Por 200 dólares es posible contratar un asesino en Táchira, la región andina en el extremo sudoeste de Venezuela, asegura el padre de dos jóvenes muertos este año en ese recodo de la frontera con Colombia.
"Bandoleros y ex funcionarios policiales se alquilan por ese precio para dar muerte a personas que no conocen o al individuo que mandó a matar a un familiar suyo", dijo a IPS Pedro Díaz, padre de los jóvenes asesinados y presidente de la organización Una Luz por la Vida, de parientes de víctimas de sicarios.
Uno de sus hijos, Enrique Díaz Ariza, taxista, fue asesinado el 16 de enero. En el caso apareció involucrado un funcionario de la policía de Táchira, muerto también poco después en la capital regional, San Cristóbal, en lo que reporteros en la zona describieron a IPS como "uno de los crímenes que se olvidan al considerarse ajustes de cuentas".
Marcos Díaz Ariza, de 20 años, hermano de Enrique, trabajaba como mensajero y pereció el sábado último luego que un automóvil embistió su motocicleta y se dio a la fuga. "Nos habían llamado para amenazarnos. Dos minutos después del accidente recibí la llamada de alguien que me dijo: Vaya a recoger su muñeco", narró su padre.
Según informes de la prensa regional, en lo que va de año se han registrado en el estado de Táchira, con una extensión de 11.000 kilómetros cuadrados y 1,2 millones de habitantes, 261 asesinatos con armas de fuego, atribuidos por la policía a enfrentamientos entre bandas, ajustes de cuenta, venganzas y la acción de sicarios.
Díaz dijo que tras el crimen de su primer hijo, en enero, "fui a Colombia y me entrevisté con paramilitares, así como también a Queniquea y Pregonero (dos poblaciones de Táchira) para reunirme con guerrilleros bolivarianos, y unos y otros me aseguraron que no fueron quienes lo mataron, sino (que habían sido) asesinos a sueldo".
Los paramilitares ultraderechistas colombianos son sindicados de perseguir a sus víctimas a través de la frontera, al punto de que periodistas de la zona ubican como "el barrio de las viudas" a una zona urbana de la población fronteriza de San Antonio, donde viven numerosos familiares de personas muertas por esos irregulares.
En cuanto a los "guerrilleros bolivarianos", la mención alude al grupo Fuerzas Bolivarianas de Liberación, que pinta sus siglas FBL en carreteras de Táchira y el vecino estado de Apure y que estaría integrados por venezolanos y colombianos de tendencia izquierdista partidarios del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pero que actúan como irregulares armados.
Nelliver Lugo, directora de política de la gobernación de Táchira, dijo que "esta violencia obedece a la siembra de una gran cantidad de grupos irregulares provenientes del Plan Colombia", de lucha contra el narcotráfico y las guerrillas izquierdistas con asistencia expresa de Estados Unidos, que ejerce presión sobre las fronteras.
Se trataría de "crear un clima de violencia en el país, si se quiere de manera solapada, para jugar a desestabilizar al gobierno revolucionario venezolano", según Lugo.
El gobernador estadual, Ronald Blanco, el ministro el Interior, Jesse Chacón, y el ministro de Defensa, general Raúl Baduel, acordaron hace un mes declarar el extremo sudoeste venezolano como una zona especial de seguridad, a fin de contener la violencia.
Chacón dijo en la víspera que, desde que se aplicó el plan especial de seguridad hace cuatro semanas, "el problema de la violencia, con delitos como secuestro y sicariato (asesinato por encargo), disminuyó en 40 por ciento". Medios de prensa locales concuerdan en que ambos problemas son menos intensos que el año pasado o en 2004.
En tanto, llegaban noticias de que en Zulia, otro estado vecino y que cubre todo el arco noroeste fronterizo con Colombia, dos ex policías y un amigo fueron muertos por más de 30 proyectiles disparados por cuatro jóvenes provistos de pistolas automáticas.
Cuando el ex agente Juan Ramírez, de 37 años, gestionaba en una estación de taxis su inscripción como chofer, junto a su colega Néstor Franco y el amigo de ambos Gary Molero, fue identificado por los adolescentes que vaciaron sus cargadores sobre ellos. Muy cerca, escaparon milagrosamente del tiroteo la esposa y dos hijas de Ramírez.
La mujer alcanzó a oír que uno de los jóvenes sicarios mostró al ex gendarme a sus cómplices y con el acento propio de los zulianos les dijo: "Veis, aquí está Juan Ramírez, los matáis bien muertos". El ex policía había estado involucrado en el secuestro de un niño en la vecina isla holandesa de Aruba y había cumplido pena de cárcel por ese crimen.
"El delito de homicidio a manos de sicarios se ha incrementado en los últimos dos años en zonas rurales y urbanas de Zulia (18 en lo que va de 2006), debido a la vecindad con Colombia, donde se ha importado ese delito", comentó el secretario de Seguridad del estado de Zulia, José Sánchez.
Los jóvenes sicarios "trabajan con códigos, raramente revelan el nombre del contratante y desconocen la causa por la cual la víctima ha sido condenada a muerte. Por lo general cobran entre 3.000 y 5.000 dólares" por cada caso, indicó el funcionario.
Aunque según Sánchez "la mayoría de quienes son asesinados por sicarios tienen cuentas pendientes por droga, o porque han asesinado o vejado a un familiar de alguien y mueren por venganza", el "vicariato" ha alcanzado también las esferas de la política y las luchas de los campesinos por sus tierras.
El 25 de agosto de 2002 el médico y dirigente agrario Pedro Doria, simpatizante de la causa de Chávez, fue asesinado en Machiques, zona ganadera al oeste de Zulia, por el sicario Orlando Peña, quien dijo haber cobrado 3.500 dólares por el crimen. El padre del médico, de su mismo nombre, murió baleado en la zona en marzo de 2003.
La organización humanitaria Provea registró que en el sur y oeste de Zulia han sido asesinados 69 líderes campesinos y comunitarios desde 1996, e incluye otros atentados, como el que sufrió el ex director del gubernamental Instituto de Tierras en ese estado, José Huerta, dirigente comunista, quien sobrevivió tras recibir cuatro disparos en 2003.
El pasado julio, en un incidente que todavía se investiga, desconocidos interceptaron en una vía de Yaracuy, estado del centronorte, a unos 250 kilómetros al oeste de Caracas, el automóvil del diputado oficialista y dirigente agrario Braulio Álvarez y le dispararon, hiriéndole en la mandíbula con uno de los proyectiles.
El vicepresidente José Vicente Rangel y el ministro de Agricultura, Elías Jaua, culparon como autores intelectuales a propietarios rurales que se resisten a la reforma agraria puesta en marcha por el gobierno y aseguraron que ante cada atentado de esta naturaleza se responderá con el rescate (expropiación y reparto) de miles y miles de hectáreas. En 1994, el cineasta uruguayo José Ramón Novoa produjo la película venezolana "Sicario", inspirada en la entonces lejana realidad que se vivía en la ciudad de Medellín, en el noroeste de Colombia. Hoy día, ese drama ha viajado miles de kilómetros al este y se incrusta en la sociedad venezolana. ***** + Provea (http://www.derechos.org.ve)
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