Una dictadura se avecina en Colombia con el comienzo, el próximo lunes, del segundo período consecutivo de gobierno de Álvaro Uribe, vaticinó sin ambages el presidente de la Organización Indígena de Antioquia, Guillermo Tascón.
El líder derechista, que comienza otro mandato de cuatro años, "teme que la izquierda se fortalezca y le dispute la posibilidad de alcanzar un tercer período", aseguró este dirigente de la comunidad indígena embera chamí, ubicada en el noroccidente del país.
"Para evitar eso, (el presidente) golpeará duro", añadió Tascón, en conversación con IPS en Ginebra, donde participó hasta este viernes de las sesiones del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, un órgano dependiente de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
—¿Cómo puede convertirse en dictador Uribe si acaba de ser reelegido en el elecciones democráticas por una mayoría abrumadora?
—"Una mayoría abrumadora" así, entre comillas, pues la obtuvo con relación a los demás candidatos, ya que sacó poco más del doble de votos que el segundo (Carlos Gaviria, candidato del izquierdista Polo Democrático Alternativo). Pero de los 44 millones de colombianos, sólo 12 o 13 millones fueron a votar y, de esta cifra, 60 por ciento o algo más votaron por él.
—¿Qué encuentra de irregular en ese proceso?
—Me preocupa que la mayoría de los colombianos, de los ciudadanos, del potencial de votantes, (55 por ciento de los 27 millones de habilitados) no elige presidente. Los que votan son los que tienen el poder económico y político.
—¿Qué pasa con el resto?
—Los pobres, los indígenas, los campesinos, los desempleados, hemos perdido la cultura de la participación para cambiar el sistema de gobierno por uno que nos satisfaga. En Colombia muchos no salen a votar por temor a la persecución. En el acto comicial se identifica su condición de pobre y se los estigmatiza.
—¿Es la única razón para recelar del segundo mandato de Uribe?
—También temo a la dictadura, porque en América Latina hay una tendencia a elegir presidentes de izquierda y el único bastión de la derecha es prácticamente la presidencia de Colombia. (Este gobierno) es el único aliado de Estados Unidos para mantener su hegemonía en la región.
—¿Qué tiene que ver Washington en el caso colombiano?
—Estados Unidos favorece esa hegemonía con la ayuda militar y financiera que brinda al Plan Colombia (de lucha antidrogas originalmente), destinado a acabar con la guerrilla y con toda oposición. Esa intención se manifiesta en el endurecimiento de la política de seguridad, sobre todo contra las organizaciones sociales que nos oponemos a la política económica liberal y guerrerista de Uribe.
—¿Ya perciben ustedes un clima de amedrentamiento?
—Basta con un ejemplo. Apenas reelegido Uribe, un grupo de organizaciones y también profesores y estudiantes universitarios recibimos panfletos amenazadores de un grupo denominado "Colombia libre de guerrillas", en el que se nos advierte de que pensamos como ellos o nos atenemos a las consecuencias. Enviamos esas cartas a la presidencia de Colombia y no hemos tenido respuesta.
—¿Cuáles son las organizaciones amenazadas?
—Entre otras están la Organización Indígena de Colombia, el Colectivo de Abogados Jaime Alvear y el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos.
—¿Cómo se relacionan las comunidades indígenas con el conflicto interno armado que afronta Colombia desde hace casi medio siglo?
—El conflicto está ligado al proyecto y al concepto de desarrollo que maneja la sociedad dominante en el país. En ese sentido, una de las razones de la movilización de los pueblos indígenas durante los últimos años ha sido la oposición al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el gran mercado regional con exclusión de Cuba que impulsa Estados Unidos.
—¿Qué papel les atribuían a las comunidades indígenas en ese acuerdo hasta ahora paralizado?
—De los borradores se desprendía que todas las condiciones eran para nosotros. Los que llevamos la peor parte en estos negocios somos las comunidades indígenas, porque en nuestros territorios hay mucha riqueza forestal, hídrica y mineral. El ALCA abriría las puertas a la inversión extranjera para que concluyera la conquista sobre los pocos recursos que sobrevivieron a la invasión europea de hace 500 años.
—¿Qué discrepancias tienen con otros proyectos de desarrollo?
—Todos los pueblos precolombinos existentes en América sostenemos un concepto de desarrollo muy diferente del que manejan los países industrializados, pues tiene una mirada a largo plazo, de conservación y de protección de la biodiversidad. En cambio, el ALCA está vinculado a los grandes proyectos para sacar esos recursos.
