El sindicalista Carlos Ortega, quien se fugó el domingo de la prisión militar donde purgaba una condena de 16 años por rebelión, puede alentar la tendencia abstencionista para los comicios presidenciales del 3 de diciembre en Venezuela.
Junto con Ortega escaparon tres oficiales condenados por promover una conspiración en el año 2004, por lo que las pesquisas suponen complicidad interna, y así la evasión comporta un golpe de efecto sobre el control y disciplina de la Fuerza Armada.
Ortega codirigió la huelga sindical y patronal que en diciembre de 2002 y enero de 2003 paralizó la industria petrolera y muchas otras empresas y servicios, en reclamo de un referendo sobre la permanencia de Hugo Chávez en el poder. Cuando la consulta se efectuó, en agosto de 2004, el mandatario la ganó con 59 por ciento de los votos.
Con el fracaso de la huelga, se precipitó el declive de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), que presidía el socialdemócrata Ortega, y los tribunales le abrieron un juicio por rebelión civil y otros delitos menores.
Cuando se ordenó su captura, Ortega se refugió en la embajada de Costa Rica, que le dio asilo, pero en 2004 regresó clandestinamente a Venezuela; en febrero de 2005 fue capturado cuando jugaba en un casino de Caracas, y el pasado octubre fue condenado a 15 años y 11 meses de prisión.
La semana pasada, al despuntar la campaña para las elecciones presidenciales de diciembre, Ortega envió un mensaje a una reunión de su partido Acción Democrática (AD), para expresar apoyo a la línea abstencionista que ha tomado esa organización.
El domingo, en la madrugada o a media mañana, según distintas versiones, se evadió de la cárcel militar de Ramo Verde, unos 30 kilómetros al sureste de Caracas, junto con los coroneles Jesús y Darío Farías, y el sobrino de éstos, el capitán Rafael Farías.
La fuga "comporta un revés para Chávez y para su ministro de Defensa, el general Raúl Baduel, porque evidentemente fue comprada la complicidad de autoridades o vigilantes, y eso supone un golpe para valores de la institución armada", comentó a IPS el analista político Fausto Masó.
En cambio, "no creo que tenga mayor incidencia en la campaña electoral ni en el sostén político básico de Chávez, porque es de presumir que los fugados vayan al exterior y allí declaren contra el gobierno, pero esas declaraciones se diluirán con el paso de las semanas y los meses", dijo Masó.
José Vicente Carrasquero, profesor del posgrado en ciencias políticas de la caraqueña Universidad Simón Bolívar, dijo a IPS que la evasión de Ortega y los oficiales "puede animar a los abstencionistas, por su identificación con ese sector, pero sin que puedan manifestarse, pues se supone que permanecerán en la clandestinidad o se irán al exterior".
Sin embargo, "la fuga misma será parte del debate electoral, pues se vuelve sobre el tema de la existencia de presos políticos en Venezuela, así como justificarán unos y criticarán otros que se cumpla ese viejo principio de que un preso político tiene el derecho de fugarse", agregó Carrasquero.
Henry Ramos, secretario general de AD, dijo que Ortega "estaba en su derecho natural de hacer lo que hizo", y el pugnaz columnista opositor Carlos Blanco insistió en que "el deber de todo preso político es fugarse, pero en cualquier caso los informes recibidos son de que estos prisioneros estaban en una situación muy difícil".
Familiares y abogados de los evadidos aseguraron ignorar todo sobre los planes de fuga, y en las primeras horas tras el escape expresaron temor de que se tratase de un ardid que pudiese afectar la seguridad e integridad del sindicalista y de los oficiales.
Baduel dijo a periodistas que no se encontraron en las celdas de Ortega y de los Farías rastros de violencia o alteraciones físicas y nada parecido a un túnel, lo que abona la tesis de que se evadieron del penal por la puerta y con complicidad interna. Dos oficiales y ocho vigilantes son interrogados por la Dirección de Inteligencia Militar.
José Torres, portavoz de la CTV, reclamó respeto para la vida de Ortega y los oficiales, y responsabilizó al gobierno y a sus cuerpos armados por lo que pudiera ocurrirles. "La CTV está en alerta general y pediremos solidaridad en el exterior para garantizar la vida de esas personas", dijo otro de sus directivos, Froilán Barrios.
Tras conocerse la fuga, en la tarde del domingo, se suspendió la visita de familiares a los recluidos en la cárcel militar, por lo que decenas de ellos, enfurecidos, atacaron oficinas del penal y destruyeron e incendiaron mobiliario, computadoras, archivos y expedientes, dijo el coronel Gustavo Buznego, director del establecimiento.
El fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, abrió una investigación, garantizó la integridad de los evadidos si fueran recapturados, y pidió al gobierno cercar carreteras, puertos, aeropuertos y cercanías de embajadas para dar con su paradero.
"Ortega estaba en una cárcel militar precisamente para resguardar su vida", dijo Rodríguez, y agregó que "pudiera ser que la oposición, por ser un año electoral, propició esta fuga e intente alguna lesión contra los evadidos para culpar al Estado venezolano".
Para el director del diario opositor Tal Cual, Teodoro Petkoff, la versión de Rodríguez "es una absurda truculencia", y Luis Planas, secretario general del partido socialcristiano Copei se declaró "asombrado de que el fiscal trate de culpar a la oposición política por esta fuga", y reclamó la inmediata renuncia del funcionario, que fue vicepresidente de Chávez entre 2000 y 2001.
