Como consecuencia de acusaciones y ataques de grupos islamistas, organizaciones no gubernamentales que trabajan con mujeres en el norte de Pakistán se han visto obligadas a cerrar sus oficinas y a desplazar a su personal fuera de la provincia Frontera Noroccidental.
Una de las primeras en salir fue Khwendo Kor (Hogar de Hermanas, en el idioma pashto local), una organización que busca mejorar la posición de las mujeres con la instalación de escuelas insertas en la misma comunidad.
"Luego del ataque a nuestro vehículo en junio de 2004 en el vecindario de Bannu, en el que resultó herida la maestra Bushra, dejamos de trabajar" en esa provincia fronteriza de Afganistán, dijo Maryam Bibi, directora de Khwendo Kor.
También en junio pasado dos maestras del proyecto de orientación profesional financiado por el Banco de Desarrollo de Asia fueron muertas a balazos cerca de la sede del área de las tribus Oraksai. En ese atentado también resultaron asesinados dos hijos de una de las profesoras.
"Se cree que el ataque fue ejecutado por simpatizantes del movimiento (islamista) Talibán (en el gobierno de parte de Afganistán de 1996 y fines de 2001), que rechaza la presencia de organizaciones de no gubernamentales en las zonas tribales", dijo a IPS un funcionario de la Administración Federal de Áreas Tribales de Pakistán (AFAT)
Las mujeres asesinadas eran instructoras de maestras contratadas por el Proyecto para el Desarrollo del Área de Barani, destinado a comunidades rurales pobres, especialmente a mujeres, que viven en las zonas lluviosas de la provincia de la Frontera Noroccidental.
Investigaciones preliminares sobre los asesinatos indican que los atacantes se introdujeron sigilosamente en el edificio durante la noche y abrieron fuego contra Salma Bibi, Syeda Bibi, su hija de 10 años y su hijo de dos años y medio mientras dormían. Varias mujeres de grupos de la sociedad civil del barrio de Mansehra, ciudad de la misma provincia, renunciaron luego de llamadas de mezquitas a activistas en las que se pedían que antes de finalizar julio las empleadas mujeres fueran despedidas o enviadas fuera del área.
"Nada ha sucedido desde la fecha límite, pero nadie sabe cuándo golpearán", dijo un activista que no quiso revelar su nombre.
El motivo último que provocó la ira de los clérigos fue una función musical en Mansehra, organizada por una organización en su propia oficina, cerca de una mezquita.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son frecuentemente acusadas de ser "agentes de occidente" y de "difundir vulgaridad y destruir la religión", dijo un activista que realiza actividades de rehabilitación en las zonas sísmicas de la provincia.
Las autoridades de la provincia y los medios de comunicación han atizado las llamas todavía más.
El ministro jefe de la provincia, Akram Khan Durrani, aseguró que se dará protección a las ONG que trabajan con "sinceridad", mientras que aquellas que "promueven la cultura occidental" no pueden ser toleradas.
"Le damos la bienvenida a las ONG, pero sólo a las que se dedican a ayudar a la sociedad", dijo. Se estima que hay 3.000 organizaciones de este tipo en esa jurisdicción territorial.
Los comités de coordinación vecinal y la policía han solicitado a las ONG respetar la cultura local y sus valores. Un periodista local y un investigador de la Universidad de Peshawar dijeron a IPS que las ONG "hacen irreflexivas intervenciones que las colocan en aguas hirviendo".
Pero se han registrado otras víctimas. Zubaida Begum era una maestra jubilada que servía como administradora del centro de documentación de la Fundación Aurat, en el vecindario de Upper Dir. Además había sido elegida consejera del consejo sindical y de seguridad pública de Darora, en Frontera Noroccidental, y era una trabajadora incansable por los derechos de las mujeres.
Quizás fue su decisión de llegar a ser gobernante vecinal lo que enfureció a sus familiares y terminó con su brutal asesinato en julio de 2005, junto con su hija de 19 años, Shumaila Shah. Los asesinos fueron encabezados por el sobrino de su esposo fallecido.
El hermano de la consejera asesinada, el abogado Mian Pervez Yousuf, juró pelear hasta que se haga justicia.
"Es una práctica que los parientes y amigos donen dinero para eso (matar para salvar el honor de la familia)", dijo respecto del asesinato de su hermana y de su sobrina. Ahora, la vida de Yousuf está peligro. "No hay seguridad", dijo. "Moriré, pero habré hecho lo mejor para que se haga justicia".
La falta de seguridad ha obligado también a agencias de la Organización de las Naciones Unidas a suspender actividades en los vecindarios de Bannu, Tank, Dera Ismail Khan and Lakky Marwat. La imposibilidad de contar con protección también ha conducido a su retiro en las áreas tribales del norte y sur de Waziristan.
Taimur Ahmad Shah, jefe de prensa de la Comisión Nacional de Desarrollo Humano de Pakistán, dijo que su oficina fue cerrada en el área tribal de Bajaur y en el vecindario de Bannu, luego de que fuera incendiada la anterior.
"La lista de las tragedias con mujeres es muy larga y dolorosa", comentó Uzma Gilani de la Fundación Aurat, que se dedica a dar asistencia humanitaria a las mujeres en todo Pakistán.
"La gente está envalentonada por la declaración que hizo el presidente Pervez Musharraf en Nueva York, el 14 de septiembre de 2005, en la cual dijo que la violación de mujeres se había convertido en un negocio en su país y que éstas se dejan violar para hacerse ricas y obtener visas en Canadá, dijo sarcásticamente Yasmin Begum, de la ONG Shirkat Gah.
El comentario de Musharraf dio pie a una confusión desagradable en Pakistán y fuera del país, sobre la decisión gubernamental de no permitir que activistas por los derechos de las mujeres, que fueron violadas por orden de un consejo local de la provincia de la Frontera Noroccidental, viajaran a Estados Unidos y Canadá el año pasado.
En marzo, Lakshan Bibi, que dirige el proyecto de Sobrevivencia Indígena de Kalash en el valle de Chitral, de la misma zona, fue secuestrada bajo amenaza de arma de fuego, y solo logró su liberación después de la intervención de un miembro de la asamblea nacional de la provincia. Aún así debieron pagar unos 20.000 dólares.
"Yo pido protección del gobierno provincial. Mi familia está muy atemorizada después del secuestro", dijo Bibi a IPS. (FIN/IPS/traen-ac/dm/wo/hd/06)
