Con el objetivo de reducir la violencia y la criminalidad, Argentina pondrá en marcha un programa de desarme civil similar al aplicado en Brasil, por el cual el Estado ofrecerá dinero a cambio de las armas de fuego en manos de particulares.
El proyecto de desarme, que el gobierno envió este mes al Congreso legislativo, forma parte de un plan más amplio que apunta a mejorar el control de actividades en las cuales el uso de armas es legal y a perseguir fuertemente los desvíos hacia el comercio ilícito.
Junto con la propuesta de canje, la iniciativa propone una amnistía de seis meses para aquellos tenedores de armas sin registrar o con la autorización vencida, a fin de facilitar la entrega de armas ilegales para su destrucción.
En el desarrollo del plan, diseñado desde el Ministerio del Interior, intervinieron organizaciones no gubernamentales que integran la Red Argentina para el Desarme.
"Hay que derribar el mito de que tener un arma nos da protección frente al delito porque es al revés: el arma es un peligro", dijo a IPS Darío Kosovsky, uno de los miembros de la Red y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.
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"El mayor número de muertes violentas es por conflictos que no tienen relación con delitos", aseguró Kosovsky, autor del libro "El ciudadano Sheriff. Armas y violencia en Argentina".
La idea es acompañar el programa con una fuerte campaña de sensibilización para favorecer el canje. La campaña destacará, por ejemplo, el peligro de que un niño encuentre un arma en la casa y la lleve a la escuela.
"El dinero que se ofrecerá a los que traigan su arma no va a alcanzarle a nadie para adquirir otra, pero, aun si eso ocurriera, el objetivo de reducir la cantidad de armas en circulación se habrá logrado igual", opinó.
Kosovsky explicó que el programa es semejante al aplicado en Brasil, donde en 2004 se retiraron de la circulación más de 400.000 armas de fuego y se avanzó en normas para restringir el porte.
Al año siguiente se convocó a un referendo por la prohibición de la venta de armas pequeñas. El resultado fue de 65 por ciento en contra de la prohibición y solo 35 por ciento a favor.
Sin embargo, por primera vez en años el número de muertes por armas de fuego, que venía aumentando sin pausa desde comienzos de los 90, bajó alrededor de 20 por ciento en las principales ciudades brasileñas, destacó el experto argentino.
Según datos del Registro Nacional de Armas (RENAR), organismo que acaba de pasar del Ministerio de Defensa al del Interior, en Argentina existen 1,2 millón de armas en condiciones legales de tenencia, pero se estima que un número similar circula en el mercado clandestino.
En total habría más de tres millones de armas en un país de casi 37 millones de habitantes, una cifra elevada si se observa el total registrado hace 10 años.
Desde entonces, la inscripción se multiplicó por cinco. Los expertos atribuyen el crecimiento al aumento de la inseguridad, aun cuando se descree de la utilidad de las armas para combatirla.
En 2003 murieron en Argentina 10 personas por día a causa de heridas provocadas por armas de fuego, y de esas 10 muertes apenas tres ocurrieron en el marco de un delito contra la propiedad, según la gubernamental Secretaría de Política Criminal.
Kosovsky opina que si se logra sacar de circulación entre 30.000 y 50.000 armas, el programa habrá sido un éxito. "No hay que transmitir expectativas exageradas. No se trata de combatir la inseguridad sino de reducir la violencia", aclaró.
El año pasado, luego del referendo en Brasil, una encuesta de la Universidad Nacional de Tres de Febrero reveló que 69 por ciento de los entrevistados estaban de acuerdo en una campaña para retirar armas de circulación y 73 por ciento consideraba peligroso tenerlas en casa.
Sin embargo, la misma investigación indicó que 11 por ciento de los consultados admitía guardar armas en el hogar, proporción calificada por el estudio de "escalofriante" si se proyecta ese dato a la población y se compara con las estimaciones oficiales.
La Red Argentina para el Desarme se formó en 2004 a raíz de la campaña contra la violencia desarrollada en Brasil. Desde entonces, las organizaciones no gubernamentales unieron fuerzas para avanzar en una política de Estado al respecto.
Una de esas organizaciones, llamada Espacios, desarrolló un programa de canje en la occidental provincia de Mendoza. Y en la provincia de Buenos Aires una mujer —que integra la red— protagoniza una cruzada personal por el canje.
Lidia Ortiz, una profesora jubilada que vive en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, logró en los últimos cinco años retirar de la circulación 800 armas con su dinero.
Esta mujer de 81 años, conocida en La Plata como "la vieja de las armas", está convencida de que con apoyo financiero se podría requisar muchas más. En su caso, no las entrega a la policía sino a un grupo de artistas que las funden para crear esculturas.
Ahora, para esta tarea, el Estado dispondrá de cinco millones de dólares. Pero los delincuentes profesionales no se arriesgarán a entregarlas porque para ellos se trata de "herramientas de trabajo", explicó Kosovsky.
En cambio, los tenedores de armas por protección con autorización vencida, los que las hayan heredado y nunca hayan tramitado el permiso o quienes las posean por otras razones tendrán la oportunidad de entregarlas para su destrucción, sostuvo.
La red para el desarme vio su oportunidad de avanzar a raíz de un caso que causó una fuerte conmoción en la opinión pública y en el gobierno: la detención en julio de un joven, usuario autorizado, que disparó en la calle y mató a una persona.
Martín Ríos no utilizó su arma para robar, sino para disparar sorpresivamente contra gente inerme en al menos en dos oportunidades.
La investigación del caso constató que Ríos había cumplido los requisitos para la tenencia de armas, incluida la presentación de certificados de aptitud psicofísica.
Los integrantes de la red creen que el RENAR es muy laxo para autorizar la tenencia —hasta ofrece por Internet un trámite a domicilio— y que no ejerce control sobre el movimiento de armas registradas que luego pasan al circuito ilegal.
En este sentido, Kosovsky señaló que el programa mejorará el control de la importación y también el de la producción local, en manos de empresas privadas y del Estado a través de la empresa Fabricaciones Militares.
Expertos advierten que es necesaria una supervisión más estricta de los insumos para la fabricación y un control estrecho de las importaciones para establecer si las armas en oferta en el mercado se ajustan a la demanda legal.
También se requerirá una política criminal que persiga con fuerza el desvío ilegal. En ese sentido, el presidente Néstor Kirchner sugirió este mes que hay armas en manos de civiles que salen de depósitos militares y de la policía.
Estas armas son robadas —y hay múltiples denuncias en este sentido—, pero también serían vendidas a delincuentes y hasta alquiladas por redes ilegales que se dedican a suministrarlas a quienes las demandan por horas para cometer delitos.
Otro frente es el de los depósitos judiciales. Sólo en el Poder Judicial de la Nación hay alrededor de 32.000 armas de fuego incautadas con miras a su destrucción.
Los jueces se resisten a ordenar la destrucción porque argumentan que pueden requerirlas en juicios. Pero Kosovsky explicó que hoy la calidad de las pericias permite que se pueda prescindir del arma una vez recogidos los elementos de prueba.
