Las protestas de esta semana en Pakistán alientan a la oposición a unirse para considerar el adelantamiento de las elecciones y mecanismos para restaurar la democracia.
Analistas políticos opinan que los partidos opositores podrían usar en favor de ese programa el malestar social causado por el asesinato, el fin de semana, del dirigente de la meridional provincia de Balochistán Nawab Akbar Khan Bugti, en la intranquila frontera con Afganistán e Irán.
Los partidos de oposición ya se preparan para las elecciones generales del año próximo, las cuales podrían anticiparse si sus legisladores renuncian en bloque.
Las últimas manifestaciones de malestar social y político constituyen "el principio de la campaña electoral de la oposición, pero lo que está por verse es su capacidad de sacar la gente a la calle", dijo a IPS el analista Mohammed Najeed.
Las manifestaciones previstas para principios de septiembre se convocan en protesta por la inflación, el desempleo y el precario estado de la seguridad, especialmente en Balochistán y las áreas tribales del país, donde las fuerzas armadas combaten contra grupos considerados extremistas por el gobierno.
Pero la oposición afronta varios obstáculos.
Apenas logró 136 de los 342 votos parlamentarios en apoyo, el martes, de la moción de falta de confianza al primer ministro Shaukat Aziz, promovida por el Partido del Pueblo de Pakistán de Benazir Bhutto, la Liga Musulmana de Nawaz Sharif y una alianza de seis partidos religiosos llamada Muttahida Majlis-i-Amal (MMA).
Bhutto y Sharif fueron primeros ministros y hoy están exiliados, acusados de corrupción.
Pero Najeed considera que la carta que la oposición tiene en la manga es la amenaza de renuncia de sus parlamentarios. "Si llega a abandonar sus 141 escaños, el gobierno se verá obligado a llamar a elecciones anticipadas".
Los partidos opositores coinciden en el objetivo de expulsar a los militares del poder, usurpado por el actual presidente Pervez Musharraf cuando encabezó en octubre de 1998 un golpe de Estado y encarceló por un breve periodo al depuesto primer ministro Sharif.
"Estamos listos para pelear la batalla final. Contamos con el apoyo del pueblo reprimido, que demanda más recursos, autonomía provincial y opinión política en la conducción de la federación", dijo a IPS por teléfono el dirigente nacionalista de Balochistán Abdul Hayee Baloch.
El entrevistado integra una alianza de cuatro partidos locales y que encabeza las manifestaciones convocadas tras el asesinato de Nawab Bugti.
La constitución de Pakistán prevé desde 1973 la autonomía de las provincias, pero el gobierno central, dominado por la burocracia militar y civil y los políticos, se resiste a atender los reclamos regionales.
Aun hoy, el gobierno minimiza las protestas de la oposición calificándolas de mera artimaña política sin respaldo popular.
"No tienen agenda. Lo único que quieren es desestabilizar el sistema y desbaratar el proceso de reformas económicas y políticas que el gobierno implementa con éxito de la mano del presidente Musharraf", declaró esta semana el ministro de Información, Tariq Azim.
En vez de adoptar una actitud conciliadora tras el asesinato de Bugti, Musharraf anunció su intención de apelar a la fuerza contra los agentes desestabilizadores y antigubernamentales.
"Quien quiera dañar a Pakistán, sea nacional o extranjero, tendrá que vérselas primero conmigo", dijo en un discurso.
Esta retórica no augura nada bueno para el futuro del país, según algunos analistas políticos.
"Se repite lo que pasó en 1971 cuando Bangladesh se escindió de Pakistán. El Estado y sus protegidos no se dan cuenta de la marginación que existe en las pequeñas provincias" de Sindh, la Frontera Noroccidental y Balochistán, dijo el veterano dirigente político Sarwar Bari, hoy al frente de una organización no gubernamental que alienta los derechos humanos y la transparencia.
Los habitantes de esas provincias creen que la de Punjab, con más de 55 por ciento de la población del país, controla la mayoría de los recursos económicos y políticos y priva al resto de lo que le corresponde por derecho.
Además, la mayoría de los militares proceden de esa provincia del oriente del país.
"Es un deber de todos los actores políticos, que creen en el sistema federal, iniciar un proceso de reconciliación nacional antes de que el sentimiento de marginación existente se transforme en una lucha violenta, como sucedió con Bangladesh", advirtió Bari.
La oposición asegura estar dispuesta a dialogar con el gobierno para resolver formas equitativas de repartir entre las provincias los recursos y el poder político y económico, así como a promover su mayor autonomía, pero no están abiertos a la idea de que los militares dominen la escena política.
"Queremos que se restaure una democracia verdadera, con un parlamento por encima de todo lo demás. Nos negamos a que sea un mero instrumento de los militares", declaró a IPS Khwaja Saad Rafique, dirigente de la Liga Musulmana de Sharif.
"La gente está cansada de una democracia falsa que concentra el poder en manos de unos pocos en vez de distribuirlo entre la población", añadió.
Quienes convocaron las protestas de esta semana se manifiestan satisfechos por el resultado.
"Logramos nuestro objetivo. Queríamos llamar la atención de las autoridades y de la gente respecto de la corrupción, la mala administración y el fracaso del gobierno", declaró Raja Pervez Ashraf, veterano dirigente del Partido del Pueblo de Pakistán.
"Estamos en la antesala de nuestra campaña para derrocar al gobierno militar a y su jefe, el general Pervez Musharraf", advirtió.
Pero lo que juega a favor del gobierno es la heterogénea composición de la oposición.
Sus integrantes comparten ideas sobre la desalojo de las fuerzas militares del poder y la autonomía regional, pero los separa un abismo en asuntos fundamentales como los derechos femeninos.
De hecho, los distintos partidos reconocen esa debilidad y consideran necesario asumir compromisos. "Nunca estuvimos tan cerca como ahora, tras el asesinato de Nawab Bugti, de apoyarnos en una pequeña agenda común", dijo a IPS Hafiz Hussain Ahmed, del MMA.
Pero el éxito de cualquier prolongación de la iniciativa opositora depende de la voluntad de la población y de organizaciones de profesionales de transportistas, abogados, trabajadores, comerciantes y otros grupos participantes.
"Estamos listos para formar parte de la campaña opositora siempre y cuando incluyan nuestros reclamos en sus plataformas. Simplemente no queremos ser usados y luego olvidados", afirmó Mian Abdul Qayyum, presidente del Movimiento de Trabajo Nacional. ***** +ENERGÍA-ASIA : Gasoducto a la deriva por inseguridad regional (https://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=38552) (FIN/IPS/traen-vf-mj/mr/rdr/ap ip pr cv/06)