—¿Cómo se perjudican los pueblos originarios en ese caso?
—La mayoría de los indígenas estamos ubicados en zonas de difícil acceso, muy distantes de las cabeceras municipales. Por tanto, para sacar esos recursos necesitan construir carreteras, vías de penetración, como les llaman, que atraen mucho a los colonos. Y detrás de los colonos viene la expropiación de nuestros territorios.
—¿Cómo es la distribución de las tierras en Colombia?
—El gobierno colombiano ha asegurado en los últimos años que los indígenas tenemos tierras suficientes. Se habla de que la tercera parte del territorio del país, o algo más, está supuestamente en manos de los 84 pueblos indígenas que aún sobrevivimos allí.
—¿Pero cuál es la realidad?
—La verdad es que esos territorios no tienen capacidad productiva. Son tierras muy pobres para el uso agrícola, áreas básicamente útiles solamente para la conservación de bosques o como fuentes hídricas. Por lo tanto, allí puede vivir una sola familia. Una persona que dispone de 100 hectáreas en esos lugares, aunque suene contradictorio, pasa hambre.
—¿Cómo defienden los derechos de los indígenas?
—La oposición a la firma del ALCA implica también una lucha contra los grandes proyectos que pretenden colonizar y expropiar los territorios que aún conservamos. Mediante sus planes legislativos, el gobierno pretende negarnos o quitarnos algunos derechos conseguidos a través de la lucha.
—¿Cuáles son las facultades amenazadas?
—Por ejemplo, la imprescriptibilidad y la inembargabilidad de nuestros resguardos, como se llaman los derechos colectivos sobre nuestros territorios que en algunos casos se remontan a la época colonial, parecidos en algo a la mita o la encomienda de otras regiones de América Latina.
—¿Y respecto a los derechos sobre el bosque o sobre los yacimientos?
—El gobierno intenta valerse de la ley forestal para entregar el recurso que nosotros disponemos hasta ahora. La nueva norma esgrime el argumento del "vuelo forestal". Según esa interpretación, los indígenas sólo somos dueños de lo que está en el suelo. Lo que está encima puede ser aprovechado por el gobierno. Algo parecido ocurre con el Código de Minería, que determina la propiedad del subsuelo para el Estado. Los indígenas que vivimos encima de los yacimientos, no somos los propietarios ni podemos hacer uso de ellos. Si se descubren minas, seriamos desalojados o expropiados.
—En Colombia se desarrolla también el desarme de los grupos paramilitares de derecha ¿Qué opinión le merece ese proceso?
—Se habla en estos momentos de "un poco más de 30.000 hombres" que se desmovilizaron y entraron en una propuesta de "diálogo, de negociación y de acuerdo" con el gobierno. Todo eso es una farsa. Los supuestos paramilitares que aparecen en la negociación no lo son, si no que una gran mayoría de ellos son narcotraficantes, son jefes de distintos carteles de la droga que se han escudado ahí para evitar la extradición a Estados Unidos.
—¿Qué fin le diagnostica al programa de justicia y paz del presidente Uribe?
—La ley de Justicia y Paz, que habla de instaurar la verdad, la justicia y la reparación, ha sido un fiasco y va a terminar en un fracaso total. Aunque Uribe, sus ministros y el ejército defienden el éxito de la política de seguridad democrática, cuyos objetivos están centrados en la erradicación de la guerrilla y en la instauración del "estado comunitario" que predica este mandatario, nosotros consideramos que ha sido un fracaso.
—¿Cómo se encuentran las organizaciones no gubernamentales?
—El gobierno pretende involucrar en la guerra a toda la sociedad civil, con estrategias de incorporación de personas, grupos, comunidades y pueblos que no queremos formar parte de eso. Con esa teoría ha creado lo que denominan "red de informantes" y que nosotros llamamos "red de sapos", pagando sumas cuantiosas y aprovechando que la mayoría de la población esta en la pobreza extrema como consecuencia de la guerra. Entonces se ofrece plata a los ciudadanos para que informen sobre supuestos guerrilleros. Con esto se ha generado una cacería de brujas. Se producen detenciones arbitrarias masivas, sobre todo de personas que formamos parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Al mismo tiempo, el gobierno ha dado todas las garantías a los paramilitares, al extremo de legitimarlos. ***** + Etnias de Colombia (http://www.etniasdecolombia.org/organizaciones/oia/historia.htm)
(FIN/IPS/pc/dm/hd ip pr/sl la/06)
