Parte de la burocracia del Plan Cóndor, en su capítulo uruguayo, está en poder de la justicia argentina que investiga esa coordinación represiva de las dictaduras sudamericanas. Es la memoria desaparecida de modo forzoso que se rescata poco a poco a 21 años de recuperada la democracia.
Miles de fichas sobre el seguimiento de personas en Uruguay y en el exterior sindicadas como enemigas de la dictadura instaurada de 1973 a 1985 y documentos sobre la creación en 1974 del llamado Servicio de Inteligencia del Exterior prueban la participación de este país en el plan represivo conjunto en la región.
Entre la información escrita ubicada hasta ahora, especialmente en la cancillería, se encuentra lo actuado por militares y policías uruguayos en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, en Buenos Aires, donde fueron secuestrados y torturados medio centenar de exiliados de esta nacionalidad, además de argentinos y de otros países, la mayoría aún desaparecidos.
Desde ese lugar fueron trasladados a Uruguay militantes políticos en una operación que se intentó fraguar como una invasión insurgente en los años 70. Se investiga actualmente la existencia de otros vuelos con detenidos que habrían sido ejecutados al arribar al país.
El trabajo de los expertos del Área Memoria de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, creada para esta tarea de rescate de archivos, ha logrado en poco más de un año hallar documentación de otras reparticiones estatales, en especial en las carteras de Defensa e Interior, que se consideraba destruida.
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El responsable de esta Área, el profesor de historia Oscar Destouet, dijo a IPS que en ese rescate aparecen los partes policiales y militares sobre actuaciones ilegales contra civiles, órdenes de detención y de interrogatorios de los que se desprende la práctica de torturas, aunque no aparecen detalladas como era de esperar.
También existen archivos sobre partidos de izquierda, sindicatos y otras organizaciones sociales, así como de militantes y activistas en el país y en el exterior, donde figuran nombres de muchos de los casi 200 detenidos detenidos-desparecidos en los 12 años de dictadura, la mayoría de ellos en Argentina.
Destouet indicó que todos los documentos que hacen referencia a Automotores Orletti y otros sobre la represión de uruguayos en Argentina ya fueron remitidos al juez de ese país Daniel Rafecas y engrosan la llamada causa Plan Cóndor, en la que están involucrados más de una decena de uniformados y el entonces canciller Juan Carlos Blanco, único enjuiciado en Uruguay.
Rafecas solicitó a Uruguay toda la documentación existente sobre la represión, el tráfico de armas y la actuación de los servicios de inteligencia, a través de la embajada uruguaya en Buenos Aires y de los consulados en las principales ciudades del país vecino.
Cientos de uruguayos se refugiaron en Argentina, que vivió en democracia hasta 1976, tras el golpe de Estado perpetrado por los militares en complicidad con el entonces presidente constitucional Juan María Bordaberry.
El ex dictador podría ser pedido en extradición en el marco de la causa sobre el Plan Cóndor, pues comprende la investigación del asesinato de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, cometido en Argentina.
Ya están en prisión en Uruguay ocho represores uruguayos pedidos en extradición por Rafecas, que se constituyeron así en los primeros uniformados detenidos en este país por violaciones a los derechos humanos desde la recuperación democrática.
Estos fueron favorecidos por la aplicación de una ley, confirmada en referendo en 1989, que dejó fuera de los juzgados al grueso de los crímenes perpetrados por agentes del Estado, pero dio potestad al Poder Ejecutivo de decidir si algunos de ellos eran pasibles de ser investigados por la justicia. La intención era dar vuelta la página de la dictadura, según sus impulsores, los dos partidos tradicionales, Colorado y Nacional, que se sucedieron en el gobierno hasta marzo 2005.
Tras la llegada al gobierno del izquierdista Frente Amplio, blanco predilecto de la represión de la dictadura, se intensificaron las investigaciones sobre el destino de los detenidos-desaparecidos, se atendieron pedidos de extradición que antes habían sido rechazados y varios casos de lesa humanidad perdieron el amparo legal.
