrales y sitios sagrados vitales para la supervivencia cultural de las etnias de la zona.
La bahía de Taganga contiene dos puntos sagrados, Java Julekun y Java Nekun, donde desde tiempos inmemoriales los indígenas van a recoger conchas marinas. El punto más amenazado sería Java Nekun, en el extremo noroccidental de la bahía, justo donde desembocará el túnel.
Aunque el proyecto fue propuesto en el programa gubernamental de audiencias públicas en 2003, la comunidad de Taganga niega haber sido consultada o informada previo el inicio de la obra.
Para acceder al proyecto completo, la comunidad presentó un recurso jurídico (tutela), cuyo fallo ordenó a Metroagua entregar dos documentos, pero su aplicación se estrelló contra los 800 dólares que cobra la empresa por la copia de ambos.
El 7 de julio, el alcalde de Santa Marta, José Francisco Zúñiga, reconoció que "fue un error no haber socializado el proyecto con los tagangueros". Lo mismo había hecho Metroagua el 6 de junio, en la primera reunión convocada por la comunidad.
Apenas el 13 de junio, Metroagua expuso el proyecto al competente Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar). La presentación de la empresa fue de "alcance limitado" y no incluyó "información detallada", según Invemar.
En contravía de Corpamag, que sostiene que la obra "no requiere para su ejecución de un estudio de impacto ambiental", Invemar, adscrito al Ministerio del Ambiente, declaró que "para conceptuar sobre los posibles efectos de la emisión de aguas del colector pluvial sobre la zona (…) es necesario conocer y revisar los estudios relacionados con los impactos ambientales".
Para el director de Invemar, Francisco Arias, "es conveniente tener un inventario detallado de los sistemas ambientales adyacentes al punto de emisión, con el fin de determinar su estado actual y grado de vulnerabilidad al efecto de las aguas del colector".
Invemar advirtió que el colector pluvial debe prever el aumento de cargas sedimentarias en el futuro, por lo cual se debería "hacer una caracterización y seguimiento al material sedimentario y tener previsiones sobre medidas de manejo".
También recomendó un estudio oceanográfico de vientos, corrientes, mareas y profundidades "para determinar la distribución de las aguas y material sedimentario que descargue el colector en la zona".
Para el Comité por la Defensa de un Ambiente Sano para Taganga, conformado por organizaciones de la comunidad hace cuatro meses, "ni la alcaldía ni Metroagua sustentan que esa (la desembocadura del canal) sea la alternativa más viable". Según un miembro del Comité consultado por IPS, no les han mostrado los documentos sobre las otras opciones consideradas.
Para el Comité comunitario, las aguas deberían canalizarse de forma paralela a la vía férrea y desembocar al lado de los muelles de Santa Marta, hacia el occidente del trazado previsto, con previo tratamiento para evitar la acumulación de sedimentos en el muelle. Una solución "mucho más viable y económica", sostuvieron los tagangueros en una carta enviada al alcalde el 20 de junio y firmada por 1.003 habitantes.
La misma carta atribuye el asesinato en 2003 del edil (representante local) de Taganga, Rafael Pinto, de unos 50 años de edad, a su activa oposición pública a la construcción de un alcantarillado y un sistema de tratamiento de aguas en esa localidad, cuya evacuación final estaba planeada en la bahía. La obra fue pospuesta como resultado de la queja presentada por Pinto ante la Procuraduría (organismo de vigilancia de entidades y funcionarios públicos).
La puesta en servicio del túnel echará por la borda los planes de los pescadores artesanales de Taganga de cultivar langosta, cuyas crías (puérulos) usan esta bahía de tranquilas y cálidas aguas como "sala cuna" para crecer.
Según la Fundación Sila Kangama, en un estudio financiado por el fondo de apoyo ambientalista Ecofondo, Taganga sobresale en el área del gran Caribe como uno de los sitios predilectos por los puérulos, comparable sólo con Puerto Morelos en México.
