El BID, principal financista público de Camisea, no descarta asignar más dinero a la segunda fase de la construcción de este gasoducto en la selva amazónica de Perú, lo que preocupa a ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil.
Esta entidad multilateral había prometido que, para otorgar nuevos fondos, esperaría el resultado de las investigaciones sobre las persistentes pérdidas experimentadas por la tubería que unirá la Amazonia con la costa de Perú en el océano Pacífico.
Cinco roturas y derrames afectaron las operaciones del gasoducto desde su inauguración, en 2004.
El BID (Banco Interamericano de Desarrollo), con sede en Washington, firmó la semana pasada una "carta de mandato" con compañías vinculadas al gasoducto de la compañía peruana Liquefied Natural Gas (LNG), que transporta el combustible desde el campo de Camisea.
Este tipo de documentos abre paso, según los procedimientos del Banco, a una inminente concesión de préstamos.
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El consorcio de Camisea, encabezada por las empresas Hunt, SK Corporation y Repsol YPF, gestiona un crédito de 400 millones de dólares para financiar parcialmente una terminal de gas natural líquido y otras instalaciones en la costa del Pacífico, con miras a la exportación.
El gas será vendido México, pero posiblemente también a Chile y Estados Unidos.
"El Banco está considerando este proyecto por su importancia única para el crecimiento económico de Perú", indicó el BID en un comunicado.
"El proyecto de LNG es un elemento estratégico clave en el plan general energético de Perú para capitalizar sus amplias reservas de gas en los campos de Camisea mediante su exportación a otros mercados", agrega el texto.
Pero organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil advirtieron que la decisión del BID contradice los compromisos asumidos antes por altos funcionarios de la institución.
Estos funcionarios aseguraron, frente a las protestas por los constantes derrames en el gasoducto, que no autorizarían más préstamos hasta que las auditorías finalizaran.
Prever un nuevo préstamo "antes que la auditoría haya empezado siquiera es un ejemplo preocupante de toma de decisiones con poca visión del BID, que contribuyó con la primera y problemática fase del proyecto", dijo Simeon Tegel, de Amazon Watch, organización con sede en San Francisco que desde hace mucho tiempo analiza la marcha del polémico proyecto.
E-Tech, organización sin fines de lucro dedicada a la investigación técnica, concluyó en una investigación concluida en marzo que la calidad de los materiales y los procedimientos de construcción de Camisea estaban por debajo de los estándares.
Ése es el factor determinante de los derrames de gas registrados en el área ambientalmente delicada que recorre la cañería, según el estudio de E-Tech.
Este informe obligó al BID y al gobierno peruano a encargar sendas investigaciones sobre el impacto social y ambiental de Camisea.
Pero organizaciones críticas del proyecto ya entonces descreían de la posibilidad de que el proyecto se detuviera, y ahora están aun más alarmadas porque el BID mantiene su tendencia a controlar el impacto de las obras que financia con una intensidad muy baja.
Por otra parte, también consideran probable que las auditorías detecten más errores en el gasoducto, y advierten que el Banco debería esperar hasta que los resultados sean hechos públicos para tomar una decisión sobre el financiamiento.
"Parece altamente improbable que una auditoría completa e independiente sobre el impacto social y ambiental de la primera fase de Camisea le dé el visto bueno", dijo Tegel.
El gasoducto de Camisea es uno de los proyectos clave en materia de energía en América Latina, e involucra la extracción, transporte y distribución de gas natural para consumo interno y exportación.
Es operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), consorcio que incluye a las argentinas Pluspetrol y Techint, la estadounidense Hunt Oil, la estatal argelina Sonatrach y la sudcoreana SK Corp.
Las críticas que han llovido sobre el gasoducto se concentran en su impacto social y ambiental.
El proyecto original, de 1.600 millones de dólares, se abre en una zona tropical remota y ecológicamente frágil, el valle de Urubamba, en la Amazonia peruana, una ubicación que eleva el riesgo de degradación ambiental en áreas de gran biodiversidad.
La puesta en marcha de Camisea implica el traslado de los habitantes de la zona a otras regiones, la destrucción de fuentes de alimento y agua de las comunidades locales y la exposición de indígenas aislados voluntariamente a enfermedades para las cuales no tienen defensas inmunológicas.
En una audiencia del Senado estadounidense el 12 de julio, el ex ministro de Minería peruano Carlos Herrera Descalzi advirtió que la novedosa vocación peruana por la exportación de gas contradice el objetivo original de Camisea: abaratar la energía en el mercado local.
La mala administración del proyecto "traerá problemas para el futuro, y de hecho ya los causó: la credibilidad del gobierno —y también de instituciones como el BID— está en cuestión", dijo Herera Descalzi ante los legisladores encargados de controlar el aporte de Estados Unidos a instituciones financieras internacionales.
Sin embargo, el BID insiste en que el gasoducto es bueno para la economía peruana y para la producción de energía en América Latina en general, y que el pronunciamiento de la semana pasada no significa una asignación inmediata de nuevos fondos.
El banco señala que la decisión de financiar el proyecto está sujeta a la aprobación del Consejo de Directores del BID.
La institución calculó que Camisea aportará 800 millones de dólares anuales a Perú, "aumentando 1,5 por ciento las exportaciones totales del país y transformándolo en un exportador neto de hidrocarburos en el mediano plazo".
"Se espera que todo el proyecto rinda 4.800 millones de dólares en términos en beneficios económicos acumulativos netos, o una cantidad equivalente a seis por ciento del producto interno bruto de Perú en 2005", dijo el BID en un comunicado.