En ese marco, se libraron el martes los primeros pedidos de procesamiento de uniformados a la justicia uruguaya por la desaparición de personas. Los acusados son los militares José Gavazzo, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez y Ernesto Rama, el ex oficial Ricardo Arab y el ex policía Ricardo Medina, ya presos por el pedido de Rafecas, así como Juan Rodríguez y Pedro Sande.
El cambio de actitud del Poder Ejecutivo tras la asunción del presidente Tabaré Vázquez se reflejó también en la creación de la Dirección de Derechos Humanos, cuyo funcionamiento fue normado con la ley de Presupuesto Nacional que rige desde enero de este año, aunque ya actúa desde hace más de un año.
"La estrategia es cubrir un área totalmente dejada de lado por los gobiernos anteriores", como es el rescate del pasado con eje central en la educación en derechos humanos, generar políticas para crear conciencia para que la sociedad asuma como propios los derechos básicos de las personas", explicó Destouet.
Para ello se ha implementado un cronograma de seminarios, charlas, audiovisuales y un aporte constante de documentación a los organismos públicos que lo soliciten, en especial a la justicia. Con ese fin se han hecho acuerdos con organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
"Se propende al desarrollo del aprendizaje del pasado reciente, cuando los derechos humanos fueron violentados desde el Estado en forma constante", además de rescatar valores perdidos en ese tramo como "el de lo colectivo", resumió el experto.
Para Destouet, la tarea que lleva a cabo su repartición "consiguió desterrar definitivamente la idea de que no había archivos de la dictadura, que no existía ningún tipo de documentación de esa época".
"Nos habían dicho (los gobiernos pasados) que en un tiempo, que nadie supo cuándo y nadie sabía por orden de quién, toda documentación generada en aquellos años había sido destruida. Es más, nadie sabía si lo que muchos recordábamos realmente había ocurrido", acotó.
Por eso llama la atención cuando la oposición, que gobernó en los últimos 20 años, exige a las actuales autoridades que busquen y presenten al parlamento la documentación de la dictadura, sostuvo.
"El secretismo que impera aún en el Estado y la necesidad de la sociedad de no querer saber más de lo ocurrido unida al miedo y al recuerdo de la represión por otro, tendieron un velo de ignorancia", precisó. No existe en Uruguay ley alguna sobre clasificación de documentos, y el secreto se impone sólo a través de una declaración o acto administrativo.
El responsable de rescatar los archivos del terror recuerda que los antecedentes de su tarea se remontan a 2003, cuando se logró recuperar casi 300 fotografías y un centenar de informes sobre actividades antidictatoriales a instancias del grupo Semana 83, de unos 400 miembros que eran estudiantes universitarios en 1983 cuando protagonizaron una de las protestas más importantes contra el régimen.
La ministra de Defensa, Azucena Berruti, también pudo demostrar "la existencia de documentos no existentes", como dice Destouet.
A pedido del opositor Partido Nacional, Berruti se presentó el 23 de este mes en el parlamento para informar de los archivos de la dictadura recién encontrados en la sede de su cartera y en instalaciones de inteligencia del ejército. Señaló que había una habitación llena de elementos, entre ellos material microfilmado que requerirá mucho tiempo para ser estudiado.
Pero no toda la investigación de archivos se restringe a la última dictadura. Destouet comentó a IPS que se propone rastrear la documentación existente desde décadas atrás, en la que se encuentran antecedentes del espionaje político, sindical y social, que luego fue instaurado de modo sistemático.
"Hemos encontrado ya decenas de actas de organizaciones sociales, de formaciones como el Congreso del Pueblo", que dio nacimiento en los años 60 de la central única de trabajadores, apuntó.
"Hay copias de volantes, seguimiento de activistas, es decir todo un mapa de la represión política e ideológica de décadas", afirmó. Se han encontrado fotos de muchos ciudadanos cuando aún llevaban cabello largo y abundantes barbas, concluyó con humor en alusión a la moda de los años 60 y 70.
