El gobierno de Francia está listo para expulsar a unas 20.000 personas sin documentos, la mayoría procedentes de países de África subsahariana, señalaron organizaciones defensoras de los inmigrantes.
El ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, anunció el 24 de este mes que la mayoría de los indocumentados que en las últimas seis semanas habían solicitado un permiso de residencia, serían expulsados.
"El destino de las personas que viven irregularmente es ser devueltas a sus países de origen", declaró Sarkozy.
En octubre del año pasado, Sarkozy anunció que su Ministerio deportaría a 30.000 indocumentados, incluyendo a niños y adolescentes escolarizados.
El 13 de junio de este año, afirmó que, bajo ciertas circunstancias, esas personas podrían quedarse, provocando un aluvión de solicitudes de legalización de residencia.
Posteriormente, el 24 de julio, Sarkozy indicó que su cartera había recibido 20.000 peticiones. El gobierno fijó el 14 de agosto como fecha límite para presentar dichas solicitudes de legalización.
Después de esa fecha, el gobierno comenzará con "el tratamiento normal de los casos de los extranjeros", declaró el ministro.
"Sarkozy está otra vez desatando una cacería de niños con el fin de expulsarlos de Francia", señaló Richard Moyon, coordinador de la Red de Educación Sin Fronteras (RSEF, por sus siglas en francés), una organización de maestras, maestros y trabajadores de la educación franceses.
Desde hace dos años RSEF encabeza la oposición a la política que el ministro del Interior lleva adelante contra los inmigrantes irregulares, y alienta a los franceses a proteger a los hijos de éstos que estén escolarizados.
La política francesa de inmigración contrasta con la de otros gobiernos europeos como los de Alemania, España e Italia.
En Alemania, el gobierno de la ciudad de Berlín anunció la semana pasada que interrumpiría inmediatamente la política de deportar a personas que desde hace mucho tiempo no tienen documentos.
Las autoridades locales anunciaron que se permitiría a unos 14.000 refugiados, que llegaron a Berlín antes del 1 de enero de 2000, permanecer en la ciudad.
Esta iniciativa preanuncia una nueva ley nacional, cuya aprobación se espera para este año, que legalizará el estatus de residencia de entre 150.000 y 250.000 refugiados que han vivido en ese país desde hace mucho tiempo.
Con esa medida se pretende legalizar el estatus de refugiados cuya solicitud de asilo fue rechazada en Alemania Otros beneficiarios serán personas sin documentos, padres de niños que se convirtieron en adultos durante su estancia en el país y refugiados que ingresaron al territorio siendo menores.
El año pasado, el gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero legalizó a unas 570.000 personas indocumentadas.
En Italia, el primer ministro Romano Prodi estableció una normativa para regularizar el estatus de unas 517.000 personas extranjeras.
El ministro del Interior, Giuliano Amato, señaló que la disposición "no es sólo una medida solidaria con estos trabajadores, sino también una decisión a favor de la sociedad italiana. Estas personas ya están en Italia y, hasta ahora, su estatus los ha condenado a trabajar de forma ilegal".
En Francia, Sarkozy ha sido acusado de colocar el asunto de la inmigración en el centro de su campaña con vistas a las elecciones presidenciales de principio del año próximo, en las que pretende participar.
Líderes de la Iglesia Católica describieron la política de Sarkozy como una iniciativa populista tendente a obtener los votos de la derecha.
"Su propósito es complacer al electorado de extrema derecha cuyo único objetivo político es rechazar la otredad de los inmigrantes", dijo en entrevista radial el obispo Olivier de Berranger, destacado miembro del Consejo de Iglesias Cristianas francesas.
El electorado de extrema derecha representa alrededor de 15 de los votantes franceses. En los últimos comicios presidenciales de 2002, el partido neofascista Front National (FN), liderado por Jean-Marie Le Pen, obtuvo casi 17 por ciento de los votos.
Empero, la opción populista puede no ser una decisión práctica. Las personas sin permiso de residencia no suelen tener documentos de identidad, y si sus supuestos países de origen no los reconocen como ciudadanos, el gobierno francés puede no tener a dónde deportarlos.
El gobierno de Francia está presionando a algunos países, especialmente de África subsahariana, para que acepten a los inmigrantes que va a expulsar.
"Sarkozy está presionando duro a aquellos países que no cooperen", señaló Annette Huraux, del Servicio Ecuménico de Asistencia Mutua, una organización católica de ayuda al inmigrante.
