Un extraño ensayo publicado en Internet por la víctima de una brutal agresión, que no pide la pena de muerte para el responsable, se ha convertido en potente símbolo para los activistas japoneses en la ardua batalla para abolir este castigo extremo.
Yumiko Yamaguchi fue acuchillada en el rostro seis años atrás por un joven de 16 años que dejó un tendal de víctimas en un autobús. Ahora, ella tiene más de 50 años y un humor reflexivo. En su texto afirma no pretender una represalia, pero sí una disculpa.
"Aunque todavía no soy una defensora de la abolición de la pena capital, lo que las víctimas de crímenes graves quieren es que el criminal se arrepienta de lo que hizo y se disculpe con las personas que lastimó. A largo plazo es un proceso que frenará los crímenes atroces. Esto no puede obtenerse si se sentencia a muerte" al culpable, se lee en su declaración.
El muchacho, un paciente psiquiátrico, fue detenido por asesinar a un pasajero amigo de Yamaguchi, y por herir a varios más. En 2000, lo sentenciaron a permanecer en una institución especializada de donde fue liberado en marzo.
Lo más importante para los defensores de los derechos humanos es que Yamaguchi también afirmó que si bien seguía lidiando con la terrible experiencia que le tocó vivir, se ha dado cuenta de que la pena de muerte nunca aliviará el dolor de las víctimas ni evitará que sucedan otros crímenes, argumentos clave contra la pena máxima.
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"Los intentos de las víctimas de discutir la pena de muerte en público son particularmente importantes para nosotros, dado que en los últimos años ha aumentado el reclamo de que los delincuentes sean conducidos a la horca", dijo a IPS Kaori Sakagami, escritora e investigadora sobre la pena capital en Japón.
De acuerdo con activistas como Sakagami, Yamaguchi es una voz de varias que en Japón están reclamando, con gran valentía, un debate público respecto de la pena de muerte, a pesar de los altos porcentajes de aprobación que ésta concita.
Ochenta y uno por ciento de los japoneses respaldan la pena máxima. De éstos, 60,3 por ciento señalan que este castigo extremo es necesario como disuasión de delitos graves.
La discusión pública que Yamaguchi intenta abrir contactándose con otras víctimas es de primera necesidad dado el creciente reclamo sensacionalista de la prensa para que se endurezcan las penas contra los delincuentes, señaló Sakagami.
Actualmente, hay 150 sentenciados a muerte en Japón, incluyendo a quienes han apelado sus condenas, indicaron activistas.
Entre 1993 y 2004, 47 sentenciados a muerte fueron ejecutados.
Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional Japón y activistas como Sakagami señalan que el reclamo de penas más duras irónicamente coincide con un periodo en que los delitos decayeron en Japón.
Un informe del Ministerio de Justicia señala que en 2004 se cometieron 22.568 delitos graves, 1.403 menos que el año anterior. Los crímenes violentos, incluidos asesinatos sin robos, comprenden 3,5 por ciento del total.
"Las opiniones de las víctimas, que ilustran sobre la inutilidad de la pena de muerte, son muy importantes para nosotros dado el creciente enojo frente a asesinatos de gran repercusión pública ocurridos en los últimos años", dijo a IPS Akiko Takada.
"La cobertura sensacionalista de la prensa ha contribuido con el endurecimiento de las posiciones respecto de la rehabilitación social de los criminales", señaló Takada, portavoz del Foro contra la Pena de Muerte, una destacada organización contra este castigo extremo.
Ciertamente, estos activistas dieron un traspié en junio, cuando Japón reaccionó con histeria al dictamen de un tribunal que sentenció a cadena perpetua al peruano José Torres Yagi, de 34 años, hallado culpable de acoso sexual y asesinato de una niña de ocho años, en noviembre pasado.
Los devastados familiares de la niña están pidiendo la pena de muerte para Yagi y han Recibido el respaldo de la televisión y de varios artículos editoriales de la prensa. La información periodística se centró principalmente en el abuso sexual a la niña asesinada, revelado por el padre una vez conocido el veredicto.
"El tribunal debió haber considerado mejor los criterios", escribió el 5 de julio el diario liberal Asahi, comentando la sentencia y refiriéndose a la "alarmante racha de crímenes brutales contra niños" y "la seria preocupación de los padres", que no se vieron reflejados en la decisión judicial.
Otro hecho de amplia repercusión en la prensa y que alteró a los activistas, es el caso de un hombre de 30 años, conocido sólo como Hiroshi, que presiona fervientemente por la pena capital contra un condenado a cadena perpetua por violar y asesinar a su esposa e hija de 11 meses.
"La pena de muerte por sí sola no va a aliviar mi dolor. Quiero que el acusado se enfrente a la gravedad del crimen que cometió al sentir en carne propia el temor a ser asesinado", declaró Hiroshi ante un comprensivo presentador televisivo, el mes pasado.
Hiroshi obligó al alto tribunal de Hiroshima a revisar la sentencia a cadena perpetua, dictada en 2002, contra el asesino, quien tenía 18 años cuando cometió el crimen y había sido gravemente abusado de niño.
La decisión del tribunal de Hiroshima de celebrar nuevas audiencias en lugar de revisar el expediente, como indican las normas, refleja la firme presión ejercida por el esposo y la prensa, señaló Sakagami, escritora de novelas policiales.
La atención que los medios de comunicación están prestando a la crueldad de algunos crímenes y al dolor de las víctimas es una táctica burda para conseguir altos índices de audiencia, en vez de fomentar un debate objetivo respecto de la pena de muerte, añadió.
"El peligro de esta inquietante tendencia es que la emoción de las víctimas pueda influir en los fallos de los tribunales, como fue el caso de Hiroshima", dijo Sakagami a IPS.
El abogado Kikuta Koichi señaló que algunas víctimas prefieren la pena máxima porque en Japón los condenados a cadena perpetua pueden ser liberados.
"La cadena perpetua, como en el caso de Yagi, permite la libertad condicional tras una década en prisión, y por eso es rechazada por las víctimas traumatizadas, a quienes, como única opción, les queda la pena de muerte", dijo a IPS.
Mientras la pena máxima tiene un gran respaldo en Japón, abogados a favor y en contra reconocen la importancia de un debate nacional iniciado por víctimas como Yamaguchi.
"Las víctimas deben poder participar en los juicios y tener acceso al acusado. Sólo así Japón podrá estar listo para un debate sobre la pena capital", señaló Koichi.
***** + Pena de muerte, la matanza legal (https://www.ipsnoticias.net/_focus/penademuerte/index.asp)
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