«No pedimos nada más de lo que está en la ley… que la ley sea cumplida en su totalidad». La insistencia, en apariencia razonable, es parte del manifiesto de un grupo delictivo de Brasil que decidió adoptar el secuestro político para reclamar mejores condiciones en las cárceles donde están sus jefes.
El manifiesto del Primer Comando de la Capital (PCC), principal grupo organizado del crimen en el sureño estado de Sao Paulo, se divulgó en la primera hora del domingo en canje por la vida de un periodista tomado como rehén.
Guilherme Portanova, reportero de la red de televisión Globo, fue secuestrado por tres hombres armados el sábado en la mañana en Sao Paulo junto con el camarógrafo Alexandre Calado. Cerca de la hora 23.00, el grupo liberó a Calado con un vídeo, cuya exhibición por la TV Globo era exigida como condición para liberar al periodista.
Una hora y media después, la emisora difundió el vídeo de tres minutos, informando que lo hacía porque "no había alternativas" ante el riesgo de muerte de su empleado y después de consultar a expertos de instituciones internacionales especializadas en estas situaciones de alto riesgo, sobre todo ante acciones terroristas.
Portanova fue liberado en la madrugada de este lunes.
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El vídeo muestra a un hombre encapuchado leyendo el "comunicado a la sociedad y a los gobernantes" en el que el PCC reclama la abolición del Régimen Disciplinario Diferenciado, aplicado en presidios paulistas, al que califica de "inconstitucional" y violatorio de las leyes que regulan la aplicación de penas judiciales.
El régimen contradice la Constitución porque "contraviene la primacía de la resocialización del sentenciado" y reduce la prisión a un "castigo cruel", arguye la organización criminal.
El PCC está sorprendiendo a la población y a las autoridades de seguridad paulistas por la violencia que aplica en sus acciones y por sus cambios de tácticas. Desde mayo, protagonizó una ofensiva que provocó la muerte de más 40 policías, agentes penitenciarios y civiles, incendios de decenas de autobuses, disparos y bombas en bancos, supermercados y otros establecimientos comerciales.
A fines junio y comienzo de julio, dirigió sus atentados principalmente contra los agentes penitenciarios, asesinando a siete de ellos. Volvió a los atentados a autobuses, bancos y comercios la semana pasada, culminando con el secuestro de los periodistas para informar la población a través de la red televisiva de mayor audiencia del país.
Su manifiesto aclara que la "lucha es contra los gobernantes y los policías", no contra la población, y advierte a las autoridades que no molesten a las familias de los presos para no sufrir represalias en la misma moneda. "La lucha es entre nosotros y ustedes", concluye.
Surgieron en la prensa las comparaciones con grupos guerrilleros latinoamericanos que actuaron entre las décadas de 1960 y 1980, las Brigadas Rojas de los años 70 en Italia o con el terrorismo actual de la red radical islámica Al Qaeda, pese a las naturalezas distintas de los fenómenos comparados.
El PCC es un grupo delictivo de objetivos limitados: recuperar el poder relativo del que disponía en el sistema penitenciario de Sao Paulo, y que le permitía obtener ventajas de la administración, como la introducción de drogas, teléfonos celulares y otros bienes en las cárceles y la capacidad de trabar traslados indeseables de presos a otras unidades carcelarias.
Con sus ataques de los tres últimos meses, el PCC busca "retomar el equilibrio, el pacto" que había entre los presos y las direcciones de los presidios que negociaban concesiones para mantener funcionando las cárceles, dijo a IPS el jurista Oscar Vilhena, director de la organización no gubernamental Conectas Derechos Humanos.
El Régimen Disciplinario Diferenciado (RDD), creado en 2003, puede ser considerado un obstáculo para la reintegración social de los presos, como destaca el manifiesto del PCC, ya que permite colocar a los reclusos en aislamiento total durante 360 días, pero es un instrumento "necesario" en países que no tienen pena de muerte, según Vilhena.
Es indispensable contener y castigar a presos que asesinan a sus carceleros, por ejemplo, arguyó.
"Ningún derecho es absoluto", incluso los derechos a la vida y a la propiedad pueden verse condicionados por otras cuestiones, y en el caso de presos que cometen "faltas graves" se trata del interés de toda la sociedad, especialmente en este caso en que se crean riesgos colectivos, alegó.
El aislamiento de hasta un año no viola la Constitución en la disposición que determina la "individualización de las penas", pero sí pueden ser inconstitucionales algunas propuestas de endurecimiento, como la de ampliar el aislamiento a dos o tres años y la de facultar a los administradores de las penitenciarías para decidir sobre la aplicación del RDD, explicó Vilhena.
Es necesario que tal instrumento de castigo radical sea potestad de un juez, un "control externo" que decidirá escuchando a las dos partes, incluyendo a los abogados de los presos, concluyó.
El manifiesto del PCC, sin embargo, revela a la sociedad un aspecto poco conocido del crimen organizado en las prisiones paulistas. "Ellos conocen las leyes penales mejor que muchos abogados", señaló a IPS un agente penitenciario que prefirió el anonimato.
Pero sus actos de violencia, que ahora incorporan el secuestro para forzar la divulgación de sus comunicados, mantienen aterrorizada a la población de Sao Paulo y de varias ciudades del interior paulista desde mayo.
El momento político, de cercanía de las elecciones presidenciales, parlamentarias y estaduales de octubre, no es ajeno a esas oleadas de atentados, opinó Vilhena.
