El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México confirmó este lunes «en lo general» los resultados de los comicios presidenciales del 2 de julio, en los que triunfó por estrecho margen el candidato oficialista Felipe Calderón sobre el izquierdista Andrés López Obrador.
Los jueces señalaron en un pronunciamiento unánime que tras analizar las impugnaciones presentadas no encontraron irregularidades generalizadas en el escrutinio oficial, al contrario de lo que había denunciado el candidato de la izquierda.
No obstante, anularon los resultados de algunas casillas, pero en una proporción que no llegó a modificar la ventaja de Calderón.
Queda aún pendiente el cómputo final e inapelable de todos los distritos y la emisión, en su caso, de las declaraciones de validez de las elecciones y del presidente electo. Para cumplir esas tareas, los jueces tienen como plazo el 6 de septiembre.
De aquí en adelante, el Tribunal estudiará si tiene la cabida el pedido de anulación de las elecciones realizado por la izquierda con el argumento de que hubo muchas irregularidades y una marcada inequidad durante la campaña previa.
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Tras la resolución de este lunes, lo más probable es que el triunfo de Calderón sea confirmado y oficializado.
El tribunal resolvió las impugnaciones en medio de una creciente polarización política, ante la cual uno de los pocos asuntos con consenso es la necesidad de cirugía mayor de las instituciones y normas electorales.
Los partidos políticos presentaron 375 juicios de inconformidad contra los escrutinios oficiales levantados en 41.000 de las 131.000 casillas instaladas el 2 de julio. La izquierda, que presentó 240 de las querellas, denunció la práctica de un fraude sistemático en su contra.
Según indicaron los jueces, muchas impugnaciones se hicieron de manera inadecuada en lo formal, por lo que fueron desechadas.
La izquierda señaló que la resolución la decepcionaba, si bien esperaría la consideración de su demanda de nulidad del proceso eleccionario.
El escrutinio oficial conocido hasta ahora indica que López Obrador, candidato de la coalición izquierdista Por el Bien de Todos integrada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Convergencia y del Trabajo, perdió por un margen de 0,58 por ciento frente a Calderón, del gobernante y conservador Partido Acción Nacional (PAN).
La estrecha diferencia, inédita en la historia electoral de México, sembró dudas y puso contra la pared a las instituciones.
La coalición denunció que en su derrota tuvo gran peso la parcialidad del aparato del Estado, elemento que comparten algunos observadores electorales, como el grupo de activistas estadounidenses Global Exchange.
El gobierno de Vicente Fox desplegó meses antes de las elecciones discursos y publicidad oficial en medios de comunicación en los que indirectamente denostaba al candidato de la izquierda. Tal estrategia fue denunciada a los jueces, que exigieron al mandatario detenerla, lo que sucedió apenas un mes antes de los comicios.
Las cámaras empresariales también intervinieron al contratar en medios de comunicación espacios para criticar a López Obrador, un hecho que el Instituto Federal Electoral (IFE) juzgó irregular, pero apenas logró frenar tres días antes de las elecciones.
En su campaña, el PAN lanzó propaganda acusando al candidato de la izquierda de ser peligroso para el país y de cometer actos, aún no comprobados, de corrupción. El IFE consideró ilegal tal estrategia y la detuvo, pero luego fue la coalición la que aplicó similar receta.
El actual consejo general del IFE, que según la ley es una entidad independiente y ciudadana que se designa para un período de 10 años, nació con cuestionamientos en octubre de 2003.
Entonces, el PRD no dio su aval a ninguno de los nueve miembros de ese organismo, elegidos en la Cámara de Diputados por una mayoría que conformaron el PAN y el ex gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Según diversos informes conocidos por IPS, el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, es amigo personal del candidato Calderón y había fungido como asesor del PRI, además de tener cercanía con la criticada dirigente del sindicato del magisterio Elba Esther Gordillo, quien habría realizado una campaña subterránea para obtener el voto de sus afiliados por el postulante del PAN.
"No tenemos ningún respeto por las instituciones, porque no son las instituciones del pueblo. Nosotros vamos a crear nuestras instituciones, las del pueblo", dijo el domingo López Obrador ante miles de seguidores que desde fines de julio mantienen un campamento en la avenida Reforma y la plaza Zócalo, ambas en el centro de la capital.
El candidato advirtió que desconocería al Tribunal Electoral si no consideraba sus quejas.
