El alcalde mayor de la capital venezolana, Juan Barreto, levantó polvareda a diestra y siniestra con su orden de expropiar dos de los tres campos de golf de la ciudad, para edificar en el lugar viviendas con destino a familias de clase media.
La decisión adelantada días atrás por Barreto, en un duro discurso contra opositores presentes, copó el debate público, que aumentó sus decibeles tras conocerse horas atrás, a través de la gaceta oficial del Distrito Metropolitano de Caracas, el decreto de "adquisición forzosa" (expropiación) de los clubes de golf Valle Arriba y Caracas Country, enclavados en la urbe.
"Mantener un metro cuadrado de grama (césped) en un campo de golf consume lo que necesitan 20 familias de 10 personas para sobrevivir durante una semana. En vez de que jueguen 185 socios podemos solucionar el problema de vivienda de 25.000 familias", había proclamado la semana pasada Barreto en una reunión de dirigentes comunitarios.
En ese mismo escenario, frente a centenares de partidarios suyos y del presidente Hugo Chávez, de viaje por Asia y Medio Oriente, Barreto apostrofó a los alcaldes municipales caraceños Henrique Capriles y Leopoldo López, del opositor partido centroderechista Primero Justicia, por representar a "la clase media putrefacta".
También se dijo capaz, en caso de ser necesario, de "expropiar no sólo los campos de golf sino un municipio entero", para buscar respuestas al drama de la vivienda.
Caracas, dos tercios de la cual es de jurisdicción federal y el otro pertenece al estado de Miranda, se divide en cinco municipios con sus respectivos alcaldes, mientras el gobierno en su conjunto es ejercido por el alcalde mayor. La expansión de la urbe ha llevado hoy a la existencia de una docena de distritos independientes.
En Caracas "viven 1,5 millones de personas en condiciones precarias" y, si con los terrenos de golf pueden beneficiarse unas 25.000 familias en esta primera etapa, "en otra fase de adquisiciones y expropiaciones podemos beneficiar hasta 100.000 familias", afirmó. Es que "he recibido 6.000 solicitudes sobre terrenos e inmuebles", añadió.
Venezuela, con 26,5 millones de habitantes y 6,3 millones de hogares según el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE), admite un déficit de 600.000 viviendas, mientras que más de un millón necesitan refacciones, dotaciones o ampliaciones, de acuerdo con un estudio de la organización no gubernamental Provea.
Ejemplo de ese millón de viviendas son las decenas de miles de construcciones informales que se apretujan en poco más de 1.000 hectáreas de colinas y zanjones del angosto valle de Caracas. El INE señala que a fines de 2004 había en el país 942.000 hogares, 16 por ciento del total, en situación de hacinamiento crítico.
La empresarial Cámara de la Construcción estima que el déficit de viviendas ya alcanza en todo el territorio a 1,8 millones de unidades. En ese marco, el no gubernamental Movimiento Sin Techo ha recogido unas 350.000 solicitudes de soluciones habitacionales de parte de familias humildes, dijo a IPS su portavoz, Máximo Hernández.
El déficit de viviendas se considera un talón de Aquiles dentro de las políticas sociales del gobierno de Chávez, quien en julio removió del cargo de ministro del área a Luis Figueroa tras 10 meses de gestión, luego que en 2005 se construyeron 41.000 viviendas, frente a las 120.000 previstas.
Para 2006 se planificó la construcción de 150.000 viviendas, según el ministro de Vivienda reemplazante, Ramón Carrizález, quien llega al cargo tras cosechar éxitos como titular de la cartera de Infraestructura. Pero hasta julio sólo se habían edificado 35.000.
José Núñez, autor de un estudio para Provea, recordó a IPS que desde 2004 se intensificaron las ocupaciones de terrenos baldíos e inmuebles desocupados, "como un mecanismo social precario para procurarse espacios de vivienda".
Barreto expropió a comienzos de 2006, para entregarlos a familias sin techo, decenas de inmuebles en Caracas, entre los que estaban desocupados, en construcción o sólo parcialmente habitados. Pero varias veces chocó con residentes de zonas de clase media, disconformes con sus nuevos vecinos.
