Apenas iniciado el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe en Colombia, se evidenció el estrecho monitoreo estadounidense sobre la negociación para desmovilizar a las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, 14 de cuyos jefes fueron puestos sorpresivamente tras las rejas el miércoles.
Estados Unidos tiene pedidos en extradición, por narcotráfico, a nueve de ellos. Los paramilitares exigen garantía legal permanente de que no serán extraditados para ser juzgados en tribunales estadounidenses, muy temidos por ellos.
Contrariando la voluntad de Washington, Uribe ha dejado en suspenso las extradiciones a cambio de que los requeridos se mantengan alejados de actividades delictivas y desmovilicen a sus milicias, responsables, según la Organización de las Naciones Unidas, de 80 por ciento de los crímenes de la guerra colombiana, en la que actúan desde 1964 guerrillas izquierdistas.
La fórmula no parece aplicarse. A partir del cese al fuego paramilitar, decretado en diciembre de 2002 en cumplimiento de la condición puesta por Uribe para iniciar los diálogos, las AUC han cometido más de tres mil asesinatos, según organismos humanitarios. Además, parte de los ya desmovilizados siguen recurriendo a la violencia.
El lunes, antes de su conversación con la directora de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), Karen Tandy, llegada ese día a este país, Uribe advirtió sorpresivamente en un comunicado que extraditaría a los jefes de las AUC si no se acogían de inmediato a la Ley de Justicia y Paz, que prevé beneficios jurídicos para unos 2.965 paramilitares incursos en crímenes de lesa humanidad.
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Con base en dos normas anteriores, cerca de otros 28.000 desmovilizados colectivamente, según cifras oficiales, "ya tienen autos inhibitorios, resoluciones de preclusión de investigación, de cesación de procedimiento e indultos", no tuvieron que confesar nada y están en libertad, según Alirio Uribe, director del humanitario Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Tandy viajó de lunes a martes a rendir homenaje a los 10 miembros del grupo de elite de la policía antinarcóticos colombiana, asesinados en mayo en el poblado sudoccidental de Jamundí por unidades del ejército que aparentemente protegían a narcotraficantes.
El miércoles, la policía se apresuró a aclarar que los jefes de las AUC no fueron detenidos, sino "conducidos", además "amablemente", aunque la radio informó de allanamientos y redadas con la presencia de fiscales que se mantuvieron en hermetismo, y fue evidente que algunos "conducidos" fueron sorprendidos.
Aparentemente, el espectacular operativo fue acordado con el gobierno por una parte de la cúpula de las AUC. Los paramilitares exigieron que no se hablara de "captura" ni de "cárcel". Luego se entregaron más jefes de las AUC, aunque este viernes se mantenía la expectativa sobre poderosos capos que seguían libres, y el gobierno no informó de un plazo perentorio para hacer cumplir la directiva de Uribe.
"Vengo a entregarme en cumplimiento de una orden presidencial, orden que respeto y acojo. Desde acá continuaremos el proceso de paz", dijo sonriente el ex vocero de las AUC, Salvatore Mancuso, uno de los extraditables por narcotráfico y acusado de horrendas matanzas, al ingresar a las instalaciones de la policía judicial en Montería, capital del noroccidental departamento de Córdoba.
A su vez, el portavoz de las AUC "Ernesto Báez" reveló que en la víspera se había sostenido una larga reunión con la cúpula policial. "Este proceso continúa con el respaldo total del gobierno y obviamente con la aceptación de las Autodefensas", subrayó el ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt.
El contenido de las negociaciones de tres años con esas fuerzas paramilitares, creadas en 1982 y que actúan en apoyo del ejército permanece secreto, pero ha sido supervisado paso a paso por la embajada estadounidense, según supo IPS de una alta fuente gubernamental.