Ungir como presidente de México al "pelele de la derecha", como ha calificado la izquierda a Calderón, llevará a que López Obrador sea designado como presidente "legítimo" en una asamblea popular, advirtió la coalición.
López Obrador denunció que se ofrecieron sobornos a los jueces del Tribunal para perjudicarlo en sus fallos, si bien no presentó pruebas.
En los últimos 10 años, los fallos de ese tribunal nombrado por consenso entre los partidos políticos, incluida la izquierda, no han sido desconocidos ni sus miembros acusados de parcialidad o corrupción.
A contracorriente de gobiernos comandados por el PRI durante siete décadas, una parte de los actores políticos de México construyeron en los últimos 20 años instituciones electorales de las que se sentían orgullosos y que observadores ponían como ejemplo.
Pero tras las elecciones presidenciales de julio, estas instituciones entraron en una crisis sin retorno, y hoy todos los actores políticos señalan que es necesario reformarlas para evitar otro callejón sin salida como el actual.
Global Exhange, con sede en el sudoccidental estado estadounidense de California, sugiere modificar la ley electoral para incluir el recuento total de votos cuando la diferencia entre los candidatos punteros sea mínima, la segunda vuelta electoral y la reducción de tiempos, gastos y prerrogativas de campaña.
"México ha tenido en los últimos años notables avances en materia de leyes e instituciones electorales", sostuvo Ted Lewis, líder de la misión de observadores de Global Exchange.
Pero "hoy lo importante es lograr que los instrumentos de la democracia mexicana den a los ciudadanos la mayor certeza, transparencia y confianza posibles", declaró ese activista.
Global Exchange aseguró que sus observadores comprobaron en una cantidad limitada de casillas "evidencias de fraude o irregularidades en cada una de ellas, con más votos que votantes registrados, intimidación, compra de sufragios, intervención no autorizada de líderes políticos y falta de conocimiento de los delegados voluntarios".
"Sí hubo fraude, por lo que pudimos ver, en pequeñas cosas. No podemos decir si esto afectó el resultado final… No estamos aplicando esto a todo el país ni estamos generalizando", añadió Lewis.
Los observadores de la organización detectaron compra y coacción del voto, particularmente en el estado de México, vecino a la capital, acarreos de votantes en el estado sureño de Oaxaca, y el uso con fines electorales de programas sociales federales y estatales por parte del gobierno y del PRI.
La desconfianza de la izquierda en las instituciones electorales subió de tono cuando el mismo día de las elecciones, al presentar los resultados preliminares, el IFE declaró que no podía indicar quién había ganado, argumentando lo apretado del resultado.
El asunto empeoró cuando avanzó el conteo oficial y el IFE no informó con prontitud que en el mismo faltaban cientos de miles de votos que entraron a un archivo especial, pues tenían algunas inconsistencias.
Esos hechos alimentaron las suspicacias. Cuando terminó el escrutinio, que incluyó una nueva revisión de las actas en los distritos electorales bajo la mirada de delegados de partidos políticos, se confirmó el triunfo de Calderón, y Ugalde, presidente del IFE, informó del resultado.
La izquierda protestó porque que el funcionario hubiera declarado a Calderón como ganador y argumentó que esa facultad sólo correspondía al Tribunal Electoral.
La desconfianza sembrada en las instituciones electorales es "una pérdida sustantiva cuyas derivaciones nadie puede minusvaluar (sic). Un patrimonio común —estratégico— se desgasta ante nuestros ojos", lamentó el ex presidente del IFE, José Woldenberg, bajo cuya conducción se desarrollaron las elecciones que llevaron a Fox a la Presidencia en 2000.
Gracias a las reformas electorales de los últimos 20 años, la oposición fue ganando espacios legislativos, gobernaciones y alcaldías, y en 2000 el PRI perdió la Presidencia por primera vez.
El valor de las instituciones electorales mexicanas fue tan ponderado que la Organización de las Naciones Unidas llegó a pedir su asesoramiento para la celebración de comicios en otros países, entre ellos Iraq. En semanas previas a las últimas elecciones, observadores de la Unión Europea habían afirmado que un fraude en México era casi imposible.
Hoy se multiplican las voces que piden cambios a favor de la transparencia electoral y para evitar callejones sin salida como el actual, que podría rebasar a las instituciones.
"La crisis del sistema electoral no tiene retorno, por lo que tarde o temprano será sometido a nuevos cambios", dijo a IPS el politólogo de Universidad Nacional Autónoma de México, Modesto Jaime.
