La penalización de menores infractores en Colombia, la transparencia de las adopciones y los montos del presupuesto nacional de 2007 que garanticen la ejecución de la propuesta ley de infancia y adolescencia son algunos de los puntos de discordia en el Senado, tras cinco sesiones plenarias para aprobar el proyecto.
Ante la imposibilidad de arribar a un acuerdo se propuso el miércoles nombrar una subcomisión destinada a presentar soluciones para los temas en discordia. Hasta el momento se han presentado 52 proposiciones sustitutivas para los 215 artículos del texto, según informó el coordinador de los ponentes del proyecto, senador Héctor Helí Rojas.
El proyecto en discusión es el intento número 12 de la última década para modificar el Código del Menor vigente desde 1989, dos años antes de que fuera promulgada la Constitución Política y de que fuera ratificada la Convención sobre los Derechos del Niño, en 1991.
"El Código del Menor fue una herramienta útil en su momento, y de hecho buena parte de su articulado se mantiene", afirmó en el debate el senador Rojas. "Pero no podemos seguir siendo el único país de América Latina que no ha actualizado su legislación y la ha puesto acorde con las convenciones internacionales".
El argumento fue rebatido por el asesor del izquierdista y opositor Polo Democrático Alternativo (PDA), Juan Pablo Fernández, para quien al ser ratificada la Convención de los Derechos del Niño ésta adquirió carácter de ley. Además, los artículos 44 y 45 de la Constitución están referidos al reconocimiento del interés superior del niño y la protección a los adolescentes, pero no se cumplen.
El proyecto de ley en estudio fue presentado al parlamento por senadores fieles al presidente Ávaro Uribe, entre ellos Germán Vargas Lleras, Gina Parody y el próximo ministro de gobierno, Carlos Holguín Sardi.
Cuenta con apoyo de la Alianza por la Niñez Colombiana, que integran 60 entidades, entre ellas Unicef, Save the Children, la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana y el Observatorio de Infancia de la Universidad Nacional.
También se expresaron a favor el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Policía de Menores y la Asociación de Defensores de Familia del gubernamental Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
El anteproyecto fue elaborado durante dos años antes de ser presentado al parlamento bicameral (Cámara de Representantes y Senado), cuyas comisiones analizan temas específicos antes de ser debatidos en forma plenaria.
El proyecto fue aprobado en sólo dos sesiones en la Cámara de Representantes y en la Comisión Primera del Senado, a la que compete el análisis de las reformas constitucionales y el contenido de las leyes estatutarias.
Pero cinco debates en el pleno del Senado no han sido suficientes para llegar a un acuerdo. Los representantes del PDA, miembros del sindicato del ICBF y representantes de los religiosos Capuchinos Terciarios, reconocidos por su trabajo social con jóvenes infractores, han argumentado en contra de algunos puntos del proyecto.
"Se está engañando a la comunidad internacional con argumentos que en la práctica no se aplicarán. Ni siquiera se están teniendo en cuenta las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante la sesión realizada el 2 de junio de 2006, hace sólo un poco más de dos meses ", dijo a IPS el senador Gustavo Petro, del PDA.
Entre esas recomendaciones mencionadas por Petro está la enunciada con "energía" por la ONU al Estado colombiano sobre la urgencia de aumentar las asignaciones presupuestales para el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los menores de edad.
"Incorporar el interés superior del niño en el sistema penal es un punto que el proyecto de ley que estamos estudiando no reconoce por ninguna parte. Por el contrario, retrocede en el pago de la deuda moral que el Estado tiene con más de 16 millones de colombianos menores", afirmó Petro.
"No pensamos que los delitos cometidos por los jóvenes no deben ser reconocidos y sancionados", afirmó a IPS el asesor Fernández.
"Lo que no queremos es que el Estado deje de asumir la responsabilidad, y mediante sanciones y represión castigue a los menores mientras los adultos, quienes motivan y pagan por cometer los delitos, se beneficien de rebajas de pena y garantías existentes", agregó Petro.
Por su parte, el sacerdote Alberto Gómez, de los Capuchinos Terciarios, afirmó que los muchachos infractores necesitan de hogares especiales para su resocialización fuera de la calle porque "pueden terminar siendo víctimas de las llamadas limpiezas sociales, o (sumados a) los grupos armados ilegales. Asimismo, la nueva ley deja por fuera a los niños drogadictos", agregó.
