Varias organizaciones multilaterales y humanitarias, entre ellas la ONU, se oponen a la extradición de 13 acusados por el alzamiento de mayo de 2005 contra el gobierno de Uzbekistán, hoy presos en Rusia, porque podrían ser condenados a muerte.
La solicitud desde Tashkent fue confirmada a comienzos de mes por la fiscalía en Moscú.
Activistas y organizaciones internacionales argumentan que los acusados —12 uzbekos y un kirguiztaní— pueden sufrir torturas o ser condenados a muerte en Uzbekistán. Además, los consideran inocentes y solicitan que se les conceda asilo político.
Entre las 14 instituciones que suscribieron una declaración en defensa de los 13 hombres figuran la ONU (Organización de las Naciones Unidas), la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y las no gubernamentales Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Asistencia Civil.
La declaración urge a Rusia a actuar de acuerdo con el derecho internacional, según el cual los países en los que rige una moratoria sobre las ejecuciones están obligados a evitar extradiciones a países donde los acusados podrían ser condenados a muerte.
[related_articles]
Además, las 14 instituciones acusaron a Uzbekistán de violar sistemáticamente los derechos humanos.
"Exhortamos a que el gobierno ruso deje bien claro y sin ambigüedades su obligación de respetar los acuerdos internacionales que ratificó, en especial la Convención de la ONU de 1951, que rige el estatus de los refugiados, la Convención Europea para la Protección de las Libertades y los Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y otras normas internacionales", dice la declaración.
Los 13 hombres, acusados de financiar y organizar el levantamiento en Andijon, Uzbekistán, en mayo de 2005, están presos en una cárcel de Ivanovo, 250 kilómetros al este de Moscú, desde junio de ese año.
El gobierno en Tashkent acusa a los uzbekos de darle fondos al movimiento religioso extremista Akromiylar, rama de la organización internacional Hizb ut-Tahrir, considerada terrorista, que participó activamente en el alzamiento.
Los acusados niegan todos los cargos y aseguran que estaban huyendo a Rusia, al igual que cientos de personas, tras el ataque del ejército uzbeko contra una multitud desarmada.
Amnistía afirma que el 12 de mayo de 2005 hombres armados atacaron dependencias del gobierno y cuarteles militares y liberaron a los presos de las cárceles.
En las primeras horas del día siguiente, sostuvo Amnistía, miles de civiles desarmados —con la excepción de algunos presos liberados— se congregaron en una plaza de la ciudad para reclamar acciones contra la pobreza.
La organización de derechos humanos con sede en Londres acusa al gobierno uzbeko de disolver la manifestación disparando indiscriminadamente contra la multitud.
Tashkent niega que sus fuerzas armadas hayan atacado a civiles, pero admite que 187 personas murieron en los disturbios. En cambio, la organización calculó que el saldo de la represión fue de 400 muertos.
El abogado del kirguizistaní Mamirzhon Tashtemirov sostuvo que su defendido se hallaba en Turquía cuando ocurrió el levantamiento en Andijon, y que fue arrestado en Ivanovo dónde estaba en viaje de negocios, según el diario Rossiiskaya Gazeta.
"Estas personas están acusadas de casos inventados y corren riesgo de pasar largos periodos en prisión en Uzbekistán. Muchos, incluso, pueden ser condenados a muerte. Si un fiscal ruso decide la extradición, habrá roto todas las normas internacionales imaginables", dijo a IPS Yelena Ryabinina, de Asistencia Civil.
Los detenidos pidieron varias veces la investigación de su caso por parte de una comisión internacional independiente, pero su solicitud fue denegada.
La abogada de los uzbecos Svetlana Martinova dijo a IPS que un tribunal ruso rechazó la solicitud de asilo político.
A principios de mes, la fiscalía general rusa se manifestó "satisfecha" con las garantías dadas por Uzbekistán de que no torturaría ni ejecutaría a los acusados, según le comunicó a los abogados, a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Moscú y a organizaciones de derechos humanos.
Rusia se comprometió a abolir la pena de muerte para enero de 2008. Amnistía Internacional y Acnur temen que las ejecuciones se produzcan antes de esa fecha, en parte por los antecedentes de Uzbekistán en materia de violaciones de derechos humanos.
Además, Amnistía reveló haber recibido informes de que la policía no sólo había detenido a sospechosos de participar o involucrarse en el alzamiento, sino también a testigos, personas que habrían informado a periodistas sobre la manifestación reprimida y familiares de desaparecidos y de refugiados.
"Apelo a la autoridades rusas a detener el proceso de extradición", indicó en una carta el canciller de Bélgica y presidente de la OSCE, Karel De Gucht, quien urgió a Moscú a "trabajar junto a Acnur para resolver esta situación de acuerdo con la normativa internacional".
En declaraciones a IPS, Vera Soboleva, de Acnur, consideró que la extradición constituiría "una grave violación a los principios internacionales establecidos en la Convención sobre Refugiados de 1951".
Funcionarios del gobierno ruso se negaron a responder las preguntas de IPS, enviadas por fax. Pero la oficina del fiscal general de Uzbekistán expresó su satisfacción con la decisión de Rusia de iniciar el trámite de extradición.
"El asunto involucra el proceso penal de personas que cometieron delitos especialmente agravados, y la oficina del fiscal ruso hizo lugar a nuestra petición", indica un comunicado de prensa de la fiscalía uzbeka.
Esa oficina enfatizó que las investigaciones preliminares judiciales del alzamiento se desarrollan en estricta conformidad con los procedimientos legales del país.
"Junto con la comisión parlamentaria, la investigación preliminar contó con el respaldo de un grupo de diplomáticos acreditados en Uzbekistán", aclara el comunicado de prensa.
