Ante los ojos de los militares de Tailandia, Arafat Yunoo es un enemigo del Estado. Este joven malayo musulmán de 21 años ha permanecido detrás de las paredes fortificadas de la principal prisión de esta meridional provincia por más de dos años.
Mohammed Sofian Manosa, de 24 años, también fue arrestado por el ejército, acusado de estar vinculado con la insurgencia en las provincias del sur, hogar de la mayor minoría de este país: los malayos musulmanes.
Estos dos jóvenes aún no saben por qué fueron detenidos en junio de 2004.
"Nos dijeron que encontraron un reloj de alarma, un auto de juguete a control remoto, un mapa de Yala y una lista con nombres de oficiales de policía", indicó Arafat.
"Estuvimos en los tribunales sólo para dos audiencias. Es muy estresante estar aquí, muy molesto", añadió.
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Arafat y Mohammed, nativos del sur tailandés, están entre los 41 malayos musulmanes recluidos en la prisión de Yala por razones preventivas. En esa cárcel hay en total 632 presos.
En la mayor prisión de la vecina provincia Pattani se encuentran historias similares, de hombres musulmanes detenidos por la policía o el ejército por acusaciones que sus abogados consideran "muy endebles".
A inicios de este mes, había 67 prisioneros malayos musulmanes en una población carcelaria de 622 personas.
Entre ellos está Anwar Haete, de 20 años, quien fue arrestado por la policía el 17 de agosto de 2005, cuando regresaba a su casa por la tarde.
"Cuatro hombres vestidos de policía se lo llevaron. Dijeron que sería liberado en tres días. Pero ahora ya pasó un año", dijo su madre, Mariyo Haete, quien con su esposo atiende un comercio de venta de té.
"Fue acusado de matar a un oficial de policía. Pero en el momento del asesinato, Anwar estaba en la mezquita enseñando el Corán a los niños", añadió.
La situación en la provincia de Narathiwat no es diferente. Allí hay malestar por los arrestos frecuentes de trabajadores en áreas donde se produce caucho y arroz.
"Detienen a personas inocentes. No había evidencias ni órdenes de arresto. Sólo los llevaron a prisión", afirmó Muhammed Jedao, un hombre de 60 años propietario de un huerto en Sungai Padi.
Los malayos musulmanes del sur suman alrededor de 2,3 millones de los 64 millones de habitantes de Tailandia.
Los enfrentamientos entre grupos separatistas de malayos musulmanes y fuerzas tailandesas comenzaron en los años 70. La minoría islámica quiere la autonomía pues siente una discriminación cultural y económica.
Las provincias atrapadas en la violencia otrora fueron parte del reino malayo musulmán de Pattani, anexado en 1902 por Siam, como se llamaba Tailandia entonces.
Cerca de 600 malayos musulmanes han sido detenidos y acusados de estar vinculados con la violencia en el sur, según datos oficiales.
Además, hay 1.264 hombres malayos identificados por la policía como responsables de la última fase de la insurgencia, que ha causado la muerte de unas 1.400 personas desde que estalló en enero de 2004.
La policía mantiene además a muchos hombres detenidos en esta área, cerca de la frontera con Malasia, en campamentos donde se los "reeduca" hasta durante 30 días.
Grupos humanitarios señalan que cerca de 900 hombres, sin acceso a abogados, han sido recluidos en unos 20 centros de detención este año.
Altos mandos militares justificaron los arrestos, hechos bajo una ampliada ley marcial que entró en vigor en 2004 y un decreto de emergencia que le dio más poderes al ejército en julio del año pasado.
"La ley común no permite el arresto de sospechosos de estar detrás de la violencia. Con la ley de emergencia, el gobierno ha sido capaz de realizar medidas preventivas para detener a personas antes de los ataques", afirmó el teniente coronel Chalermpon Jinarat, quien comanda uno de los batallones del ejército en el sur.
Además, el decreto "ha ayudado, en parte, a mejorar las cosas. Antes, a las autoridades militares y del gobierno no se les permitía venir aquí por problemas de seguridad", dijo a un grupo de periodistas en Narathiwat.
"Aunque el gobierno señala que el decreto de emergencia es una herramienta efectiva para detener la violencia, no genera confianza en la población. Las autoridades se guían por la emoción más que por la razón para detener a las personas", dijo a IPS el abogado Adilan Ali-Ishak, del Centro del Imperio de la Ley, de la Universidad Príncipe de Songkhala, en Pattani.
La inseguridad aumentó por el decreto, y muchos malayos musulmanes sienten "paranoia y desconfianza sobre los procesos judiciales", indicó.
"Las personas tienen medio de presentar quejas contra la policía, y por eso están buscando nuevos mecanismos para obtener ayuda, como acudir a los imanes o abogados", añadió.
