La izquierda mexicana puso la mira ahora en el presidente Vicente Fox en busca del recuento total voto a voto, ya negado por la justicia, mientras mantiene la presión contra el tribunal electoral con bloqueos de calles capitalinas pese a la irritación de empresarios y de parte de la población.
Dirigentes empresariales de la ciudad de México condenan la instalación de campamentos en calles y plazas de la coalición izquierdista Por el Bien de Todos, que impiden la actividad comercial y turística, y piden la renuncia del alcalde Alejandro Encinas, del mismo sector en protesta, al que acusan de anteponer sus intereses partidarios a los de la población de la urbe.
Los empresarios aún no calculan el monto de las pérdidas por la reducción de sus ventas y la cancelación de reservaciones en hoteles en el principal corredor turístico de la capital mexicana.
Dante Delgado, presidente del minoritario partido Convergencia, miembro de la coalición opositora que pugna por la presidencia de México para Andrés López Obrador, pidió a sus seguidores que se manifiesten en todos los actos públicos donde se presente Fox para exigir el recuento de votos y recriminarle "su intervención en los comicios" nacionales del 2 de julio.
La presidencia respondió este lunes a través de su portavoz, Rubén Aguilar, que la agenda de Fox no cambiará a pesar de las amenazas de la oposición. Indicó que este gobierno abrió espacios para que los ciudadanos ejerzan sus derechos constitucionales, especialmente la libertad de expresión y de manifestación.
También agregó que el mandatario acudirá a rendir su sexto y último informe de gobierno ante el Congreso legislativo el próximo 1 de septiembre, tres meses antes de entregar el cargo a su correligionario Felipe Calderón o a López Obrador, según lo que decida la justicia electoral finalmente.
López Obrador rechazó otra vez en la víspera la resolución adoptada el sábado por el tribunal de justicia electoral de desechar su pedido de un nuevo conteo total de los sufragios emitidos el 2 de julio y de ordenar sólo la apertura de 11.839 urnas de votación en 149 de los 300 distritos del país.
Ante varios miles de seguidores congregados en el Zócalo capitalino, el mayor paseo público urbano del país, el también líder del Partido de Revolución Democrática (PRD) refrendó que la resistencia civil continuará y pidió disculpas a ciudadanos, comerciantes y empresarios de distintos sectores por afectar el libre tránsito.
Añadió que la lucha que encabeza busca frenar un retroceso de la democracia en México. Por eso seguirá reclamando al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para exigir a los magistrados que rectifiquen y ordenen un cómputo total. Sólo así, sostuvo, habrá certeza de que no se cometió un fraude en los comicios.
A su vez, Calderón, del gobernante Partido Acción Nacional (PAN), señaló que el actual sistema electoral "está agotado" y propuso iniciar los trabajos para impulsar una reforma. Además, confió en que el recuento parcial ordenado por el tribunal electoral ratificará su triunfo.
El cómputo primario del Instituto Federal Electoral (IFE), responsable de la organización y desarrollo de los comicios, dio ganador a Calderón sobre López Obrador por apenas 0,58 por ciento de los más de 41 millones de sufragios.
"La solidez de nuestras instituciones ha superado las visiones antidemocráticas, anarquistas e intolerantes que las han amenazado, (pero) también es cierto, y eso hay que admitirlo, que nuestro sistema electoral muestra signos de agotamiento", expresó Calderón ante los legisladores electos de su partido.
Por separado, los ex consejeros electorales Eduardo Huchim y Jesús Cantú coincidieron que el recuento parcial de votos ordenado por el tribunal representa un triunfo para las demandas de López Obrador.
En su opinión, el tribunal reconoció que hay inconsistencias en poco más de nueve por ciento de las mesas instaladas. Dependerá de la magnitud de dichas inconsistencias para determinar si se recuentan más mesas de votación o se aclara que fueron elecciones limpias.
La resolución del tribunal fue respaldada inmediatamente por el PAN, el minoritario Partido Alternativa Social y por el opositor e histórico Partido Revolucionario Institucional, que gobernó siete décadas consecutivas al país hasta 2000 y en los pasados comicios retrocedió al punto de pasar a ser la tercera fuerza en el Congreso. Lorenzo Córdova, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México también sugirió a la coalición de izquierda no presionar a los magistrados y esperar a que realicen el recuento de las 11.839 urnas de votación.
Josefina Vázquez Mota, ex ministra de Desarrollo Social y quien coordinó durante los últimos seis meses la campaña de Calderón, pidió a López Obrador respetar la decisión del tribunal y no dilapidar con protestas el capital político que su partido ganó en esta contienda.
Recordó que el PRD dejó de ser la tercera fuerza política nacional y ahora es la segunda, con amplia representación en el parlamento, pero en su opinión, "ese capital político se puede perder" con los actos de protesta que encabeza en las calles y en contra del tribunal.
El portavoz del PAN, César Nava, también hizo un llamado a todas los partidos políticos para superar el encono y empezar a conformar un gobierno de coalición.
A pesar de que aún no hay presidente electo, Nava y Vázquez Mota encabezan los trabajos para la transición y junto con Calderón sostienen encuentros con líderes empresariales, sindicales y de organizaciones civiles, con quienes establecen compromisos de trabajo para el periodo de gobierno 2006-2012.
El recuento de los votos se realizará en 26 de los 31 estados y comenzará el miércoles próximo para finalizar el domingo. Además de los representantes del tribunal electoral participarán magistrados del Tribunal Superior de Justicia y de los partidos políticos.
El tribunal tiene hasta el 31 de agosto para resolver las impugnaciones y hasta el 6 de septiembre para calificar la validez de las elecciones y en su caso entregar la constancia de ganador a uno de los candidatos contendientes. El cambio de poder se realiza el 1 de diciembre ante el Congreso. (FIN/IPS/ar/dm/ip cv/sl la/06)