El proyecto propone establecer en los 16 años la edad mínima para la imputabilidad penal. Sus defensores afirman que a los 12 años los adolescentes empiezan a manifestar madurez y criterio sobre sus acciones. A los 14, ya tienen elementos para ser conscientes de sus actos, y más aún al borde de los 18.
"Por lo tanto es necesario que sufran privación de la libertad en caso de homicidio, extorsión, secuestro o narcotráfico", arguyó Rojas.
Pero esa detención debe ser "en condiciones que les permita retornar a la sociedad en las mejores condiciones, sin aumentar su vulnerabilidad y riesgo. Por eso es tan importante que el ministro de Hacienda dé a conocer el monto de los recursos que destinará el Estado colombiano, refiriendo con exactitud de dónde saldrán", enfatizó Gustavo Petro.
Las dudas sobre el mayor riesgo de vulnerabilidad para los menores infractores radica en que el proyecto de ley aduce que éstos serían atendidos por instituciones dependientes de las alcaldías y gobernaciones regionales.
"Sin presupuesto suficiente, éstas no tendrán cómo atenderlos, por lo que serían devueltos a sus casas y correrán los riesgos ya mencionados por el padre Gómez", continuó Petro. "O serían llevados a instituciones de adultos delincuentes en donde se convierten en profesionales del delito".
La propuesta alternativa es que los jóvenes infractores sean recluidos con asistencia social, psicológica o psiquiátrica suficiente para solucionar adicciones o trastornos que en parte tienen sus raíces en la situación del conflicto colombiano de casi medio siglo y los problemas económicos que afectan a casi 40 por ciento de la población total.
"No necesitamos más leyes. Necesitamos que las que existen se cumplan a cabalidad. Que se destinen suficientes recursos para la atención a niños y jóvenes y se cumplan los mandatos de la Constitución y los convenios internacionales ratificados", dijo a IPS Susana Cifuentes, secretaria general del Sindicato del ICBF.
Colombia cuenta con leyes nacionales que contemplan la protección de la infancia, la niñez y la adolescencia desde 1968, cuando fue creado el ICBF con el objeto primordial de atender a esta población, sus familias y las madres en situación de vulnerabilidad.
Posteriormente, se dictaron o ratificaron normas nacionales e internacionales, como la ley siete de 1979 sobre protección de la niñez, la ya mencionada Convención de los Derechos del Niño, el Convenio sobre aspectos civiles del secuestro internacional de los niños, en 1994, la Convención internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en 1995, la ley 294 de 1996 para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar, la 311, del mismo año, que creó el registro de protección familiar, y varias más sobre asuntos vinculados, entre 1998 y 2001.
El Código del Menor vigente ha sido ejecutado sólo en 30 por ciento, y de los 1.080 municipios del país, solo 270 cuentan con centros de atención para menores vulnerables, afirman los críticos al proyecto.
"Necesitamos soluciones que disminuyan a cero cifras como la de nueve millones de menores sin acceso a la salud, tres millones fuera del servicio educativo, dos millones y medio de niños trabajando a cambio de un salario, entre ellos niñas empleadas en el servicio doméstico de las familias de clases media y alta y en la prostitución, dos y medio millones de niños desnutridos, para mencionar algunas" que dicen bastante, afirmó el senador Petro.
Este panorama confirma que el proyecto no puede ser viable sin que se destinen los recursos suficientes para la atención de los menores, se definan alternativas sociales que mejoren las condiciones generales de la población, y se reglamente con precisión la situación de los niños dados en adopción, alegó.
"Este punto es en extremo grave. La legislación tiene que ser sumamente rigurosa, porque se ha confirmado que las casas privadas de adopción reciben dineros, bajo la figura de donaciones, que podrían estar disfrazando un gravísimo comercio de niños", enfatizó.
"Los niños y jóvenes colombianos son de especial importancia. Por lo tanto no tenemos ningún afán de que se apruebe el proyecto hasta tanto no se revisen y se dé respuesta a nuestras solicitudes", concluyó el senador.
El debate continuará el martes 21 de agosto, en una nueva sesión plenaria del Senado.
