La policía de Perú capturó en los últimos 18 meses a 25 narcotraficantes mexicanos. Esta cantidad inédita de detenciones de esa nacionalidad se debe, según las autoridades, a que cinco de los más importantes carteles de la droga de México ya operan en este país para abastecer a su clientela estadounidense.
Tras el apresamiento de un barco pesquero con 4,7 toneladas de cocaína a bordo por parte de un guardacostas estadounidense, el 28 de julio, cuando pretendía trasladar el cargamento a México, ya llegan a 12 las toneladas de esa droga procedentes de Perú decomisadas en los que va del año, 300 kilogramos más que en todo 2005.
Aunque entre 2004 y 2005 los cultivos de hoja de coca se redujeron cuatro por ciento para quedar en 48.200 hectáreas en el marco de la erradicación forzada, la producción potencial de cocaína se mantiene estable desde 2000 en un rango que va de las 141 toneladas a las 190, según el último reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito.
En promedio, el decomiso en ese lustro ha sido entre 20 y 25 por ciento de esa producción anual, sumando los operativos en el país y en el exterior.
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Las normas en vigor en Perú sobre erradicación de la coca no dejan margen alguno para las plantaciones de este cultivo ancestral andino, lo cual ha motivado el surgimiento de un fuerte movimiento de campesinos en reclamo de flexibilización, al punto de que en las elecciones de este año lograron llegar al Congreso legislativo.
Cifras del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos afirman que en 1990 habían en Perú 121.300 hectáreas de cultivos de coca, en 1995 había bajado a 115.300, en 2000 eran 43.400 y en 2005 las plantaciones volvieron a crecer, esta vez 4.800 hectáreas.
La producción de cocaína hasta la mitad de los años 90 en Perú era un negocio exclusivo de los carteles de la vecina Colombia. Pero ahora se ha convertido en una verdadera industria, lo cual se debe a que las mafias mexicanas han llegado con millones de dólares para estimular la fabricación masiva de cocaína en el país a niveles jamás registrados.
"Perú antes era un proveedor de pasta básica de cocaína para las organizaciones de traficantes colombianas", que mantenían para sí la exclusividad de la fabricación del clorhidrato de cocaína, señaló a IPS el jefe de la Dirección Nacional Antidrogas, general Carlos Olivo Valenzuela.
"Pero hoy los carteles mexicanos envían a sus representantes con millones de dólares para invertir en la producción de cocaína en Perú y lo hacen en sociedad con los colombianos, que aportan sus conocimientos e incluso envían a sus químicos a la selva para instalar los laboratorios cerca de los cultivos de hoja de coca", explicó.
Olivo Valenzuela indicó que, a partir de las detenciones de mexicanos y con información confrontada con la DEA, la policía peruana ha determinado que el cartel de Tijuana es el de mayor presencia en este país. Aunque también se han confirmado actividades de los carteles de Guanajuato, Sinaloa, Juárez y Guadalajara, todos ellos en referencia a ciudades de México.
Fuentes oficiales estadounidenses también dijeron a IPS que organizaciones mexicanas de la droga operan en Perú y que exportan cocaína vía marítima, ocultándose en actividades legales como la pesca y la agroindustria. Señalaron que esa presencia implica un significativo movimiento de dinero y, por tanto, un mayor grado de corrupción.
El primer antecedente de la presencia de los carteles mexicanos en Perú data de enero de 1995, cuando la policía antidrogas local y la DEA interceptaron un cargamento listo para enviar a México de 3,2 toneladas de cocaína en Piura, una localidad costera al norte del país.
Los hermanos López Paredes, responsables de la carga, trabajaban para el cartel de Guadalajara, según los informes policiales.
Luego, la DEA descubrió que el hoy fallecido jefe del cartel de Juárez, Amado Carrillo, conocido como "Señor de los Cielos", financió la producción de cocaína en Perú.
Ese proyecto se frustró con la muerte de Carrillo en una mesa de operaciones el 4 de julio de 1997, cuando intentaba cambiar su rostro.
Sin embargo, el narcotraficantes Óscar Benítez declaró que el cartel de Juárez llegó a pagar sobornos al entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos para exportar cocaína sin problemas. El caso se ventila hoy en los tribunales peruanos junto a otras causas que tienen al ex hombre fuerte del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) como principal imputado.
Pero es el 7 de junio de 2002, cuando la policía antidrogas peruana constata que más carteles mexicanos se habían instalado en el país para promover la producción masiva de cocaína. Ese día, una operación que abarcó desde el norteño puerto pesquero de Chimbote hasta la sureña selva de Ayacucho impidió el envío a México de 1,7 toneladas de cocaína.
Con este caso, las autoridades consiguieron armar el rompecabezas de las organizaciones internacionales de narcotraficantes con presencia, además de mexicanos, de colombianos, ecuatorianos y peruanos.
El logro se debió a que uno de los detenidos, el colombiano Marco Antonio Cano, decidió colaborar con las autoridades a cambio de beneficios penitenciarios. Fue la primera vez que un narcotraficante propuso semejante propuesta, y fue aceptada.