Tampoco se conoce públicamente a todos los integrantes de la cúpula de las AUC. Según medios de prensa, varios de ellos son narcotraficantes que se anexaron a las negociaciones y adquirieron la "franquicia" de las Autodefensas para presentarse ellos y sus sicarios como combatientes de frentes paramilitares, creados ex profeso para librarse de la extradición.
La polémica Ley de Justicia y Paz, aprobada hace 13 meses pero que aún no se aplica, es criticada porque se la considera hecha a la medida de las cabezas visibles del paramilitarismo.
Tras un fallo de la Corte Constitucional en mayo, que endureció el alcance de esa norma, los jefes de las AUC apuntaron que se había puesto fin a su "seguridad jurídica" y que no se acogerían a la misma.
El fallo de la Corte exige confesión plena de todos los crímenes como condición para aplicar las penas de cárcel previstas por la ley, de máximo ocho años para los crímenes más graves. También impone la reparación de las víctimas con los bienes lícitos e ilícitos de los perpetradores, muchos de ellos entre los hombres más ricos de Colombia.
Por eso, según los críticos, el contenido del decreto reglamentario de la Ley de Justicia y Paz, aún no promulgado pero revelado parcialmente por la prensa, busca blindar a los jefes de las AUC de la pérdida de beneficios a raíz del fallo de la Corte.
Dos días antes de la segunda asunción de Uribe a la Presidencia el 7 de agosto, la embajada estadounidense informó al gobierno sus reparos a ese decreto al que calificó de "indulto jurídico", según filtró a la revista Cambio.
El jueves se reveló en el programa Hora 20 de Caracol Radio que el viernes 11, el ministro Pretelt y la viceministra de Justicia Ximena Peñafort consultaron con los jefes de las AUC el decreto, cuyo contenido venía siendo negociado con ellos desde hacía cinco meses.
El lunes, Uribe conminó a las cabezas visibles del paramilitarismo a trasladarse a lugares "sobrios y austeros" controlados por la autoridad carcelaria, para darle "credibilidad nacional e internacional" a la desmovilización.
La prensa colombiana ha aludido a la "dolce vita" de algunos jefes paramilitares, quienes se transportan en vuelos privados o lujosos automóviles con decenas de escoltas, concurren a exclusivos centros comerciales, clubes sociales y restaurantes, y a actos públicos donde se codean con altos funcionarios y líderes políticos.
Washington ha destinado a este país andino 4.700 millones de dólares desde 2000, principalmente en ayuda militar mediante el Plan Colombia, en un intento fallido de disminuir la oferta de cocaína al mercado estadounidense y minar el poderío de la guerrilla.
Estados Unidos apoya además la desmovilización paramilitar con 15,5 millones de dólares, incluida una partida para la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos, que está en vísperas de presentar en Washington su séptimo informe trimestral sobre el proceso.
El laxo marco legal de la Ley de Justicia y Paz ha recibido serias críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Mientras los portavoces de las AUC y el gobierno afirman que la verdad sobre los crímenes no conducirá a la paz en Colombia, el jurista Alirio Uribe advierte que para garantizar la seguridad jurídica que tanto preocupa a los paramilitares, los negociadores deberían observar lo que ocurre en el mundo.
La experiencia en otros países muestra que las normas jurídicas que promueven la impunidad tienden a ser revocadas, y muchos miembros de las AUC pueden terminar extraditados e investigados por tribunales internacionales en jurisdicciones universales.
El avezado y amenazado defensor de derechos humanos piensa, sin embargo, que la comunidad internacional, las víctimas y la sociedad podrían llegar a tolerar penas proporcionalmente menores a la magnitud de los crímenes.
Pero para ello no bastará con la verdad.
Alirio Uribe cree que será necesaria la desaparición del paramilitarismo, y que se lo estigmatice como mecanismo de represión promovido desde el Estado, y usado en Colombia desde mediados de los años 40 para asesinar a líderes sociales, sindicalistas y opositores, y para despojar de sus tierras a campesinos, en beneficio de intereses económicos y mafiosos.
