El fiscal general de Venezuela, Isaías Rodríguez, admitió que fue engañado por el falso psiquiatra colombiano Geovanny Vásquez, su testigo estrella del crimen más sonado de la década en este país, el asesinato de su subalterno Danilo Anderson, quien investigaba a participantes en el efímero golpe de Estado de 2002.
El periodismo se ha beneficiado con la admisión del error hecha por Rodríguez, pues podrá volver a informar sobre la picaresca vida del impostor Vásquez, según decidió el juez de la causa, Florencio Silano, al desmontar la prohibición que había dictado en enero acogiendo precisamente un pedido del fiscal general.
Con la veda de informar sobre este proceso había reaparecido el fantasma de la censura, animada por Rodríguez en enero para "evitar los abusos de la libertad de expresión", pero ahora la justicia se devuelve sobre sus pasos y los medios de comunicación recuperan margen de maniobra.
Esta historia plena de sombras y medias verdades comenzó el 18 de noviembre de 2004, cuando un potente explosivo bajo su auto causó la muerte de Anderson, quien investigaba a empresarios, políticos y otras figuras opositoras por participar en el golpe de dos días contra el presidente Hugo Chávez, del 11 al 13 de abril de 2002.
Anderson fue sepultado con honores parecidos a los de un jefe de Estado, seguidores de Chávez lo convirtieron en icono y víctima de "la derecha golpista", y todavía afiches y murales con su nombre y rostro adornan calles en barriadas populares.
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Otra versión, divulgada por un amigo de la infancia de Anderson a comienzos de 2005, dio a entender que junto al fiscal asesinado operaba una red que extorsionaba a los investigados para salvarlos de ser imputados a cambio de sumas millonarias.
"La investigación ha revelado que existían dos grupos de abogados. Uno que servía de enlace entre las personas con dinero (que podían ser imputadas) y otro vinculado con Anderson, el cual supuestamente pedía dinero a los potentados a cambio de que no fueran perseguidos", dijo en enero de 2005 el ministro del Interior, Jesse Chacón.
Poco después del crimen fueron aprehendidos los ex policías Juan, Rolando y Otoniel Guevara, emparentados entre sí, como ejecutores materiales, y a fines de 2005 se les condenó a largas penas de prisión.
Uno de los testimonios contra los Guevara fue el de Vásquez, de quien Rodríguez dijo haber "leído la sinceridad en sus ojos" y agregó que creyó "un 85 por ciento" de lo que el colombiano le dijo, y con base en esas declaraciones preparó también las detenciones de los presuntos autores intelectuales de la muerte de Anderson.
Vásquez se presentó como psiquiatra colombiano de 36 años, que actuaba como doble agente de la policía de su país y de grupos paramilitares derechistas, en retirada por recibir amenazas de muerte, y dijo haber participado en reuniones en Panamá y Maracaibo (Venezuela) con personalidades que organizaron el asesinato de Anderson.
La justicia venezolana prohibió entonces juzgar a Vásquez y ordenó protegerlo como testigo, mientras que la Fiscalía abrió juicio como presuntos autores intelectuales contra Nelson Mezerhane, banquero y copropietario de Globovisión, televisora de oposición, Eugenio Añez, general retirado de la Guardia Nacional, Salvador Romaní, hijo de un cubano anticastrista, y Patricia Poleo, editora del diario opositor El Nuevo País.
Los tres primeros estuvieron detenidos varias semanas, pero desde comienzos de 2006 son juzgados en libertad, mientras que Poleo se autoexilió en Estados Unidos.
Globovisión y diarios opositores como El Nacional informaron sobre un cúmulo de datos falsos en la hoja de vida de Vásquez y en sus declaraciones. Mostraron que no era médico, ni perteneció a la policía y grupos paramilitares que dijo, e igualmente que se contradijo en fechas de reuniones y perfiles de los presuntos complotados.
Por ejemplo, se publicó un informe gubernamental colombiano según el cual en la fecha en que Vásquez dijo participar en una reunión de conjurados en Panamá, en realidad estaba preso en una cárcel de Colombia.
También se mostró que, cuando de niño estudiaba en una escuela primaria de Venezuela, obtuvo la cédula (documento nacional de identidad) con pocos números de diferencia, es decir, prácticamente en el mismo grupo escolar, que el fiscal que 20 años después dirigió su interrogatorio, Gilberto Landaeta.
Sin embargo, el manto de silencio ordenado por el juez Silano se mantuvo hasta que, 10 días atrás, una de las periodistas que más investigó el caso, Laura Weffer, de El Nacional, obtuvo y divulgó una entrevista con Vásquez en la que éste se declaró desprotegido por la justicia venezolana y dijo que gestionaba asilo en alguna embajada.
El Nacional dio cuenta de que Vásquez había sido denunciado por una mujer por violencia doméstica ante la policía judicial del centro-oeste de Venezuela.
"Fui la primera sorprendida cuando al cabo de nueve meses de silencio se consigue la entrevista con Vásquez y el fiscal general nos llamó para darnos otra entrevista exclusiva y dar paso al pedido de suspensión de la veda dispuesta por el juez", dijo a IPS Weffer, autora del libro "El testigo y sus verdades", sobre este caso.
Weffer recibió en forma compartida el premio 2006 a la investigación periodística que otorga el Instituto Prensa y Sociedad, con sede en Lima, auspiciado por Transparencia Internacional. Rodríguez reconoció falsedades en la declaración de su testigo estrella, al admitir que efectivamente estaba preso cuando se produjo la alegada reunión de Panamá. "Me equivoco, no soy infalible", expresó.
Respecto de la condición de psiquiatra "esa es una de las cosas en las cuales él me engañó", dijo Rodríguez. Vásquez "habla como psiquiatra. Yo me hice un psicoanálisis de cinco años, mi hija es psicóloga clínica, mis novelas preferidas son las de psicología. He leído como cinco biografías de (Sigmund) Freud, dos de (Carl) Jung. El lenguaje que él utilizó a mí me pareció, con mis conocimientos, que era técnico", se explicó el fiscal.
Weffer y reporteros judiciales consultados por IPS creen que el juicio está en fase conclusiva y podría exculpar a los señalados como autores intelectuales —excepto a Poleo por hallarse prófuga— pero no a los condenados como ejecutores materiales.
Rodríguez podría apelar, según las fuentes, a otro testigo estrella, Rafael García, ex jefe de informática en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía política) de Colombia, y quien tras alejarse de ese cargo dio cuenta de un complot binacional para atentar contra la vida de Chávez y otras figuras de Venezuela, en sintonía con la versión que Vásquez relató a los fiscales venezolanos.
Dirigentes de oposición han pedido la renuncia de Rodríguez, y el editor del diario Tal Cual, Teodoro Petkoff, escribió que "el sainete protagonizado por el fiscal alcanza extremos verdaderamente risibles. Es responsable de una farsa, de una comedia guiñolesca, y ya es evidente que no puede continuar al frente de ese cargo tan delicado".
