La ratificación del tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos centra la agenda política y social de Costa Rica. Algunas empresas ya han manifestado que si no se aprueba, emigrarán a otros países de América Central.
Pero Costa Rica, siempre a la zaga en materia de integración (entró tarde al Mercado Común Centroamericano en la década de los 60 y nunca ha formado parte del Parlamento Centroamericano) todavía no ha ratificado el tratado en su Asamblea Legislativa, un paso que ya dieron los demás países, para los cuales ya rige el DR-Cafta con excepción de República Dominicana.
El ex presidente costarricense Abel Pacheco (2002-2006) tardó más de un año en enviar el texto al parlamento por miedo a la reacción de los sindicatos.
El nuevo mandatario Óscar Arias —presidente entre 1986 y 1990 y premio Nobel de la Paz en 1987— está comprometido a sacar adelante el DR-Cafta, pero no le va a resultar sencillo.
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La vigencia del TLC es una fuente inagotable de polémica en Costa Rica. El 14 de agosto varias empresas amenazaron con su salida del país en caso de que el congreso no lo ratificara.
El tiempo se agota. San José tiene hasta el 1 de marzo de 2008 para su aprobación, y las empresas sienten que la soga comienza a apretarse alrededor del cuello.
La no vigencia del tratado supone una desventaja para competir en el entorno global, a juicio de la directora ejecutiva de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), Shirley Saborío.
"Comprometemos el desarrollo del país, pues en el mediano plazo, el DR-Cafta no tiene alternativa. Con él, consolidamos los beneficios comerciales con el principal mercado de Costa Rica. Este escenario de hoy día es el peor pensado, todos los demás países con Cafta y nosotros no. La presión para que los beneficios unilaterales se acaben para un país que negoció el Cafta y no lo ratificó será enorme", dijo a IPS la dirigente de la Uccaep, que engloba a los industriales más importantes del país.
Una de las empresas que amenazaron con trasladar sus operaciones a otro país es Sardimar, con casi 1.000 trabajadores y dedicada a la producción a gran escala de atún.
De hecho, está considerada la atunera más grande de América Central y el Caribe y exporta a 28 países, entre los que se encuentran Canadá (país con el que ya está en vigor un TLC) y Estados Unidos.
El presidente de Sardimar, Tomás Gilmore, dijo a IPS que "hemos decidido trasladar nuestras operaciones a otro país de la región si Costa Rica no logra aprobar el Cafta en su totalidad para marzo de 2008. Nos estamos inclinando por El Salvador", agregó.
De momento y en virtud de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC) de Estados Unidos, vigente desde 1984, los productos agroalimentarios ingresan sin aranceles al mercado estadounidense. Pero la vigencia de la ICC es incierta, una parte de ella expirará en 2008, y sin el DR-Cafta, los bienes del sector exportados a Estados Unidos pasarán a pagar aranceles de 35 por ciento.
Gilmore consideró que "Costa Rica sí logrará aprobar el Cafta y las leyes correspondientes. En el caso de que por alguna razón no lo haga, creemos que para finales del año 2007 estará claro si será factible o no".
La apertura a la competencia de los sectores de seguros y telecomunicaciones, hoy monopolios controlados por el Estado, prevista en el DR-Cafta ha sido la que más ampollas levantó, pues son considerados por los sindicatos y buena parte de los ciudadanos como las "joyas de la corona".
El gerente general de la compañía Atlas Eléctrica, Diego Artiñano, subrayó que "no corren peligro los puestos de trabajo de Atlas en Costa Rica. Ahora bien, estamos planteando una ampliación significativa, duplicando la capacidad actual, y será necesariamente en un entorno seguro de cara a futuro", advirtió.
Atlas es de capital costarricense, tiene 1.200 empleados y exporta a casi todo el continente americano.
Artiñano conserva el optimismo sobre la ratificación del TLC, pero señala que "lo lamentable es que el problema no tiene que ver con la economía, sino con la política interna. El país está confundiendo prioridades".
Otras empresas ya han comenzado a hacer movimientos, como la agroalimentaria Melones de Costa Rica, propietaria de 4.000 hectáreas en San Francisco Libre del León, Nicaragua. La firma ha advertido que para no perder mercados se trasladaría al país vecino, desde donde no tendría que pagar aranceles de 29,9 por ciento para ingresar sus productos al mercado estadounidense. Si esta movida se materializara, se perderían 5.000 puestos de trabajo.
Pero el dirigente Albino Vargas, secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ve de otro modo los anuncios de mudanza de firmas costarricenses.
"Están aprovechando la coyuntura para abaratar costes. Con este TLC no sólo no se crean empleos, sino que hemos demostrado en distintos estudios que están en riesgo hasta 200.000 puestos de trabajo en servicios, agricultura e industria".
"No somos chauvinistas, pero el desarrollo de Costa Rica es muy distinto al de los países del entorno", dijo. Un ejemplo es el salario mínimo, que está en torno a los 250 dólares en este país, muy por encima del de sus vecinos.
"Creemos que hay desesperación en los círculos empresariales por el TLC. Ya va para tres años que está sin ratificar. Estamos convencidos que no es cierto que la ICC se venza en 2008, no tiene fecha de vencimiento y no creemos que Estados Unidos castiguen a Costa Rica porque no sea ratificado el TLC", añadió.
Los sindicatos no se oponen a ampliar el comercio con Estados Unidos. "Eso es una manipulación grosera", dijo Vargas. Pero lo que pretenden es "otro tipo de tratado, y ojalá sea bilateral", tomando en cuenta las ventajas comparativas de Costa Rica respecto de sus vecinos.
Esta no es una opinión solitaria en el país. Según una encuesta elaborada por la consultora CID-Gallup para el diario La República, el apoyo al Tratado de Libre Comercio ha bajado de 61 por ciento en octubre de 2005 a 41 por ciento en la actualidad.
Esto se debe a que "de los países involucrados, Costa Rica es donde más se ha estudiado (el DR-Cafta). Prestigiosos juristas sostienen que es un derogatorio solapado de nuestra Constitución", sostuvo Vargas.
Los sectores universitarios también se muestran contrarios al tratado, así como la principal fuerza de oposición, el Partido de Acción Ciudadana liderado por Otón Solís, que ha solicitado una renegociación del acuerdo con Washington, a lo que se niega el gobierno.
Los próximos meses serán calientes. Los sindicatos han amenazado con echarse a las calles y apelar a toda su capacidad de persuasión ante los empleados estatales, los más afectados por una eventual aprobación del DR-Cafta.
