Sin resistencia, Manolo bajó del automóvil. La orden del soldado atravesado en la avenida de la capital dominicana no le dejó opción. Era la segunda vez en una semana que una patrulla de militares y policías lo detenía cerca de las 10 de la noche, lo bajaba de su vehículo y lo sometía a inspección.
Desde el 24 julio, cuando el gobierno de República Dominicana decidió hacer frente a la delincuencia en el país, unos 15.000 policías y militares patrullan calles y avenidas de las principales ciudades, reduciendo al mínimo la vida nocturna.
Las acciones vienen precedidas de un marcado aumento de homicidios y delitos comunes. Entre 2001 y 2005 las estadísticas registraron 9.300 asesinatos, de las cuales 790 tuvieron a mujeres cómo víctimas. En 2001 fueron 1.086, y en 2005 llegaron a 2.382.
"Estamos viviendo en una especie de estado de sitio no declarado", dijo a IPS Elsa López, directora del departamento de ciencias sociales de la universidad Instituto Tecnológico de Santo Domingo.
Mediante decretos, el gobierno del presidente Leonel Fernández restringió hasta las 12 de la noche la venta de bebidas alcohólicas de domingo a jueves y hasta las 2 de la madrugada los viernes y sábados. La medida afecta a los "colmadones" (bodegas), bares y restaurantes.
La Asociación Nacional de Restaurantes, mediante carta pública, pidió al gobierno reducir el horario de las medidas restrictivas, alegando que sus ventas han caído entre 25 y 40 por ciento.
"Nuestra economía se sustenta principalmente en el turismo, y uno de los principales atractivos dominicanos es la calidad de su oferta gastronómica", explican en la carta.
Las restricciones niegan "a los dominicanos y visitantes extranjeros la oportunidad de visitar un restaurante después de concluir una actividad nocturna, ya se trate de un evento social o un actividad de negocio, una práctica habitual en todas las ciudades del mundo", insisten.
A República Dominicana llegaron el año pasado 3,7 millones de turistas, y este año, según las estimaciones oficiales, llegarán cuatro millones. En publicidad para promover al país como destino turístico, el gobierno invertirá 25 millones de dólares en 2006, de los cuales 16 millones corresponden a promoción internacional.
"En el futuro, esas medidas se pueden revisar", dijo a IPS Arturo Villanueva, vicepresidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes. "Los negocios que no sirven bebidas alcohólicas podrían mantener sus puertas abiertas", en caso de que el gobierno decidiera revisar las restricciones.
La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) indica que la proporción de muertes violentas pasó de 14,39 por ciento, en 1999, a 26,41por ciento el año pasado, en este país de 8,5 millones de personas.
Las medidas dispuestas por el gobierno incluyen patrullas mixtas de policías y miembros del Ejército Nacional para vigilar calles y avenidas en todo el país. El cuerpo mixto está compuesto por alrededor de 15.000 agentes.
Antes de aplicar estas medidas, poco más de 3.000 policías patrullaban las calles, lo que representaba menos de 10 por ciento del cuerpo del orden, integrado por 31.000 miembros.
Para elevar la cantidad de agentes en patrullajes, el gobierno dispuso que la vigilancia de los edificios públicos, en manos de policías durante décadas, la realizaran efectivos del Ejército Nacional, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea.
Asimismo, se ordenó que la seguridad de los funcionarios públicos, tanto elegidos como designados por el Poder Ejecutivo, recayera en los militares, en sustitución de los policías.
Tras la entrada en vigencia de estas disposiciones, adoptadas por el Consejo de Gobierno Ampliado encabezado por el presidente Fernández y con todo el gabinete, es muy visible en las calles de Santo Domingo y algunas otras ciudades la presencia de militares portando armas largas.
"Aunque no estamos en guerra, las calles están llenas de militares", dijo Elsa López. "La gente no puede salir a las calles", señaló.
En el primer mes, 10.303 personas quedaron bajo arresto por aparentes cuentas pendientes con la justicia, de 28.382 registradas en todo el país, según un informe de la Secretaría de las Fuerzas Armadas.
En el mismo lapso, fueron detenidos e inspeccionados 29.525 vehículos, de los cuales fueron retenidos 1.179 por falta de documentos.
Mientras algunos sectores piden la revisión de las medidas, el presidente Fernández declaró que el gobierno no se doblegaría ante la violencia y la delincuencia, alegando que las "estadísticas" de los organismos de seguridad indican una reducción de la criminalidad en las últimas cuatro semanas.
"El patrullaje mixto que se lleva a cabo en todo el país ha tenido un primer impacto muy significativo y positivo para la población", dijo el mandatario tras encabezar una reunión de varias horas del Consejo de Seguridad Ciudadana, que integran las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Secretaría de Interior y Policía, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría General de la República.
"Tenemos que valorar la vida humana en nuestro país, y eso (las medidas) está dando resultados, de manera que lo que tenemos que hacer es reafirmarlo en lugar de flexibilizarlo", dijo Fernández.
La militarización no representa una respuesta a los problemas de la delincuencia, aseguran especialistas. Hay que involucrar a los propios barrios y comunidades en la seguridad.
Para Tirso Mejía Ricart, ex director del Consejo Nacional de Reforma del Estado, "integrar a las comunidades en la materia de su propia seguridad" arrojaría mejores resultados.
"La gente del barrio sabe dónde están los delincuentes" y actuaría con mayor efectividad si contara con la debida protección de los organismos de seguridad, sostuvo.
Las carencias en servicios elementales como salud, educación y vivienda, y el desempleo tienen mucho que ver con la delincuencia, señalan los críticos. "Con la militarización no creo que salgamos a ninguna parte", afirmó López.
El gobierno "debería enfocar sus esfuerzos en aumentar los recursos destinados a servicios básicos, porque están estrechamente ligados con la mejoría de la vida de la gente", sostuvo.
En este país, la inversión en educación representa 2,1 del producto interno bruto, mientras la tasa de desempleo se mantiene encima de 16 por ciento en el último lustro.
"Es injusto atribuir a estos establecimientos el auge de la delincuencia, y ver como presuntos delincuentes o vagos a los cientos de miles de personas que acuden en las noches a un restaurante por razones de trabajo, motivaciones sociales o simplemente para disfrutar", señaló la Asociación Nacional de Restaurantes.