Ahora, su decisión de expropiar los campos de golf, sorprendió a opositores y partidarios del gobierno, y generó una reacción inmediata de los posibles afectados, el empresariado y políticos de oposición. En el marco del agrio debate, nadie planteó alternativas para trasladar los clubes de golf.
Fernado Zozaya, presidente del selecto Caracas Country Club, dijo que "junto con los resientes en la urbanización se verán afectados 9.000 trabajadores directos e indirectos", además de que "los hoyos ocupan áreas por donde corren aguas de lluvia y no tienen infraestructura o servicios para edificar viviendas allí".
El Caracas Country Club tiene una extensión de 80 hectáreas y funciona desde hace 80 años. Más nuevo, el club Valle Arriba tiene 43 hectáreas. El jefe de urbanismo de la alcaldía mayor, Mikel Menéndez, dijo que "no se tocará ni un árbol, se preservará el paso de los vientos y se construirán edificios de cuatro a seis pisos".
Adquirir los terrenos de los campos de golf puede costar 240 millones de dólares, según los precios actuales de los predios en la zona, una suma no prevista en el presupuesto de la alcaldía mayor y que equivale aproximadamente a la mitad de todos sus gastos anuales.
La dificultad aumentaría si se confirma lo indicado por medios locales de que los terrenos originales de los clubes, según los límites aludidos en los decretos de expropiación, abarcarían también las residencias de casi una veintena de embajadores.
Caracas Country Club habría vendido en el pasado las áreas hoy ocupadas por las residencias de los representantes de Alemania, Bélgica, Canadá, Chile, España, Gran Bretaña, Holanda, Marruecos, Perú y Suiza. En tanto Valle Arriba habría hecho lo propio a Arabia Saudita, Francia, Iraq, Irán, Kuwait, México, Polonia y Turquía.
José Luis Betancourt, presidente de la central patronal Fedecámaras, dijo que el decreto "es una irresponsabilidad, una medida efectista, hecha sin el debido proceso y que puede sobrecargar con problemas a una ciudad que necesita desconcentrarse".
"Es una bravuconada para tratar de tapar su fracaso como alcalde y el espectáculo indigno que protagonizó contra los opositores la semana pasada", dijo, por su parte, Teodoro Petkoff, director del vespertino Tal Cual y jefe de estrategia de Manuel Rosales, uno de los oponentes de Chávez para las elecciones presidenciales de diciembre.
También el diputado oficialista Calixto Ortega criticó la decisión. Dijo que, "si se expropia un campo de golf en Caracas, debiera ser para hacer parques, para descongestionar la ciudad".
El ministro del Interior, Jesse Chacón, opinó que "por esa vía no se resuelve ningún problema, el mejor camino es el diálogo".
En tanto, los alcaldes Capriles y López propusieron desarrollar viviendas en el antiguo aeródromo militar La Carlota, en el este de la urbe, y en la actual ciudadela militar Fuerte Tiuna, sobre 5.600 hectáreas al sudoeste de la ciudad.
Pero el mayor balde de agua fría sobre Barreto cayó la tarde de la víspera, cuando el vicepresidente de Venezuela, José Vicente Rangel, emitió un comunicado divorciando por completo al gobierno nacional de las decisiones del alcalde mayor, al margen de sus afinidades partidarias.
"El gobierno nacional no comparte la decisión adoptada por el alcalde del distrito metropolitano de Caracas", porque considera que "pudiera afectar normas constitucionales y legales de la República", señaló el texto de la vicepresidencia.
El gobierno "rechaza cualquier intento dirigido a socavar, provenga de donde provenga, la estructura del estado de derecho" y, aunque "no sacraliza el derecho de propiedad", considera que "la seguridad jurídica debe existir para todos los ciudadanos, sin discriminación alguna".
Barreto respondió mediante un comunicado el miércoles por la noche, en el que defendió los decretos y exculpó a Chávez de toda responsabilidad por su decisión.
Anunció, además, que pedirá al Tribunal Supremo de Justicia una medida cautelar, que le permita disponer de los terrenos mientras se discute la legalidad de la expropiación y se negocia el monto de la indemnización, la cual pagará, según dijo, con el dinero que adeudan a su despacho las cinco alcaldías "menores" de la capital.
