Los jueces de Kenia continúan emitiendo condenas a muerte, a pesar de que hace 19 años que no se practican ejecuciones y que la abolición de la pena capital cuenta con un importante apoyo en medios políticos.
Activistas de derechos humanos calculan que unas 4.000 personas están en prisión con una condena a muerte pendiente. La moratoria de hecho sobre las ejecuciones no ha facilitado la ruta hacia el patíbulo.
"Algunos dicen que preferirían ser ejecutados de una vez que permanecer indefinidamente en la lista de espera. Lo consideran una tortura psicológica", observó Moses Chepkoy, funcionario de relaciones públicas del Departamento de Prisiones.
Numerosos funcionarios y dirigentes se vuelven contra la pena capital. El ex ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales, Kiraitu Murungi, condenó el castigo, tal como lo hizo Moody Awori, vicepresidente y ministro del Interior.
Awori también habló de reintroducir un proyecto en el parlamento para abolir este castigo en Kenia.
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Aunque el gobierno efectivamente detuvo las ejecuciones, los prisioneros continúan siendo sentenciados a muerte. La pena máxima puede ser aplicada a casos que involucren asesinatos y robos violentos.
IPS no pudo obtener cifras oficiales sobre la cantidad sentenciados a muerte a la espera de ejecución. Samwel Mohochi, director ejecutivo en funciones de la Unidad Médico-Legal Independiente (IMLU), estimó que son unas 4.000. Esto equivale a casi 10 por ciento del total de 50.000 presos.
IMLU, organización no gubernamental keniata que documenta torturas y ayuda a rehabilitar a las víctimas, ha realizado amplias investigaciones sobre la situación de las cárceles.
En el caso de que se apruebe la abolición de la pena capital sea aprobada, Kenia se unirá a los 12 países africanos que dejaron este castigo en el pasado.
"Una Constitución que prohíbe la pena de muerte y vincula su abolición con los derechos humanos, en particular con los derechos a la vida y a la integridad física y mental, está en línea con los principios internacionales de derechos humanos", dijo Amnistía en 2005.
Pero existen señales de que hay un largo trecho que recorrer antes que estos argumentos sean aceptados en todo el espectro social.
"Los keniatas creen que un malhechor debe ser severamente castigado", explicó Chepkoy.
Ante quienes temen que la abolición del máximo castigo debilite la lucha contra la criminalidad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia esgrime los estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1998 y 2002, según los cuales no existe relación entre la existencia de esta sanción y la cantidad de homicidios.
La Comisión, organismo designado por el gobierno, alega que la clave para disuadir el delito no radica en el temor a la pena capital, sino a una mayor probabilidad de que los crímenes sean detectados y procesados, y sus autores, condenados.
Además, la pena de muerte "perpetúa un ciclo de violencia y promueve un sentido de venganza en la sociedad", señaló la Comisión.
"Apoyar la pena de muerte es enseñar que la violencia y la matanza son un modo aceptable de hacer frente a delitos serios", añadió.
Un intenso debate sobre el futuro de la pena capital es esencial para que este país avance, opinó Chepkoy. "Se requiere crear mucha conciencia", dijo a IPS.
Por el momento, sin embargo, la única esperanza para los prisioneros que aguardan ser ejecutados reside en la jefatura del gobierno.
El presidente Mwai Kibaki tiene la facultad de indultar a los condenados a muerte, la cual ejerció poco después de llegar al poder, en diciembre de 2002, con 28 prisioneros que esperaban ser ejecutados.
Los amnistiados habían estado entre 15 y 20 años en la cárcel, tras ser sentenciados a la muerte en la horca.
Su liberación recibió el aplauso de activistas por los derechos humanos, muchos de los cuales desean que la cadena perpetua sea instituida como la sentencia máxima para los delitos más serios.
Los últimos ejecutados, en 1987, fueron Hezekiah Ochuka y Pancras Oteyo Okumu, hallados culpables de un golpe de Estado en 1982 contra el gobierno del entonces presidente Daniel Arap Moi (1978-2002).