IPS tuvo acceso a las declaraciones de Cano, quien cumplía dentro de la mafia el papel de administrador del dinero y, por tanto, conocía en detalle su aceitado funcionamiento.
Cano declaró entonces que los carteles mexicanos habían invertido hasta ese momento dos millones de dólares para producir cocaína, dinero que se utilizó para la compra de pasta básica, la instalación de un laboratorio de procesamiento de clorhidrato y el transporte de la droga hasta el puerto de Chimbote.
"Era una excelente inversión desde cualquier punto de vista, porque por esas 1,7 toneladas que consiguieron acopiar para la exportación (y que fue requisada), en Estados Unidos iban a obtener 42,5 millones de dólares de ganancia. ¿Quién no va a correr el riesgo con semejante beneficio?", se preguntó el general Olivo Valenzuela.
Las confesiones de Cano, además, permitieron identificar a otros cómplices dentro del propio Estado peruano.
El llamado "cajero del cartel de Tijuana en Perú" afirmó que había pagado casi 200.000 dólares a los oficiales de la aviación del ejército, el comandante Jorge Ríos y el mayor José Sal y Rosas, quienes tenían la misión de movilizar dos helicópteros militares para trasladar la cocaína desde Ayacucho hasta Chimbote. Los dos militares ahora están presos.
Sin embargo, la captura de 23 integrantes del cartel de Tijuana en Perú y la pérdida de esas 1,7 toneladas de cocaína no asustó a los narcotraficantes mexicanos. Es más, han demostrado estar dispuestos a que nadie los moleste.
Hernán Saturno Vergara, uno de los miembros del tribunal que enjuicia a los detenidos, fue asesinado el 18 de julio pasado, cuando cenaba cerca del Palacio de Justicia, al estilo de los sicarios colombianos: con disparos efectuados desde una motocicleta donde viajaban dos personas. Resultado: el proceso judicial quedó trunco.
Los narcotraficantes saben que la justicia peruana es muy lenta, y que si no son sentenciados en el plazo establecido pueden salir libres. Y a eso juegan.
De hecho, nadie ha sido condenado desde que se descubrió la organización hace cuatro años.
Otro dato indicativo del aumento de la producción de cocaína en el país es el último informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), un organismo dependiente de la presidencia del Consejo de Ministros, en el cual se consigna que de enero de 2005 a junio pasado los bancos peruanos han reportado transacciones financieras de posible procedencia del narcotráfico por 400 millones de dólares.
"Estamos hablando sólo de lo que los bancos han informado, ya que tienen la obligación legal de hacerlo. Pero la cifra es sólo una aproximación de lo que están moviendo los narcotraficantes en el sistema financiero formal para lavar activos obtenido del narcotráfico", señaló a IPS una fuente de la UIF.
Precisamente, Cano había revelado que el dinero de la droga no era introducido al país mediante transferencias bancarias sino que es filtrado en efectivo por individuos contratados para dicha tarea. Y, que una vez logrado su objetivo, vuelcan esos fondos en el sistema bancario utilizando empresas ficticias.
A pesar del incremento de la presión de la policía antidrogas, los carteles mexicanos no ha reducido su capacidad de producir y exportar cocaína.
El 12 de noviembre de 2004, agentes antinarcóticos peruanos desarticularon otra organización de narcotraficantes relacionados con mafias mexicanas e incautaron 700 kilogramos de cocaína.
Fuentes de la Fiscalía de la Nación que interviene en el caso judicial sobre ese operativo informaron a IPS que el jefe de los peruanos era el ex militar Jonathan Huácac Torrico, quien involucró a oficiales de la región Piura.
Debido a sus contactos en el ejército, Huácac Torrico logró hospedar en el Casino Militar de Piura a los mexicanos Rubén Lugo Romero y Guillermo Rodríguez Machado, quienes convirtieron el establecimiento castrense en un centro de operaciones del narcotráfico. Allí escondieron 340 kilogramos de cocaína, indicaron las fuentes.
Los agentes antinarcóticos encontraron en la casa de Huácac Torrico un mapa que indicaba el procedimiento para la exportación de la cocaína: primero México y luego Estados Unidos.
En caso de haber conseguido sacar de Perú los 700 kilogramos, el ex militar y sus socios del cartel de Tijuana habrían ganado en el mercado estadounidense 17,5 millones de dólares. Sólo fueron detenidos algunos cómplices.
Mientras, la estrategia de lucha antidrogas en Perú no ha cambiado frente al desafío de los carteles mexicanos. La policía a cargo de ella recibe un presupuesto muy bajo y "no podemos revisar los embarques de exportación y tampoco estamos autorizados a hacer inspecciones en los puertos. Estamos en desventaja", dijo el general Olivo Valenzuela.
Pero no sólo los carteles mexicanos se han dedicado a producir cocaína. Debido al éxito del negocio, empresarios peruanos, al estilo de los capos mexicanos y colombianos, por primera vez se dedican a la producción y exportación de clorhidrato de cocaína a Estados Unidos y Europa.
