El gobierno de Argentina presentó este lunes un proyecto integral para sanear la cuenca del río Matanza-Riachuelo, sinónimo de contaminación. Se propone crear un organismo con poder de policía para controlar un recurso que se extiende a través de diversas jurisdicciones.
En señal de esa voluntad de trabajar en forma mancomunada, el presidente Néstor Kirchner encabezó el acto de presentación de la iniciativa legal junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Telerman, e intendentes del área de la cuenca.
"Soñar con un Riachuelo limpio es posible porque hay una decisión política clara del presidente", declaró la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, ex presidenta de la organización no gubernamental Centro de Derechos Humanos y Ambiente, y designada en su cargo hace poco más de un mes.
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, remarcó que el objetivo del plan es "poner fin a un espantoso paradigma de la decadencia argentina" como es la contaminación de esa cuenca, que se arrastra desde hace más de un siglo según denuncias judiciales de principios del siglo XX.
El proyecto enviado al Congreso legislativo declara la "emergencia ambiental" del río de aguas fétidas y para ello propone crear una Autoridad de Cuenca con representantes de las tres principales jurisdicciones involucradas. El organismo investirá a la Secretaría de Ambiente con poder de policía para multar a firmas que contaminen.
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La propuesta prevé la limpieza de los ríos, pero también mayor control sobre las industrias, créditos para la reconversión industrial, inversiones en la extensión de la red de cloacas y agua potable, instalación de plantas depuradoras y atención de la población más vulnerable de las riberas, incluyendo su traslado.
La cuenca Matanza-Riachuelo tiene apenas 64 kilómetros de longitud desde su nacimiento en el oeste de Buenos Aires, hasta su desembocadura, en el Río de la Plata. Su curso marca el límite sur entre la capital argentina y la provincia de Buenos Aires y recorre 14 municipios de este último distrito.
Se trata de un área de 2.240 kilómetros cuadrados donde viven 3,5 millones de personas. En esa superficie hay unas 3.500 industrias, muchas de ellas contaminantes, 13 asentamientos precarios, y múltiples conexiones de cloacas clandestinas que aguas servidas vierten al río, además de 42 basurales a cielo abierto.
Según datos oficiales, en esta zona central del país 35 por ciento de los residentes no tienen acceso al agua potable y 55 por ciento carecen de cloacas. De acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación, la causa principal de la polución es la que se genera por vertidos orgánicos sin depurar.
Pero también hay múltiples empresas de hidrocarburos, curtiembres, químicas, metalúrgicas y frigoríficas. Muchas de esas industrias vierten sus efluentes al río, y la falta de una acción coordinada de los gobiernos implicados impide hasta ahora la acción de control.
La Auditoría General de la Nación concluyó en abril que la cuenca es "una verdadera cloaca" donde "el daño a la vida acuática es total". Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió dos informes en los últimos seis años en los que advertía sobre los graves riesgos sanitarios para las poblaciones sobre sus riberas.
Pero el acicate final para una respuesta política concreta fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal intimó en junio a las autoridades de las tres jurisdicciones a presentar un plan de saneamiento en 30 días y exhortó a 44 empresas a informar sobre sus vertidos y sus estudios de impacto ambiental.
La resolución, emitida en el marco de una demanda por contaminación presentada por un grupo de vecinos del Riachuelo, instó a todas las partes a presentarse a una inédita audiencia pública para dar una solución a la contaminación de la cuenca. La reunión se realizará el 5 de septiembre, y podría prolongarse por varios días.
A raíz de esa demanda, la recién nombrada secretaria Picolotti se abocó a la tarea de coordinar los proyectos de los diversos distritos y presentó la semana pasada la propuesta ante el máximo tribunal. Ahora ese proyecto adoptó la forma de una iniciativa de ley que deberá ser tratada en el Congreso. En la presentación del proyecto, el gobernador Solá destacó la importancia de la creación de la Autoridad de Cuenca así como de dotarla de verdaderas facultades. También remarcó que hará falta "una enorme voluntad política" para llegar al objetivo final de saneamiento con el acuerdo de todas las partes.
Pero para Solá el mayor desafío será atender las necesidades de las poblaciones que viven en asentamientos precarios en la cuenca baja, la más afectada por la contaminación. "Ellos contaminan, por la falta de cloacas, pero a la vez son las principales víctimas de la contaminación", admitió.
La secretaria Picolotti anticipó que "la gente será el objetivo principal de este plan".
Vecinos y ambientalistas se manifestaron satisfechos con la idea. Alfredo Alberti, de la Asociación de Vecinos de La Boca, el barrio de Buenos Aires que está a orillas del Riachuelo, explicó a IPS que la clave de la propuesta está en la creación del comité de cuenca, con poder de control de la contaminación.
Con matices, organizaciones ambientalistas que trabajan en torno a la cuenca recibieron con expectativa la propuesta oficial. No obstante, algunas fuentes fueron cautas. Esperan que la iniciativa sea aprobada por el Congreso para verificar luego si las jurisdicciones involucradas ceden facultades de control a la nueva autoridad.
"La propuesta es bastante coincidente con lo que nosotros veníamos planteando", dijo a IPS Pedro Del Piero, presidente de la Fundación Metropolitana. "Es muy auspicioso que este tema haya ingresado a la agenda política, y eso lo queremos rescatar muy fuertemente", añadió.
Pero manifestó su temor por el alto protagonismo del gobierno nacional en la solución de un problema interjurisdiccional y porque las acciones se frustren por falta de participación de los actores municipales, los más afectados por la contaminación y por las propuestas de saneamiento.
Del mismo modo, Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, consideró que la creación de una autoridad común para el Riachuelo "es un buen paso" para el saneamiento de la cuenca, "siempre y cuando estén incluidas todas las autoridades de la región afectada".
"El recurso natural es de todos, y si no están todos bien representados no habrá posibilidades de hacer un control efectivo", alertó.
Nápoli también sostuvo que "habrá que evaluar profundamente" el plan presentado por el gobierno. Las organizaciones ambientalistas querrían que se incorpore "un estudio de línea de base" para medir el grado actual de la contaminación y el eventual progreso de un programa de saneamiento, subrayó.
