Si no se frena de inmediato la fumigación aérea antidrogas en Colombia, las comunidades indígenas locales pagarán un alto precio ambiental y económico, advirtió la estadounidense Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente.
Un informe de 23 páginas, elaborado por esta asociación con sede en Oakland, California, documenta numerosos casos de daños a la salud humana, destrucción de cultivos y contaminación del agua como consecuencia de seis años de fumigación aérea alentada por Estados Unidos.
Estas operaciones son parte del Plan Colombia, un programa de asistencia de Washington al gobierno del país latinoamericano dotado de miles de millones de dólares, uno de cuyos objetivos es reducir el consumo de drogas entre la población estadounidense.
Luego de años de rociar plantaciones de coca con sustancias tóxicas, Estados Unidos y Colombia no lograron reducir la producción de este insumo de la cocaína, que se mantiene relativamente estable, según el estudio titulado "Estrategias de desarrollo alternativas: la necesidad de ir más allá de la fumigación de cultivos ilícitos".
El área de cultivos de coca se estimaba en alrededor de 163.000 hectáreas en 2000. Hoy, son no menos de 144.000 hectáreas, según investigadores que se basaron tanto sobre fuentes independientes y oficiales.
"La fumigación aérea ha sido completamente ineficaz y, más bien, contraproducente", dijo a IPS Anna Cederstav, directora de programa en la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente.
Los autores del estudio señalaron que casi 90 por ciento de las haciendas afectados por esta práctica estaban dedicadas a la producción legal frutas, vegetales y café orgánico, no coca. Hasta ahora, ningún agricultor fue compensado por los daños.
Además, haciendas apoyadas por la estadounidense Agencia Internacional para el Desarrollo (Usaid) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), a través de programas de cultivos alternativos para los sembradores de coca, también fueron perjudicados por la fumigación indiscriminada.
En mayo y junio del año pasado, por ejemplo, la fumigación perjudicó a cultivadores legales que habían pagado un alto precio por certificaciones de agricultura orgánica con el fin de exportar.
El estudio resalta que, en muchos casos, comunidades indígenas y negras no fueron consultadas por las autoridades responsables por la fumigación, aunque las leyes colombianas e internacionales así lo requieren.
Expertos aseguran que comunidades indígenas apoyan a las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), enfrentadas con el gobierno y con las milicias paramilitares de derecha desde hace 40 años.
Tanto las FARC como los paramilitares niegan participar en el comercio ilegal de coca y cocaína hacia Estados Unidos y Europa, como aseguran numerosos observadores.
El informe destaca la falta de resultados del programa de fumigaciones y los éxitos comprobados de los proyectos de desarrollo comunitario.
"En Colombia existen programas exitosos para erradicar cultivos ilícitos que no tienen costos económicos, sociales, ambientales y sanitarios tan altos como la fumigación", dijo Rafael Colmenares, director de Ecofondo, red que representa a más de 130 organizaciones ambientales nacionales.
Para él, "son estos programas los que deberían respaldarse, pues pueden generar una solución real y duradera para este problema".
Entre los proyectos alternativos sugeridos en el estudio figuran un sistema sustentable de conservación y manejo ambiental basado sobre la participación comunitaria y programas voluntarios de erradicación de la coca apoyados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El estudio hace un cálculo de la relación costo-beneficio de las fumigaciones: entre 2000 y 2005 se invirtieron unos 1.200 millones de dólares en rociar más de 713.000 hectáreas de cultivos de coca y amapola, pero con eso apenas se logró reducir las hectáreas cultivadas en 26.000.
Por contraste, en el mismo periodo se gastaron unos 213 millones de dólares en programas de desarrollo alternativo con los que se logró "proteger o erradicar exitosamente cultivos ilícitos de 1,6 millones de hectáreas".
El informe llama a los gobiernos estadounidense y colombiano, así como a la ONU, a aumentar su apoyo a proyectos alternativos para eliminar así el cultivo de drogas ilícitas.
"Estamos convencidos de que la implantación inmediata de programas alternativos, sustentables y participativos pueden generar soluciones reales al complejo problema de los cultivos ilícitos", manifestó Astrid Puentes, directora legal de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente.
"Continuar fumigando mientras se ignoran los programas que proporcionan alimentos y trabajos a los pobres de las áreas rurales intensificará la crisis en Colombia y resultará en serios impactos ambientales", pronosticó. ***** +Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (http://www.aida-americas.org/aida.php?page=1&lang=es) +Unodc en Colombia (http://www.unodc.org/colombia/index.html) +Ecofondo (http://www.ecofondo.org.co/) (FIN/IPS/traen-js-mj/hr-ks/la ip dv en he/06)
