La censura del Senado de Bolivia al ministro Andrés Soliz Rada, responsable de la nacionalización de los hidrocarburos, motivó al presidente Evo Morales a pedir el apoyo popular en contra de la derecha política, a la que acusa de responder a los intereses de las firmas transnacionales.
La tranquilidad de los primeros siete meses de gobierno de izquierda del primer presidente de origen indígena se quebró con la acción parlamentaria del frente derechista Poder Democrático y Social (Podemos), liderado por el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002), que en este caso contó con el apoyo del representante de la centroizquierdista Unidad Nacional (UN).
La reprobación legislativa refiere a denuncias de corrupción en el área energética y críticas a la gestión gubernamental en el proceso de nacionalización de los hidrocarburos iniciado el 1 de mayo, como demoras en la negociación para readecuar los contratos con las empresas transnacionales que debe finalizar a fines de octubre.
El periodista Soliz Rada, el ministro de mayor aceptación ciudadana por haber impulsado esta nacionalización, fue cuestionado por una mayoría de senadores derechistas tras un informe oral en el cual también se plantean presuntos hechos de corrupción en la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Las denuncias apuntan a irregularidades en contratos de compra-venta de petróleo, donde se habrían ignorado normas en la materia de adquisiciones estatales, y posible tráfico de influencias, atribuidos al presidente de YPFB, Jorge Alvarado, un influyente dirigente del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
En un Senado donde el MAS carece de mayoría propia, el ministro de Energía, Soliz Rada, fue presa fácil de Podemos, que tiene su mayor fuerza electoral en la oriental región de Santa Cruz, la más desarrollada del país y donde se halla concentrado el empresariado que resiste las políticas de Morales de búsqueda de mayor equidad social y defensa de los recursos naturales.
El MAS sólo cuenta con 12 senadores, contra 13 de Podemos, uno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y uno de la UN. En cambio, el partido de gobierno es mayoritario en la Cámara de Diputados, con 72 de los 130 representantes.
La censura a un ministro de Estado es en Bolivia una sugerencia firme al presidente para que destituya al interpelado, aunque no es un mandato de imperativo legal. En este caso, Morales reaccionó en defensa de su colaborador con una ratificación expresa en el cargo, creando así un virtual conflicto entre de poderes.
"Se cometió un hecho vergonzoso contra la dignidad nacional, contra la patria y la nación", dijo en la noche de la víspera Morales en un mensaje emitido por televisión, en el cual también calificó de "masacradores" y "antipatrias" a los parlamentarios que promovieron la censura.
Los acusó de convertirse en defensores de las empresas petroleras y de oponerse al incremento de precios del gas natural que Bolivia exporta a Brasil, su mayor cliente en esta materia.
Esas palabras fueron pronunciadas por Morales unas horas antes de que se iniciara la visita oficial que cumple este jueves a Brasil el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, con el fin de negociar con el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva el requerido aumento del precio del millón de Unidades Térmicas Británicas (BTU) de gas de tres a cinco dólares.
Hasta el momento y después de la nacionalización de los hidrocarburos, anunciada el 1 de mayo, Bolivia sólo consiguió renegociar los precios de este combustible con Argentina, que ya paga cinco dólares por millón de BTU, aunque ese acuerdo rige sólo hasta fin de año.
El voto de censura al ministro de Energía llega en momentos en que el gobierno espera obtener mayores ingresos de sus ventas de gas natural a Brasil, de 12 millones de metros cúbicos por día.
Pero el experto en temas energéticos Mirko Orgaz es pesimista respecto de la gestión de García Linera. Señaló a IPS que Brasil expone una "decisión de Estado" para exigir el cumplimiento del contrato bilateral de suministro de gas natural firmado por 20 años y en el cual se introduce una fórmula para fijar precios.
Otra posición del vecino país, según Orgaz, es exigir una indemnización por las refinerías y otros bienes comprendidos en la nacionalización practicada por La Paz, al margen de la medida contundente de la firma Petrobras de suspender las inversiones en exploración y explotación de petróleo en Bolivia.
Desde la promulgación del decreto de nacionalización, el gobierno de Morales aún no consiguió readecuar los contratos con empresas petroleras extranjeras a las que incrementó su aporte tributario hasta 82 por ciento. Además, por falta de recursos financieros, se demora la refundación de YPFB como actor principal de la actividad petrolera.
En medio de la presión de la oposición a Soliz Rada, esta semana la fiscalía anunció la apertura de juicios de responsabilidades contra los ex presidentes Jaime Paz Zamora (1989-1993), Jorge Quiroga (2001-2002), Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), Carlos Mesa (2003-2005) y Eduardo Rodríguez, que cumplió un interinato de 2005 hasta la asunción de Morales.
La fiscalía, que funciona en la órbita del Poder Ejecutivo, se propone reabrir el caso, que generó un escándalo en su momento, sobre la supuesta vinculación entre Paz Zamora y el ya fallecido narcotraficante Isaac Chavaría, quien habría financiado campañas electorales.
Por su parte, Quiroga, Sánchez de Lozada, cuyo segundo gobierno quedó trunco por protestas populares y su posterior fuga a Estados Unidos, y Mesa son responsabilizados de firmar contratos con firmas petroleras en desventaja para el Estado boliviano.
A su vez, a Rodríguez se le atribuye el delito de traición a la patria por la destrucción durante su mandato de 28 misiles de fabricación china, con la participación de Estados Unidos en esa operación.
Actualmente, el gobierno está abocado a impulsar la Asamblea Constituyente, donde cuenta con 137 de los 255 integrantes, a la cual desea otorgarle el carácter fundacional y con todos los poderes, incluso sobre el propio poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El objetivo declarado es crear una nueva Bolivia , con el reconocimiento pleno de derechos a los pueblos indígenas, mayoritarios entre los 9,2 millones de habitantes, y la recuperación de los recursos naturales.
En ese frente, el derechista Podemos se opone al poder plenipotenciario de la Asamblea y está dispuesto a movilizar a organismos internacionales para exigir el respeto a las minorías.
El profesor universitario Joaquín Saravia señalo a IPS que los conflictos para Morales se precipitan rápidamente como efecto de una "gestión improvisada y con baja calificación técnica" de su gobierno, sumada a una política tradicional y cultural que abriga a una clase subalterna habituada a las prácticas de la corrupción.
Un deterioro de las condiciones políticas y económicas, actualmente óptimas para un buen desempeño, podrían conducir al gobierno del MAS a asumir posiciones autoritarias frente a problemas, como la corrupción, apuntó.
Por su parte, Orgaz tiene una lectura diferente de la nacionalización de los hidrocarburos, porque la considera una medida a medias, "dado que no confisca" los bienes de las empresas petroleras y ello lo conduce a afirmar que el gobierno deja "inalterables" los intereses de las firmas transnacionales.
Empero, el experto advierte que los movimientos sociales que se alzaron primero en defensa del agua y luego llevaron al derrocamiento de Sánchez de Lozada y de Mesa, por su actitud contemplativa con el capital transnacional, podría recobrar vigor para exigir ahora al MAS que ejerza una "transformación estructural" del sector de hidrocarburos, una refundación real de YPFB y la industrialización del petróleo.
"El único factor de temor para las firmas petroleras son los movimientos sociales", y ello representa el tema de fondo más que la censura al ministro Soliz Rada, afirmó Orgaz. (FIN/IPS/fc/dm/ip if/nr/sl la/06)
