Mientras en los últimos cinco días hasta este martes llegaron a las costas españolas de islas Canarias unos 1.500 inmigrantes a bordo de embarcaciones precarias, el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero desarrolla una ofensiva diplomática para dar respuesta al problema.
La vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, se apresta a viajar a Finlandia, país que ejerce durante el segundo semestre de este año la presidencia de turno de la Unión Europea (UE), para solicitar más ayuda comunitaria.
El lunes, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se trasladó a Senegal para acordar con su homólogo del país africano, Ousmane N'Gom, medidas conjuntas de control de la oleada irrefrenable de inmigrantes indocumentados que últimamente parten sobre todo de las costas senegalesas.
Como resultado de las conversaciones, se autorizó a España a enviar a Senegal dos naves patrulleras de la Guardia Civil y un helicóptero del Cuerpo Nacional de Policía para que realicen labores de vigilancia de sus costas junto con las fuerzas de ese país hasta el próximo 30 de noviembre.
Madrid ya había firmado un convenio de ese tipo con Mauritania, merced al cual se encuentran operando en su litoral desde marzo una patrullera y un helicóptero hispanos que han logrado contener los intentos de viaje de las barcazas de emigrantes desde allí.
Los emigrantes, mayoritariamente procedentes del África subsahariana, intentan llegar a las costas españolas, puerta de entrada a la rica Europa, navegando en cayucos, embarcaciones más pequeñas que la canoa, de fondo plano y sin quilla, consideradas relativamente más seguras que las pateras (antes, las más utilizadas), que poseen similares características.
Las rutas y las modalidades de los viajes por mar que emprenden los emigrantes africanos se fueron modificando a medida que España perfeccionaba las medidas de control del acceso a sus costas.
Hace algunos años lo habitual era que intentaran llegar a la costa sur de la península desde Marruecos a través del estrecho de Gibraltar, puesto que allí ambos litorales continentales distan tan solo 14 kilómetros uno de otro.
Lo hacían en balsas inflables, que con frecuencia se hundían a causa de la turbulencia de las aguas y provocaban la muerte de sus improvisados tripulantes.
Pero España intensificó su patrullaje marítimo e instaló un sistema avanzado de detección por radar, a la vez que multiplicaba las acciones diplomáticas ante Marruecos para que su gobierno impidiera de manera efectiva que se utilizase el país como plataforma de partida de los "sin papeles".
Cuando esas medidas surtieron efecto, los inmigrantes y los traficantes que manejan el suculento negocio de las precarias embarcaciones (cada viajero debe pagar el equivalente de 1.000 a 1.900 dólares para realizar el viaje ilegal, lo que en África representa una fortuna) pasaron del Mediterráneo al océano Atlántico, convirtiendo al archipiélago de las Canarias, al sudoeste de la península ibérica y frente a África, en el nuevo destino español.
Entonces los puntos de partida se ubicaron mucho más al sur, en Mauritania, hasta que las autoridades de ese país se pusieron de acuerdo con las españolas para reprimir severamente el tráfico, con lo cual la partida volvió a ser mas hacia el sur, en Senegal, desde donde parten actualmente la mayor parte de las navegaciones clandestinas.
Las dificultades y los riesgos se incrementaron cada vez más para los emigrantes. El viaje al archipiélago canario desde las costas marroquíes era de unos 160 kilómetros, que se transformaron en 1.000 cuando decidieron hacerlo desde Mauritania, y en aproximadamente 1.500 kilómetros hoy, desde Senegal. Naturalmente, no se trata de trayectos directos.
Pero ni los enormes peligros que entraña esa navegación, que mata a miles de personas, ni la creciente potenciación y sofisticación técnica de las medidas de vigilancia marítima logran persuadir de no emprender el viaje a los africanos, que tratan de huir de la miseria que viven en sus países y sueñan con una vida mejor en una Europa por lo demás mitificada.
Durante la primera mitad de este año fue detectada la llegada a Canarias de unos 12.000 africanos sin papeles, y varias organizaciones humanitarias estiman que en ese mismo período pudieron haber perecido en el intento, de hambre y sed o bien ahogados, alrededor de 2.000.
Además de los patrullajes españoles, se desarrolla en la región la operación Hera II, dispuesta por la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), y que movilizará desde este viernes y durante un plazo inicial de dos meses a barcos patrulleros y aviones italianos, portugueses y finlandeses.
Interrogada por IPS, la diputada del opositor Partido Popular (PP) y portavoz de Interior en el Congreso legislativo, Alicia Sánchez Camacho, acusó al gobierno socialista del "absoluto descontrol de las fronteras" y del "efecto nefasto que produjo el plan de legalización de inmigrantes que llevó a cabo el año pasado".
El Poder Ejecutivo español legalizó durante 2005 a casi 600.000 inmigrantes que habían estado trabajando hasta entonces de manera ilegal.
Algunas fuentes calculan que 70 por ciento de las tareas hortofrutícolas en la región de Murcia y en los invernaderos de Almería (en el sureste de la península), para tomar un ejemplo, las realizan trabajadores de raza negra, buena parte de ellos en situación ilegal.
En total disidencia con las opiniones de la diputada del PP Sánchez Camacho, la eurodiputada socialista española Elena Valenciano dijo a IPS que "el origen de la afluencia descontrolada de inmigrantes no está en las acciones del gobierno socialista en la materia, sino en la brutal brecha entre el Norte rico y el Sur pobre, que no hace más que ensancharse".
Según los datos del producto interno bruto por persona del Banco Mundial, en términos de "paridad de poder adquisitivo", España es 5,5 veces más rica que Marruecos, 13 veces más que Mauritania, 14 más que Senegal y nada menos que 26 veces más rica que Malí, de donde por cierto proceden muchos de los sin papeles.
