Los insurgentes malayo- musulmanes que, al parecer, realizaron los atentados de este miércoles en el sur de Tailandia lograron infundir la idea de que el gobierno perdió perdido control sobre la región, según analistas.
La última serie de atentados con explosivos e incendios intencionales en las provincias de Narathiwat, Yala y Pattani, en la frontera con Malasia, se registró el martes de noche, con unos 130 siniestros bien coordinados.
Entre los objetivos figuraron una estación ferroviaria, bares de karaoke y viviendas de policías y funcionarios gubernamentales. Tres policías murieron.
A mediados de junio explotaron 70 pequeñas bombas en estaciones de policía, controles carreteros y oficinas del gobierno en todo el sur, en lo que se consideró entonces un ataque sin precedentes en el conflicto que se desató en enero de 2004 en esta región predominantemente malayo-musulmana.
"El objetivo del terrorismo no es matar gente, sino crear inseguridad", dijo a IPS el académico estadounidense Zachary Abuza, experto en terrorismo en el sudeste asiático. "Estos ataques amplifican la capacidad de los insurgentes de crear temor y abochornar al gobierno."
Los objetivos elegidos esta semana, en particular las casas de policías y funcionarios, demuestran que los rebeldes "tienen buena inteligencia", agregó. "El gobierno no parece tener control sobre la situación. La violencia se saldrá de madre aun más."
No es ésta una postura que coincida con las declaraciones del gobierno de la predominantemente budista Tailandia, donde los malayo-musulmanes son la principal minoría.
En julio, Bangkok renovó el estado de emergencia dispuesto un año antes para facilitar la represión de los insurgentes. La medida, según funcionarios, permitió a la policía entender mejor a la insurgencia, identificar a los atacantes, conocer su estructura de entrenamiento y prever atentados.
Entre julio de 2005 y julio de 2006, aseguraron las autoridades, la policía identificó en el sur de Tailandia a 1.264 malayo-musulmanes sospechosos de vínculos con la violencia, de los cuales 598 fueron arrestados, 664 interrogados y dos liberados por falta de antecedentes.
El jefe del ejército, general Sonthi Boonyaratglin, afirmó en abril que sus tropas mantienen al día "listas negras" de personas con posibles vínculos con la violencia.
El periodista de un diario tailandés que vio una de esas listas, con 300 nombres, indicó que en ella figuraban personas "arrestadas y asesinadas, muchas de ellas en circunstancias dudosas".
En septiembre del año pasado, en la lista había 4.000 nombres de residentes de Narathiwat, Pattani y Yala.
Pero los atentados como los de esta semana y los de junio distorsionan la imagen de control de la situación que el gobierno trata de sostener.
"El gobierno afirma que todo está bajo control y que el decreto de emergencia funciona con eficiencia", dijo el ex canciller y miembro de la minoría musulmana Surin Pitsuwan.
Pero "el mensaje" de los ataques "es que los insurgentes aún andan pro ahí, y que pueden moverse por la región y que tienen apoyo popular. De otro modo, no podrían realizarlos", alertó.
La violencia étnico-religiosa en el sur de Tailandia acabó con 1.300 vidas en los últimos dos años y medio. Las reivindicaciones de los atacantes aún no fueron formuladas con claridad.
"Hubo tres tipos de atentado. Los primeros son los iniciados por los insurgentes y los segundos, golpes en represalia a ciertos actos del gobierno", dijo a IPS Sunai Phasuk, investigador de la organización de derechos humanos Human Rights Watch.
"El tercer tipo de atentado es el dirigido a socavar las afirmaciones del gobierno según las cuales las fuerzas de seguridad están avanzando en la lucha contra las milicias", agregó Phasuk.
Los musulmanes constituyen 80 por ciento de la población en las tres provincias del sur, otrora parte del reino de Pattani, anexado en 1902 por Siam, como Tailandia era conocido entonces.
El resentimiento de los malayo-musulmanes tiene su origen en conflictos políticos, económicos y culturales. Esta minoría se queja por la marginación económica y la de su idioma.
El fracaso de los intentos de solución política, como la creación de una Comisión de Reconciliación Nacional, alentaron el establecimiento de una estrategia militar.
Hoy, las tres provincias están custodiadas por 30.000 soldados fuertemente armados, 10.000 policías y unos 1.000 agentes de operaciones psicológicas.
Además de administrar los puestos de control y vigilar el escarpado terreno en vehículos artillados, los soldados también se han infiltrado en aldeas musulmanas para detectar señales de actividad insurgente.
"Ahora hay más unidades en el terreno, pero se necesita una nueva estrategia militar", dijo a IPS el experto en seguridad nacional Panitan Wattanayagorn, de la Universidad Chulalongkorn de Bangkok.
"Es preocupante. Los insurgentes no han sido frenados por las fuerzas de seguridad", concluyó el experto. (FIN/IPS/traen-mj/mmm/sdr/ip hd/06)
